Franklin Falconí
OPCION

¿Se va, o no se va? Hasta el cierre de esta edición, todo parecía indicar que el Presidente de la República se salvaría de ser destituido en el juicio político que le plantearon cuatro partidos al interior del Congreso Nacional: el Social Cristiano, la Izquierda Democrática, el Movimiento Popular Democrático y Pachakutik. Aunque las cosas podrían cambiar, ya que estos partidos han anunciado que con el fracaso en la constitución de la Comisión Especialísima para que analice la factibilidad del juicio, solo se ha perdido una batalla, pero no la guerra. El juicio, según dicen, aún sigue vivo y trabajan para obtener los votos y así cumplir con esta fase del proceso.

En todo caso el país se apresta a espectar, seguramente en una transmisión directa de televisión, el resultado de un juego político al que la mayoría de ecuatorianos no ha sido invitada, excepto por algunos diputados que -hay que decirlo- intentan halar a la cancha de los pueblos este proceso político que se inició en el Congreso Nacional. Están anunciadas movilizaciones desde el 17 de noviembre, que se sumarán al paro de los servidores públicos y los maestros.

Los cabildeos, los chantajes, la compraventa de votos que se desarrollan intensamente en estos días, lo único que dejan en claro es que, institucionalmente, el Congreso Nacional no es un escenario de los pueblos, quienes son los realmente afectados por la gestión del actual gobierno, sino que es un escenario de resolución de disputas entre grupos poderosos.

Sin embargo, quedarse solamente en la constatación de este hecho y no involucrarse en estos procesos, con voz propia, aprovechando los resquicios que dejan las contradicciones entre oligarcas, para denunciarlos y para hacer avanzar el proceso emancipador, sería actuar ingenuamente en política, por ello, es necesario analizar la participación en este proceso de quienes sostienen posiciones progresistas y de izquierda, así como de los partidos acusadores, en sus respectivas visiones e intereses.

Como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación, principalmente la televisión, se han encargado de tratar al juicio político como una bronca personal entre el ex presidente León Febres Cordero y Lucio Gutiérrez. Se han destinado grandes espacios a sus declaraciones, unas más reveladoras que otras en torno a actos reñidos con la ética en que ambos estarían involucrados.

No se trata simplemente de un enojo de palabra entre dos compadres, porque el mismo Presidente de la República y otros militantes de Sociedad Patriótica se han encargado en denunciar que lo que hay detrás es el interés de apoderarse de jugosos negocios, tanto en el área petrolera, como en el área eléctrica. Además, por su puesto, de la existencia de deudas impagadas desde la crisis bancaria de 1999 y que ascenderían, según lo denunció Gutiérrez, a 110 millones de dólares (ver nota adjunta sobre el tema).

Hasta ahora, la política del chantaje le ha funcionado bien al PSC, pues con cada amenaza de destitución a Gutiérrez obtenía nuevos favores, pero a partir del proceso electoral, el rompimiento con el gobierno y el mostrarse como su opositor radical le ha costado quedarse al descubierto en sus prácticas junto a su antiguo socio.

No está claro si el PSC realmente trabajará por la destitución, y si está dispuesto a echarse encima todo el peso político que le signifique la sucesión presidencial que devenga, y sus resultados. O si solamente busca una digna plataforma preelectoral de cara a las presidenciables del 2007, además de lo que el gobierno esté dispuesto a ceder esta vez.

La acusación que presentó el PSC fue la de peculado, 'por haber dispuesto arbitrariamente fondos, recursos y bienes públicos a favor de los candidatos del Partido Sociedad Patriótica al cual se pertenece'. Y si se dejan de lado los votos de los 100 jueces (diputados) que deben decir si es cierta o no esta acusación, es evidente que lo que los ecuatorianos han visto durante la campaña electoral última, exime de cualquier prueba para una sanción por ello al Primer Mandatario.

En el caso de la ID, ésta fue la ocasión para darle mayor contundencia a sus acusaciones de violaciones a la ley electoral, por el financiamiento de la campaña presidencial de Gutiérrez, que convirtió en escándalo hace meses y que los catapultó como el partido de oposición al gobierno, algo que aliviaba en algo el dolor que le causó a su caudillo, Rodrigo Borja, la contundente derrota que sufrió como candidato presidencial frente a la propuesta programática de unidad popular que llevó a la presidencia a Gutiérrez.

La ID sacó buenos frutos de esa actitud en el último proceso electoral, y su interés es potenciarlos aún más, superando incluso al PSC en sus proyecciones presidenciales para el 2007. En el fondo, la ID no representa el cambio que su oposición aparenta, pues también tiene relaciones con grupos económicos de poder en el país, por lo cual su acción política hay que ubicarla dentro del grupo de los poderosos en pugna.

Pachakutik siempre será un rompecabezas, primero porque mientras parte de su cúpula actúa con una lógica socialdemócrata institucionalista, que lo vuelven un partido más del stablishment - y por eso mismo, fácilmente absorbible por la ID-, como por el conflicto de intereses que otra parte de esa cúpula produce en esa organización. Su bloque legislativo refleja lo que una parte de sus direcciones intermedias viven; es decir, una división en la actuó directamente el gobierno. Lo que hace Pachakutik en este escenario está cruzado por la lucha constante de evitar que se termine de fracturar el movimiento indígena que dirige, pues de las tres regionales de la CONAIE, dos se muestran gobiernistas, y solo una, la ECUARUNARI, sigue sosteniendo posiciones de avanzada.

Decíamos que este conflicto se expresa en el bloque legislativo porque no han sido pocas las ocasiones en que varios de sus diputados se han salido de la línea partidista del bloque y se han alineado con posiciones gobiernistas. Hoy se conoce a estos diputados como parte de los posibles comprables en el mercado de votos del Parlamento.

El interés de Pachakutik queda claro en la decisión de primero 'despachar' el juicio político contra Antonio Vargas, que es parte sustancial del acuerdo que ese partido tuvo con el PSC y la ID para el método Imperiali, pues con ello golpea a uno de sus principales enemigos, quien ha erosionado gravemente la organización indígena.

Lo de ser un partido parte del establishment, se demuestra en la acusación misma que presentó Pachakutik contra Gutiérrez. Hablan de que el Presidente a cometido el delito de 'atentar contra el orden interno y la seguridad pública' al incitar a la población a incendiar las cortes del país ¿y la traición que Gutiérrez infringió a la propuesta programática que llevó al triunfo a la alianza 3-18? ¿No es razón suficiente para ser destituido?

Quien más bien recoge esos elementos políticos que siempre fueron parte central de la acción de los movimientos sociales, antes que elementos enmarcados en lo estrictamente institucional es el bloque del Movimiento Popular Democrático, que habla principalmente de que el Presidente ha traicionado la confianza que el pueblo depositó en él y sus ofrecimientos de campaña, como en lo que se refiere a la política externa. Acusa al Presidente 'de implantar una política internacional lesiva a los intereses nacionales, que no consolidan la soberanía, frente a los riesgos que implica la ejecución del Plan Colombia', por lo cual lo acusan de delitos que atentan contra la seguridad del Estado y de traición a la patria.

Si al final el juicio se archiva, lo cual sería un golpe político fuerte principalmente para el PSC, los problemas y las violaciones constitucionales del Presidente siguen ahí. La lucha popular también sigue ahí por su destitución, pero con una propuesta no de 'sucesión constitucional', como los institucionalistas evocan, sino con una propuesta de gobierno popular que esta vez sí cumpla con el proyecto político que Gutiérrez traicionó y que sigue vigente en la conciencia de los pueblos.