El MAS de Bolivia frente a los linchamientos

MAS-IPSP

El asesinato del alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, fue una acción comunal o un crimen premeditado y organizado por los políticos de siempre que persiguen el poder municipal -que implica mucho dinero- en la localidad..

Los analistas discuten en la prensa si el asesinato es una forma de justicia comunitaria o no, pero lo real es que todo el pueblo se atribuye el hecho y de esta manera, protege a quienes ejecutaron a Altamirano y dictan, así, su justicia.

La pelea comenzó el año 2001, desde entonces, los cinco concejales de Ayo Ayo: Benjamín Altamirano (NFR), Plácida Quispe (NFR), Ciro Loza (MNR), Saturnino Apaza (Condepa) y Herasmo Silva (MIR), se unieron, se pelearon, firmaron pactos, no los respetaron, posesionaron alcaldes, los derrocaron, e hicieron una serie de maniobras por el control de los fondos de las cuentas bancarias de la Alcaldía de Ayo Ayo.

Benjamín Altamirano, después del caos en su municipio, fue reconocido como el legítimo alcalde por la Contraloría General de la República, para luego hacer desaparecer 1.086.000 bolivianos de las cuentas del municipio.

Finalmente, sus colegas concejales lograron que se le impute por apropiarse de dinero a su cargo (peculado), exacción de dinero (concusión) y falsedad. Sin embargo, pese al desfalco de la Alcaldía, en marzo de 2003, el Tribunal Constitucional también lo reconoce como alcalde legalmente elegido y, para rematar, en marzo de 2004, la justicia ordinaria anula todo el proceso que se llevaba contra él.

Lo extraño de la ley de municipalidades es que permite que el alcalde radique y opere desde otro municipio. Esto permitió a Altamirano ejercer su gestión desde la ciudad de La Paz. Con seguridad, porque tenía que protegerse, una vez ya lo había secuestrado la comunidad, el año 2002.

Los pobladores de Ayo Ayo trataron por todas las vías legales de controlar a su alcalde, pero no tuvieron éxito. En definitiva, el 14 de junio Altamirano apareció golpeado y quemado en la plaza Túpac Katari.

La causa real de este siniestro acontecimiento es la corrupción, no sólo de alcaldes y concejales, sino de todo un aparato en el que participan abogados, parlamentarios, funcionarios del ministerio de Hacienda, del Tesoro General de la Nación y de todas las dependencias estatales que tengan que ver con las cuentas de los municipios. Por otro lado, la legislación munícipe tiene tantos vacíos que plantea una serie de trabas burocráticas que crean una sensación de inseguridad en la mayor parte de los municipios en el país.

Frente a las denuncias existentes, no hay acciones directas que frenen los actos de corrupción, como el congelamiento real de fondos.

El hecho requiere ahora que este asesinato se esclarezca, y en caso de que sea una red partidaria la que habría ejecutado a Altamirano, los responsables deben ser castigados.

Además de la necesidad de establecer normas claras en este aspecto, es necesario también que el gobierno llene ese vacío de autoridad que existe ahora y desarrollar su presencia en estos lugares "sin ley", cosa que no supone una acción represiva.

En caso de no tomar acciones concretas, más de cien municipios estarían corriendo esta misma suerte: tomar la justicia en sus propias manos.