- El obispo católico Sergio Valech, que encabezó una comisión especial, entregó al presidente chileno Ricardo Lagos el esperado informe sobre la violación de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El mandatario dijo que este es "un nuevo paso para avanzar en el conocimiento de la verdad, justicia y reparación de las víctimas". La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, recoge testimonios de más de 35.000 chilenos. El contenido del texto se dará a conocer a fines de mes o durante la primera quincena de diciembre, pero buena parte de su contenido llegó a la prensa chilena.
El documento incluye un mapa de regimientos, comisarías y barcos que constituyeron la red de centros de detención. También relata de tormentos aplicados a los detenidos: Violaciones con animales, quemaduras con cigarrillos, sopletes o ácidos, extracción de uñas con alicates, inmersión en agua, aceite o petróleo, obligación de presenciar torturas a otros detenidos, a menudo familiares, golpizas, simulacros de fusilamiento, detenciones prolongadas con la vista vendada o con capuchas, aplicaciones de corriente eléctrica en genitales y otras zonas sensibles y rompimiento de tímpanos mediante golpes en los oídos fueron prácticas habituales. La comisión se creó el 11 de noviembre de 2003.
La práctica sistemática de la tortura fue más allá de los militantes hasta llegar a personas que no estaban involucradas en actividades políticas, como forma y estrategia para amedrentar cualquier signo de oposición. El organismo que encabezó el terrorismo de estado fue la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, dependiente directamente del dictador Pinochet. La Comisión Ética contra la Tortura establece que "más de 3.600 torturadores deben ser puestos a disposición de los tribunales de justicia".
Agrega que "miles de personas que desde hace más de 30 años vienen repitiendo: no hay razón política y ninguna razón de Estado es suficientemente válida para violar los derechos humanos". Pide que el Gobierno haga público el contenido completo del informe, que se realicen las gestiones para que este forme parte de los archivos de la UNESCO declarados Patrimonio de la Humanidad y declarar el 26 de junio, Día Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura en Chile. También demanda que Chile acoja las resoluciones que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas ha planteado a Chile, en sentido de derogar la Ley de Amnistía, investigar jurídica de los casos de tortura, y una reparación justa y adecuada para las personas que han sido objeto de un acto de tortura. "Los métodos utilizados en la tortura por las Fuerzas Armadas en Chile tenían como objetivo someter, destruir y controlar a toda la población y sus organizaciones sociales, dejando secuelas que afectan hasta nuestros días a toda la sociedad chilena. Por ello, urge instalar medidas reparatorias justas y adecuadas para todos los directamente afectados", puntualizó. Las organizaciones de derechos humanos reclaman ya que las conclusiones sean elevadas a la justicia para que se procesen los juicios correspondientes, sin embargo, esta no parece ser la opción del gobierno de Lagos.
Pamela Pereira, dirigente del propio Partido Socialista, se mostró en desacuerdo por el carácter secreto que se da al informe hasta que Lagos autorice su difusión: "es un error no haberlo entregado de inmediato al conocimiento de la opinión pública, porque yo creo que el país tiene la madurez suficiente para leer un informe de esta naturaleza junto con el presidente", señaló. Por su parte, la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos dio a conocer públicamente su desagrado al no haber sido invitada a la ceremonia de recepción del reporte. Mireya García, vicepresidenta de esta organización, dijo: "nosotras esperamos que se adopten todas las medidas que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la reparación simbólica, jurídica y material, y que principalmente este informe sea parte integrante de la formación de las nuevas generaciones para que nunca más ocurra esto en Chile".
OTRA CONDENA CONTRA CONTRERAS - Un juez chileno condenó a 15 años de prisión al general retirado Manuel Contreras por la desaparición de un estudiante universitario detenido a fines de 1975, informaron fuentes policiales. El ex jefe de la DINA, fue sentenciado por el juez especial Alejandro Solís como autor del delito de secuestro calificado del estudiante de Agronomía Luis San Martín Vergara. El joven, de 22 años y miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido por agentes el 17 de diciembre de 1975 y visto por última vez en un centro de torturas conocido como "La venda sexy". El juez condenó también, en calidad de autor, a diez años de prisión, al general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y a tres años, por considerarlos cómplices, a los ex brigadieres Miguel Krasnoff y Gerardo Ulrrich. El magistrado rechazó las alegaciones referentes a la aplicación de la ley de amnistía y subrayó el carácter permanente e imprescriptible del delito de secuestro, que sólo cesa cuando aparece la víctima o su cadáver, según la legislación internacional al respecto. Simultáneamente, el juez negó el pago de una indemnización a los familiares de la víctima.
LEYES DE PINOCHET CONTRA INDÍGENAS - Según la Federación Internacional de las Ligas de los Derechos Humanos (FIDH), hoy en Chile se están usando leyes antiterroristas de la dictadura pinochetista contra el pueblo Mapuche. Juan Pichún, portavoz de la comunidad indígena llegó a Paris para denunciar la situación de su padre y otros siete líderes, que fueron condenados a cinco años y un día de prisión, acusado por testigos anónimos de "amenaza terrorista". El pueblo mapuche, denunciaron, "está siendo expoliado de sus tierras a beneficio de empresas forestales e hidroeléctricas". LA FIDH subrayó también que "continúa la represión ejercida por las milicias privadas y por la policía". Pichún dijo que "solo reivindicamos nuestros derechos que ancestralmente nos corresponden y somos catalogados de terroristas y estancadores del progreso económico chileno... sólo luchamos para que el pueblo Mapuche siga viviendo y desarrollándose y construyendo su propia vida de acuerdo con nuestra visión sociofilosófica".