Aún conmocionada por el ajusticiamiento del alcalde de Ayo Ayo, Bolivia volvió a constatar hoy que dos clases de justicia se aplican en su territorio: una, la oficial, casi siempre favorable a los ricos y poderosos, y otra impuesta desde abajo por los más pobres.

Tres sucesos distintos mostraron esta realidad. En La Paz, el ex ministro de Gobierno del régimen del genocida Gonzalo Sánchez de Lozada, Yerko Kukoc, co-responsable de la matanza de más de 80 bolivianos durante el levantamiento popular de octubre del 2003 y autor confeso del robo y malversación de más de un cuarto de millón de dólares, se libró este jueves de ir a la cárcel al acogerse a los beneficios del perdón judicial que establece la legislación boliviana. Estupor e ira en las organizaciones sociales y populares que constataron que se aplica estrictamente lo que manda la ley, pero se viola los más elementales conceptos de la justicia.

El segundo suceso, registrado hoy en el extremo norte del país, en la localidad de Magdalena en el Beni, varios miles de ciudadanos, hombres, mujeres y niños en edad escolar tomaron por asalto la cárcel pública, redujeron a los guardias y flagelaron en la plaza pública durante 20 minutos a un hombre acusado de violar a una niña de 10 años y a una mujer de 30. La Policía, apoyada por el Ejército, reestableció el orden, gasificando a la población civil y golpeando a mujeres y niños que reclamaban que se haga justicia. Tras los enfrentamientos, el fiscal Juan Pedro Ortuño se comprometió a realizar de inmediato un juicio oral en Magdalena y emitir la sanción que corresponda.

El tercer suceso se registró también hoy en la población altiplánica de Ayo Ayo, donde un cabildo abierto de vecinos, comunarios y campesinos justificó el ajusticiamiento del ex alcalde Benjamín Altamirano Calle, que había sido secuestrado, asesinado y quemado la madrugada de este martes bajo la acusación de haber desfalcado los recursos del municipio, uno de los más pobres de la región. "Se ha hecho justicia", dijeron al explicar que el ex alcalde utilizaba a fiscales y juzgados de la ciudad de El Alto y a policías para perseguir a sus opositores y detractores.

El cabildo amenazó con bloquear los caminos del Altiplano y hacer volar las torres de alta tensión ubicadas en la zona, si los poderes del Estado (gobierno y justicia ordinaria) no descongelaban las cuentas del municipio o tomaban prisioneros a los pobladores que actuaron en el linchamiento. La población de Ayo Ayo exige, también, que la familia del ex alcalde devuelva los dineros que habrían sido retirados de la Alcaldía y que se libere al concejal Saturnino Apaza, acusado por las autoridades de participar en la aplicación de la justicia comunitaria.

Estos tres sucesos muestran de cuerpo entero lo que se entiende en Bolivia por justicia. En las próximas horas el ex ministro de Sánchez de Lozada será sometido a un proceso abreviado de justicia y sería formalmente condenado a dos años de cárcel, pena leve y que sería suspendida de inmediato, tras la devolución de los dineros hurtados al erario nacional. Según adelantaron las propias autoridades judiciales, el ex ministro Kukoc no llegará a la cárcel por haber robado, según su propia confesión, un monto que es casi veinte veces más de lo habría desfalcado el ex alcalde de Ayo Ayo.

"Kukoc es un ladrón más que debería ir a la cárcel", "Los políticos se están protegiendo", "Todas estas personas debían estar en la cárcel", "Tiene que haber un castigo severo", "Kukoc es un asesino y un ladrón, pero igual lo dejan libre", "Es una injusticia", "Debía ir a Chonchocoro (cárcel de máxima seguridad)", dijeron, a través de las radioemisoras locales, indignados ciudadanos al conocer sobre la situación de Kukoc.

El comentarista de televisión, Víctor Hugo Rosales, reseñó esta paradoja: "No puede ser que un alcalde en el municipio de Ayo Ayo sea sentenciado a muerte por su comunidad por algunos miles de dólares que habría sustraído y un ex ministro siga en las calles con dos millones de bolivianos. Hay tanta gente que está en cárcel por delitos menores, pero esta gente lamentablemente no tiene dinero para acceder a un proceso de esta naturaleza. Esto provoca indignación en la ciudadanía y es justificado".

La acción de los comunarios de Ayo Ayo de La Paz ha sido severamente cuestionada por las instituciones oficiales, aunque en otros distritos es vista como un ejemplo. Así, en Potosí, dirigentes campesinos de varios municipios advirtieron que podrían recurrir a la justicia comunitaria si las autoridades no atendían de inmediato las denuncias que hay contra algunos alcaldes por corrupción.