El paramilitarismo es un fenómeno tenebroso en la historia de Colombia, articulado a la estructura de poder implantada desde el siglo XIX. En los años sesenta, de la centuria anterior, fue asumido como instrumento en la estrategia contrainsurgente impuesta por la misión militar estadounidense, dos años antes que surgieran las guerrillas actuales.
En las dos últimas décadas se creció el paramilitarismo impulsado por los carteles de la droga y protegido con el pacto diabólico acordado entre los 'patrones' y el Estado colombiano.
A la sombra de este pacto se desarrollan franquicias para exportar droga 'libremente', se implantan poderes regionales a partir del terror y la ocupación de las tierras productivas por jefes paramilitares, mediante la apropiación violenta y la expulsión de las familias campesinas.
El narco-Estado cubre con la impunidad los crímenes de lesa humanidad, los asesinatos selectivos de líderes sociales y el desarrollo del paramilitarismo, bajo el pretexto de liquidar las guerrillas y apagar el conflicto social interno.
El Presidente Uribe Vélez, uno de los impulsores y organizadores del paramilitarismo, viene promoviendo la legalización de esos grupos criminales enriquecidos, dándoles reconocimiento político e iniciando una oscura negociación, haciendo uso de la figura del 'proceso de paz', que otros gobiernos antes habían negado.
No obstante la benevolencia oficial el proceso está pasando por el peor momento. La 'ley de alternatividad penal', con la que se pretende legalizar la riqueza acumulada, perdonar los delitos de lesa humanidad y habilitarlos políticamente, se enredó en el parlamento. La comunidad internacional horrorizada con la irracionalidad y las víctimas ofendidas han hecho sentir su voz en contra de la ley de impunidad.
Lo que parece tiene al borde del precipicio el proceso de los paramilitares son las disputas por el control del multimillonario negocio de las drogas, de las regiones, las diferencias sobre la forma de asumir la negociación con el régimen para su legalización, las desconfianzas y peleas entre ellos.
Pero el punto crítico podría estar en el quiebre de la política gringa en relación con los carteles de la droga, que han sido sus aliados en la guerra contrainsurgente. ¿Se cansaron los 'patrones' de servir para luego ser extraditados? ¿Dejaron de ser útiles para el imperio y se convirtieron en socios incómodos e indefendibles? ¿O los están presionando para involucrarlos en nuevas misiones?
En este último caso, el pedido de extradición de Carlos Castaño y Salvador Mancuso, sería un mecanismo de presión; la posterior desaparición de Castaño, sería el inicio de un nuevo plan. En las palabras del Presidente Uribe Vélez se insinúa esa posibilidad cuando afirma que la extradición no es negociable, salvo que hagan méritos.
Lo cierto en la desaparición de Carlos Castaño es que hay recomposición de poderes dentro de los paramilitares, el proyecto está en crisis, el proceso no tiene legitimidad y les están haciendo nuevas exigencias, para legalizarlos.
Y puede haber ocurrido una, entre dos posibilidades que se ven.
Despojado Castaño del mando y dada su tendencia a negociar la entrega con los Estados Unidos, como lo dijo más de una vez, se convierte en el testigo mortal para narcotraficantes, militares, funcionarios, políticos y gremios económicos vinculados al negocio de la droga y comprometidos con los crímenes de los paramilitares.
Más de uno querría matarlo, para taparle la boca y evitar que delatara. La captura y posterior asesinato por sus propios compañeros, es una realidad vista desde este ángulo.
La otra es que esté vivo y el presunto atentado sea una tramoya para borrar la huella de Castaño, como parte de un plan acordado entre los gringos y jefes paramilitares, dando inicio a la política de 'hacer méritos' y por esta vía 'purificar' los crímenes y recibir la ciudadanía estadounidense, como ha ocurrido con terroristas, torturadores y corruptos que han servido a los intereses de ese país.
Esta segunda hipótesis no es descartable vista en un contexto más amplio, a la luz de varios pronunciamientos hechos y de lo que está sucediendo en la región.
Para el gobierno de los Estados Unidos, Venezuela se convirtió en su prioridad regional y está interviniendo directamente, apoyado en los sectores golpistas, planeando la desestabilización del gobierno legítimamente constituido para tumbar o eliminar al Presidente Chávez, como los venezolanos lo vienen denunciando.
El gobierno de Colombia es incondicional de los intereses y políticas del imperio. El conflicto interno y la estrategia para resolverlo por la vía militar, como dijo el Presidente Uribe, es el pretexto para la intervención militar de los Estados Unidos en la región andina. El señor Donald Rumsfeld, acaba de ofrecer el envío de tropas para apoyar la 'Operación Patriota' que inició Uribe en el sur del país, dentro del Plan Colombia.
Carlos Castaño y Salvador Mancuso han hecho pronunciamientos reiterados en contra del proceso revolucionario bolivariano y contra el Presidente Chávez. Han anunciado que están organizando el proyecto paramilitar en Venezuela con ganaderos de la región, dando entrenamiento y apoyando con mercenarios colombianos.
En la frontera en territorio venezolano hay varios grupos paramilitares asentados en fincas ganaderas, testaferros de los narcotraficantes están adquiriendo aceleradamente propiedades y montando negocios en los Estados de Zulia, Barinas, Táchira y Apure principalmente. Ya han asesinado ciento veintisiete líderes campesinos de la región, en los últimos meses.
Los ochenta y ocho paramilitares colombianos capturados la semana pasada en la finca del golpista Roberto Alonso, en las afueras de Caracas, no deja dudas de la existencia de un plan en el que está involucrado el paramilitarismo colombiano.
Los grupos que están en territorio venezolano son prolongación de los que mandan Castaño y Mancuso, liderados en la frontera por los narcotraficantes Hernán Giraldo, Jorge Cuarenta, Vicente Castaño y Miguel Arroyave, con fuertes vínculos con las Fuerzas Armadas de Colombia, como se ha demostrado en más de una ocasión.
Dentro de este contexto toma fuerza la hipótesis de que Carlos Castaño y otros jefes paramilitares colombianos les hayan asignado a Venezuela para 'hacer méritos' y estén en misión, dentro de un plan convenido con autoridades norteamericanas y los golpistas venezolanos.
En tal caso la legalización de los jefes paramilitares recibiría un nuevo aire y Uribe Vélez habría descubierto 'la piedra filosofal' para sacar del atolladero en que se encuentra el proceso de negociación con los narcotraficantes paramilitares.
El peligro y el enemigo son comunes para los pueblos de Venezuela y Colombia.
Somos dos pueblos hermanos separados por una frontera artificial, herederos de las ideas y la obra libertaria de Bolívar. Dos pueblos con los mismos problemas y enemigos comunes: el imperio y las oligarquías criollas que tienen sumidos en la miseria y el atraso centenario, los dos países.
Dos pueblos que LUCHAN por construir una sociedad justa y digna, donde el pueblo sea dueño de su propio destino.
Los revolucionarios, demócratas y personas progresistas de ambos países tenemos que hacer causa común y defender los procesos revolucionarios que están amenazados, por los mismos enemigos que están apostados a lado y lado de la frontera.