Tito Tricot
Sociólogo

Por un laberinto de brumales silencios estalló en ramalazos multicolores el grito de asombro y dolor de los agredidos por la electricidad, los golpes y las balas. Era el odio armado hasta los dientes de los militares que se replicaba en un millar de recintos de detención por todo Chile. Era el horror y la inhumanidad de la tortura, las violaciones, los asesinatos, los desaparecimientos incoados en nuestro país a partir de septiembre de 1973 y que materializaban, claramente, una política sistemática de aniquilamiento de todos aquellos considerados enemigos por las Fuerzas Armadas. No fueron acciones aisladas de terror ni practicas implementadas por algunos individuos, por el contrario, todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante el periodo de la dictadura del general Pinochet correspondieron a una política de Terrorismo de Estado. Ello significa que existió planificación, asignación de recursos humanos y financieros, instrucción, infraestructura y apoyo logístico nacional e internacional para cometer los crímenes. Por ende, hubo y hay responsabilidad institucional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones en la represión a nuestro pueblo, y esto fue categóricamente establecido y oportunamente denunciado por múltiples organizaciones de derechos humanos, así como también por las víctimas de dichas violaciones. Sin embargo, ello fue reiterada y majaderamente negado por los institutos armados y por todos los principales actores políticos en el país los cuales, como es sabido, siempre sostuvieron la inverosímil tesis de que todas las violaciones a los derechos humanos constituían excesos de algunos funcionarios de exacerbado celo "profesional"y que, por lo tanto, solo existían responsabilidades individuales.
Es por todo lo anterior que los asertos del general Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del ejército, en el documento intitulado "El Fin de una Visión" donde reconoce por vez primera responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos, ha suscitado un sismo político, siendo incluso calificado de histórico por una variedad de actores políticos nacionales. Quizás la persona que mejor ha sintetizado la algarabía orgásmica que parece haber provocado en algunos la actitud del general Cheyre es el propio presidente Ricardo Lagos quien expresó que "como presidente de Chile, me llena de satisfacción y orgullo que el Ejército del país señale con meridiana claridad que respecto de las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie puedan tener justificación ética". Destacó, además, "el coraje del ejército de Chile", por asumir su responsabilidad por lo sucedido durante los luengos años de la dictadura. ¿Cómo puede el presidente enorgullecerse y congratularse de que el ejército haya reconocido lo obvio y que haya señalado parte de la verdad después de treinta años de mentiras? ¿Cómo es posible que Gonzalo Martner, presidente del partido Socialista, afirme que la entidad "valora enormemente" el planteamiento de Cheyre y, además, lo caracterice como " valiente e histórico". Ni una sola palabra acerca del hecho que el ejército ha pretendido manipular la historia y ha mentido por tres décadas para eludir su responsabilidad en los crímenes cometidos en 17 años de dictadura. No cabe duda que lo señalado por el general Cheyre implica una postura distinta a la sostenida hasta ahora, pero ello no puede considerarse como un gesto de arrepentimiento y honestidad, toda vez que reconoce lo evidente en vista de la acumulación de antecedentes contenidos en el Informe sobre Prisión Política y Tortura que constata, una vez más, la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos. Menos aún, puede catalogarse el documento del general como "un significativo paso para lograr un Chile más democrático, fraterno y cohesionado", tal cual estipula la declaración del gobierno de Chile. Claro, porque entre el discurso y la realidad existe una enorme distancia y, por lo demás, el ejército ha señalado solo parte de la verdad en relación a las atrocidades cometidas.
