Augusto Roa Bastos
Abc Color

Yo nací aquí. En este país de tradiciones y emociones, curtido por historias asombrosas. En este cálido subtrópico de silencios estridentes y gritos soterrados.
He aquí a éste Paraguay de sentimientos morenos y músculos acerados, De vorágines y sosiegos. De poetas marciales y guerreros mansos.
Está aquí. Con ancestral cadencia de sus hijos, con su geografía pulposa, su naturaleza opulenta y sus recuerdos infinitos. Blindado por antiguos corajes y enternecido por implacables melancolías.
Éste es mi país. Gallardamente mestizo y orgullosamente soberano. Aquí el tiempo ha cosechado héroes y espigas, porque ha sembrado, por igual, sangre prodiga y semilla fecunda.
Yo nací aquí. Entre mil imágenes fascinantes. Entre la poesía estremecida de los bosques, el viaje sin retorno de los ríos, la rutilante abundancia de los campos y la cándida timidez de las ciudades.
He aquí a mi país. El Paraguay de mis verdades. Luz en mis sombras y canto en mis ausencias. Querencia bendita de mis afanes, faro fulgente en mis regresos.
He aquí a mi país. Se lo presento así como lo siento, como lo conozco y como lo amo.
Porque yo nací aquí.

Asunción, 15 de noviembre de 2004

Ante la violencia que viene ocurriendo en los numerosos desalojos de ocupantes de terrenos rurales, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY): EXPRESA su preocupación por la ya habitual respuesta represiva del gobierno de Nicanor Duarte Frutos frente a las movilizaciones y demandas de sectores campesinos organizados, con la consecuencia de personas muertas, heridas y presas. La política de "mano firme" no resolverá los conflictos sociales que actualmente sacuden al Paraguay, que tienen como origen la angustiante pobreza y la desigual distribución de la tierra.
RECUERDA que el derecho a la propiedad no puede ser más importante que el derecho a la vida. La muerte de Aureliano Espínola durante un desalojo reciente en San Pedro agrega un nombre más a la ya larga lista de mujeres y hombres campesinos muertos en el marco de represiones y desalojos violentos, debido al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militares del país.
MANIFIESTA su disconformidad con la presencia de militares en estas acciones de desalojo. Los efectivos de las Fuerzas Armadas no están preparados para un trabajo de prevención ni de protección del orden público, debido a que la formación profesional, el armamento que manejan y la concepción misma de la institución militar establecen como principios rectores la eliminación física del enemigo.
DENUNCIA la complicidad de la Fiscalía General del Estado con esta política deliberada de represión y uso excesivo e indebido de fuerza, a través de fiscales que ordenan las represiones y, bajo la excusa de hacer cumplir la ley, la violan sistemáticamente. La Fiscalía es también responsable de no investigar los casos de muerte y represión, tendiendo un manto de impunidad sobre los responsables de estas violaciones a los derechos humanos.
CRITICA la detención masiva e indiscriminada de más de 200 campesinos y campesinas en diversas cárceles del país, en condiciones infrahumanas y sin que puedan ejercer su derecho a la defensa. El sistema judicial paraguayo no está en condiciones de garantizar procesos justos y los derechos básicos de estas personas, por lo que la "solución carcelaria" pasa a constituirse en un abuso más de un sistema incapaz de dar respuestas razonables a la crisis social que actualmente vive el país.
EXPRESA su convicción acerca de que la forma adecuada para resolver el conflicto de la tierra en Paraguay es la aplicación de políticas sociales que encaminen soluciones de fondo al escandaloso problema de la concentración de tierra en el país. El Gobierno debe garantizar los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo, y su inacción es injustificable. Éste debe comprometerse seriamente, con rubros en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, a disminuir significativamente los índices de ciudadanos y ciudadanas sin tierra y sin techo, además de revertir la falta de salud, de educación pública y de empleo, entre otras medidas que tiendan a la seguridad humana de la población.
Por todo lo expuesto, la CODEHUPY exige: · A la Fiscalía General del Estado, que separe a los fiscales intervinientes en los casos de violencia y abuso de fuerza en las acciones de desalojo, que investigue y enjuicie a los responsables de la violencia desatada y de la muerte de campesinos desalojados, que cese la detención masiva de campesinas y campesinos.
· Al Presidente de la República, que termine con la política de criminalización de la protesta social, que se expresa a través de la represión sistemática y el uso excesivo de la fuerza, que dé instrucciones precisas para acabar con el abuso policial y militar, y que diseñe participativamente e implemente una política agraria basada en modelos de desarrollo que beneficien a la totalidad de la población rural, sin discriminación alguna.
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) Capítulo Paraguayo de la PIDHDD Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Eligio Ayala 972 c/ EEUU.
Telefax: (595-21) 449482 Correo electrónico: codehupy@pla.net.py www.codehupy.org

