Nora Di Pacce
Radio Nederland

Aprovechando una decisión judicial que obliga a la apertura de los archivos de la represión referidos al episodio conocido como "el exterminio de la Guerrilla de Araguaia", en el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que acorta los plazos del secreto obligatorio sobre los documentes oficiales de Estado. Inclusive algunos archivos de la dictadura militar (1964-1985) podrán ser abiertos inmediatamente, ya que Lula también creó, mediante una medida provisoria, una comisión interministerial que tiene la facultada de flexibilizar esos plazos.

En primera instancia, los documentos que serán revelados tienen que ver con la Guerrilla de Araguaia (1971-1974), donde al menos murieron unos treinta miembros del Partido Comunista Brasileño (PCdoB), cuyos restos nunca fueron encontrados.

La resolución tomada el martes 7 de diciembre por la Justicia, determina que el Estado tiene un plazo de 120 días para indicar dónde fueron enterradas las víctimas, emitir los atestados de defunción y permitir el traslado de los restos adonde indiquen sus familiares. Si no cumple esta decisión, el Gobierno tendrá que pagar una multa de 10 mil reales (unos 3.300 dólares) por día.

Para levantar el secreto sobre el resto de los archivos, Lula revocó el viernes 10 de diciembre un decreto dictado por el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso en 2002, apenas a 48 horas después de abandonar el poder. Aquella decisión de Cardoso establecía mantener en secreto por lo menos en 50 años esos documentos y algunos podrían "permanecer en la sombra" por tiempo indeterminado.

Tuvieron que pasar 22 años para que por fin se diera un primer paso que permitirá llegar a la verdad. Sin embargo, para el organismo de Derechos Humanos Tortura Nunca Más, no sólo es importante recuperar los cuerpos de las víctimas de la dictadura, sino también revelar a las familias como murieron sus seres queridos y sobre todo descubrir a los responsables por los asesinatos y torturas.

Pero el Gobierno de Lula, que inexplicablemente se demoró un año en revocar el decreto de Cardoso que impedía para siempre la apertura de los archivos del horror, tendrá que mostrar mucha más voluntad política que la que ha demostrado hasta ahora en este tema para que su Gobierno no pase a formar parte de la galería de los que toleraron la impunidad.

Promulgada en 1979 por el gobierno de Joao Batista Figueiredo, la Ley de Amnistía benefició a todos los que entre mediados de 1961 y mediados de 1979 "cometieron crímenes políticos o conexos". En esta amnistía se equiparó a víctimas y victimarios transformándose en el modelo más retrógrado de América Latina, según Vitoria Grabois, presidente de Tortura Nunca Más y familiar de desaparecidos. Con la vigencia de ese engendro jurídico que ningún gobierno constitucional después del retorno a la democracia hace 20 años se atrevió a tocar, por más que se sepa quienes fueron los responsables ninguno tendrá que responder ante los tribunales por sus crímenes.

Los movimientos de Derechos Humanos tampoco se sintieron muy felices con el decreto del presidente Lula, ya que ellos vienen exigiendo desde hace años la apertura "irrestricta" de los archivos de la dictadura. Criticaron duramente la creación de la comisión interministerial, porque consideran que ningún grupo de "notables" puede tener en sus manos el manejo de los plazos de apertura para desclasificar esos documentos, ya que conocer la verdad "es un derecho de los familiares y de toda la sociedad brasileña". También de Tortura Nunca Más, la activista Cecilia Coimbra, anunció que proseguirá el movimiento por la apertura "incondicional, integral e irrestricta" de los documentos militares.

De parte del sector militar no hubo aún ningún pronunciamiento, posiblemente debido al episodio reciente cuando un reportaje del diario "Correio Braziliense", de Brasilia, publicó fotos de un hombre desnudo en una cárcel, atribuyéndolas al periodista Wladimir Herzog, muerto en 1975 en instalaciones del Ejército en Sao Paulo.

En respuesta al reportaje, el Ejército emitió un comunicado elogiando la dictadura y justificando la represión de la época. El incidente provocó la intervención del propio Lula, quien impuso una retractación del comandante del Ejército, Francisco de Albuquerque.

Los hechos provocaron también la renuncia, de José Viegas al cargo de ministro de Defensa, para ser sustituido por el vicepresidente José Alencar.

© Radio Nederland Wereldomroep, all rights reserved
13-12-04