LO QUE DIJO CHEYRE Y TODO LO QUE FALTA POR DECIR
En una clara operación política ad portas del mencionado informe sobre la tortura en Chile, el general Juan Emilio Cheyre emite un documento que es proyectado por muchos como una continuación lógica de un proceso de distanciamiento institucional del pasado dictatorial y de reinserción societal en el marco de una profunda modernización de la institución castrense de cara a los desafíos del siglo XXI. Para contextualizar dicho proceso, el ejército – de acuerdo a lo establecido en el documento – ha adoptado decisiones " tendientes a abandonar una concepción centrada en una óptica propia de la Guerra Fría. Una visión -por cierto generalizada en los diferentes actores sociales nacionales y organizaciones en todo el mundo- que llevó a la radicalización del conflicto y a la imposición de una lógica de confrontación, que llegó a aceptar como legítimos todos los procedimientos y medios de lucha como métodos para obtener o mantener el poder. Una visión que condujo a la comprensión de la política desde una perspectiva que consideraba enemigos a los que eran sólo adversarios y a la reducción del respeto a las personas, su dignidad y sus derechos". El general omite decir que esa lógica de confrontación no condujo a otros de los que él denomina actores sociales nacionales a detener, torturar y asesinar, como sí lo hicieron las Fuerzas Armadas. Lo que sí admite por primera vez es el carácter institucional de la represión en nuestro país al expresar que el ejército ha tomado "la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado". Esto aparece como positivo en el discurso, sin embargo sabemos que las acciones del ejercito distan mucho de ser congruentes con el contenido de algunos de sus planteamientos, para ello solo basta mencionar la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos que, en teoría, buscaba clarificar el destino de los detenidos desaparecidos y que contó con la participación y supuesta colaboración de los institutos armados y que, en los hechos, se constituyó en una maniobra política más concertada entre las Fuerzas Armadas, el gobierno y algunos abogados de derechos humanos, pero que no produjo resultados substantivos. En definitiva, luctuosamente, los desaparecidos continúan más desaparecidos que antes, porque los actores políticos mencionados utilizaron aquel espacio para crear la impresión que ya se había hecho todo lo posible por averiguar su paradero y que las Fuerzas Armadas no poseían más información al respecto. Se estipuló un plazo de investigación, se acabó el plazo y, claro, no se acabaron los desaparecidos.
Es precisamente considerando este marco referencial que no podemos sino asombrarnos cuando la abogado Pamela Pereira sostiene que "tiene un gran valor este reconocimiento de la responsabilidad institucional, un valor histórico muy profundo, porque creo definitivamente que esto va a marcar el antes y el después del Ejército, y para mí es un continuo que viene desde los debates de la Mesa de Diálogo". Si representa un continuum desde la Mesa de Dialogo, como ella asevera, simplemente significa que estamos ante una nueva farsa, un discurso vacuo destinado, nuevamente, a eludir la verdadera responsabilidad: la de contribuir de manera diáfana, inequívoca y efectiva a la verdad y la justicia en todos los casos de violaciones a los derechos humanos. Este es el punto central, la medida que establecerá la verdadera honestidad y transformación del ejército y sólo entonces podremos creer al general Cheyre cuando señala que "la verdad libera y trae paz a los espíritus". Sin embargo, la historia del ejército chileno está atiborrada de sombríos hechos y de sistemáticos intentos por ocultar la verdad. Es más, el mismo documento del general sostiene que la verdad debe ser "entendida siempre en el contexto histórico en que ocurrieron los hechos". Esto es, para cualquier observador, un claro intento de justificación de lo sucedido debido a las supuestas excepcionales circunstancias en que se verificaron los crímenes.
Por lo mismo, al general Cheyre y al ejército les falta mucho por decir, les falta decir los nombres y ubicación actual de todos los oficiales, clases y civiles pagados que participaron en la represión; les falta decir que sucedió con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos y donde están sus restos; les falta decir por qué mintieron al país y al mundo por treinta años; les falta decir dónde estaban ellos cuando se torturaba, asesinaba y secuestraba opositores; les falta decir qué dijeron e hicieron todos los civiles de la dictadura que sabían lo que acontecía, toda vez que era política institucional; les falta decir por qué aun defienden a criminales utilizando recursos de todos los chilenos; les falta decir por qué contrataron en el ejército a miembros de la Central Nacional de Informaciones, CNI, luego que esta fuera disuelta; les falta decir que Pinochet sabía exactamente todo lo que sucedía en el país; les falta decir que están por la verdad y la justicia sin condicionantes y sin relativizarla. Y, por sobretodo, les falta decir Perdón, así con mayúscula y con vergüenza, como tendrán que hacerlo los demás comandantes en jefe y la clase política que, también por años, subscribió la tesis uniformada de que las violaciones a los derechos humanos no eran de responsabilidad institucional.
Tito Tricot
Sociólogo
Director
Centro de Estudios Interculturales ILWEN
CHILE
Noviembre 2004