Comienza una semana difícil para el Gobierno Abc Color, Asunción, Paraguay, 15 de noviembre de 2004.
El Gobierno enfrenta una semana más que complicada, por la alianza de campesinos, sindicalistas y grupos sociales organizados para reclamar soluciones al problema social. La La Federación Nacional Campesina (FNC) ha anunciado invasiones y mañana subirá el pasaje del transporte público, en coincidencia con el inicio de un paro nacional. El presidente Nicanor Duarte Frutos tiene previsto viajar el miércoles a Venezuela. Se reunió ayer con colaboradores y ratificó que no cederá a presiones. El titular de la Asociación Rural, Antonio Soljancic, afirmó que el Gobierno enfrenta tímidamente la violencia en el sector rural, y el obispo de Cordillera, El presidente Nicanor Duarte Frutos dedicó el domingo para revisar y discutir los planes para hacer frente a la serie de reclamos que habrá en la semana. En Mburuvicha Róga se reunió con el ministro del Interior, Nelson Mora, y contactó telefónicamente con el comandante de las Fuerzas Militares, José Key Kanazawa. A ambos les pidió estar alertas.
"La postura del gobierno es terminante: hacer respetar la ley". Así dijo una alta fuente de rango ministerial al ser consultado acerca del anunció de los campesinos de iniciar ocupaciones masivas. "Como toda sociedad democrática, se escucharán sus reclamos, pero en ningún caso se permitirá que violen la ley", ratificó al tiempo de confirmar que los militares están alertas y que el Presidente se reunió con el ministro del Interior para analizar el tema.
"El Gobierno reconoce las carencias existentes en el campo y comparte la necesidad de superarlas, pero existen maneras civilizadas de abordar. pero no con medidas de fuerza que atentan contra derechos de terceros", comentó nuestra fuente. La Federación Nacional Campesina (FNC) iniciará ocupaciones masivas, y figuran entre sus objetivos propiedades mayores a 3 mil hectáreas. Labriegos de San Pedro se movilizan, mientras no cesan las exigencias en otros sectores, y todos los indicios apuntan a que esta será una agitada semana.
ES OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO PONER ORDEN Al condición de guardar el anonimato e invocando no estar autorizado, nuestra fuente reafirmó que la posición del Gobierno es firme: estricto cumplimiento de la ley. "Entonces, no hay otra salida más que cumplir y hacer cumplir la ley", enfatizó.
Agregó que la decisión de destacar las fuerzas públicas a todos los sectores requeridos continúa vigente y, consiguientemente, "los militares y policías están listos para entrar en acción pues tienen el deber de garantizar el orden en todo el territorio de la República", señaló.
El ministro Mora anticipó la semana anterior que la determinación es defender el imperio de la ley y que su desobediencia obligará al Estado a apelar a los mecanismos constitucionales a su alcance para poner orden.
"La ley rige para todos", dijo el secretario de Estado.