El gobierno neoliberal de Carlos Mesa intensificó su millonaria campaña de propaganda y desinformación para defender a las transnacionales petroleras y neutralizar la creciente exigencia popular de nacionalizar el gas y el petróleo.

La campaña, que se realiza profusamente por radio, prensa y televisión, intenta mostrar que en el negocio del gas, las petroleras extranjeras ganan muy poco, mucho menos que el Estado.

Así, en los documentos oficiales de la "Campaña Informativa del Gas" se asegura que el Estado boliviano recibe, por regalías e impuestos, el 35 por ciento de todos los ingresos que se genera en el negocio hidrocarburífero, mientras que las transnacionales obtendrían sólo el 25 por ciento como ganancias netas. El restante 40 por ciento sería destinado a pagar los costos de operación y producción.

Según esta millonaria campaña publicitaria, en la que se intenta validar los datos proporcionados por las transnacionales, el Estado obtendría un 40 por ciento más de ingresos que las petroleras, por lo que el negocio del gas, tal como está ahora, estaría beneficiando más a Bolivia que a los inversionistas extranjeros.

Los datos de las transnacionales, que inflan exageradamente sus costos y sus inversiones para pagar menos impuestos y regalías, han sido asumidos como ciertos por el gobierno de Mesa, a pesar de la existencia de varios informes gubernamentales que muestran que las petroleras ganan mucho más de lo que declaran oficialmente.

SE OCULTA INFORMACIÓN

Este es el caso, por ejemplo, de la información oficial presentada por el ex Delegado Presidencial para la Capitalización, Juan Carlos Virreira, quien demostró en forma documentada que las transnacionales que operan en Bolivia tienen uno de los costos de producción más bajos de toda la industria petrolera mundial, todo lo contrario de lo que afirma la campaña propagandística gubernamental.

Los datos presentados por Virreira mostraban que el costo promedio para la producción de un barril equivalente de petróleo es de 5,6 dólares a nivel mundial, pero que en Bolivia ese costo se reducía en el caso de Repsol / YPF a tan sólo un dólar y en el de British Petroleum a 97 centavos de dólar.

Virreira había sido despedido del cargo por el presidente Mesa, tras que difundiera esta información sobre la realidad de la industria petrolera y luego que iniciara un proceso legal contra la Enron, que fraudulentamente se apoderó de parte del negocio de exportación de gas al Brasil infiriendo un daño económico al Estado por 130 millones de dólares.

Los datos e informes del ex Delegado presidencial son ignorados totalmente por la campaña desinformadora oficial.

Y esto es natural, ya que con las cifras de las transnacionales, el gobierno de Mesa intenta desahuciar la nacionalización, exigida por el 82% de los bolivianos, según estableció un encuesta levantada entre más de 16 mil ciudadanos de todo el país, realizada recientemente por la red de radioemisoras Erbol.

"Sería un pésimo negocio para Bolivia", dijo Mesa hace poco, al referirse al insistente clamor popular por la nacionalización. Según el Presidente, la nacionalización - expropiación le costaría a Bolivia entre cuatro a seis mil millones de dólares en indemnizaciones, además de otros cuatro mil en nuevas inversiones para desarrollar el negocio.

"Estamos hablando de alrededor de ocho mil a diez mil millones de dólares que no tenemos", aseguró Mesa, que realiza una cerrada defensa de las transnacionales, lo que le ha valido el calificativo de "gerente de las petroleras", según la crítica de los sindicatos.

INVERSIONES FANTASMA

Los montos que maneja Mesa sobre una posible indemnización están, sin embargo, influidos notoriamente por los niveles de inversión que dicen haber realizado las transnacionales y que el gobierno avala sin ningún estudio ni comprobación técnica.

Así, en los documentos de la campaña propagandística oficial se sostiene que las petroleras habrían invertido un total de 2.929 millones de dólares entre 1997 y el 2003, en el periodo posterior a la privatización-capitalización de la industria petrolera. De 1990 al 2003, el total de inversiones de las petroleras extranjeras sería de 4.839 millones de dólares, según certifica la unidad de control estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Curiosamente, esta misma fuente de información (YPFB) sostiene, en otros informes no divulgados por la campaña propagandística oficial, que las petroleras extranjeras no habrían invertido en esa magnitud, ya que sólo habrían desarrollado los trabajos previos realizados por la empresa estatal del petróleo.

Otro informe del ex Delegado Presidencial también dejaba en claro, con cifras oficiales, que las transnacionales invirtieron mucho menos de lo que declaraban. Las diferencias entre lo que informa el ex Delegado y lo que presenta la campaña informativa es de 100 millones de dólares en el caso de las inversiones de Repsol/YPF en la capitalizada Andina y de 155 millones en el caso de las inversiones de British Gas en la capitalizada Chaco.

En su generalidad, todos los datos e informes oficiales que no dejan muy bien libradas a las transnacionales han sido sistemáticamente eliminados de la campaña oficial. Esto ha ocurrido con los informes del ex delegado Presidencial y con los reportes de Impuestos Internos que muestran la evasión tributaria y fraudes impositivos cometidos por las petroleras.

Todo eso ha sido ignorado por el grupo de intelectuales y artistas, que han sido reclutados, billetes en mano, para dirigir la campaña de desinformación en la que usarán con absoluta discrecionalidad un millón de dólares. Hasta ahora, los encargados de esta labor (el publicista Diego Massi, el director de cine Marcos Loayza, el cantautor Oscar García y el publicista Sergio Vega) ya han gastado 700 mil dólares para promover el referéndum del 18 de julio, calificado como "tramparendum" por los sindicatos y organizaciones populares porque no incluye la demanda de la nacionalización y porque sólo sirve para legalizar el control y dominio que tienen las transnacionales sobre el gas y el destino de Bolivia.