Tiene el control de tres de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional

Andrés Soliz Rada
Rebelión

Si se tiene el control de tres de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia, se controla a Bolivia. Y Carlos Sánchez Berzain, ex Ministro de Gobierno del prófugo ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), tiene el mencionado control. El TC, introducido en la Constitución Política del Estado (CPE), en 1995, durante el primer gobierno del prófugo, fue concebido como órgano de control de la constitucionalidad de leyes y decretos. Sin embargo, hoy resuelve conflictos, de manera inapelable, entre Poderes del Estado, recursos directos de nulidad y de amparo constitucional, determina la validez de convenios internacionales y las opiniones que emite son obligatorias.

El jurisconsulto Víctor Hugo Escobar Herbas, en su acucioso libro "Justicia Ordinaria Versus Justicia Constitucional", editado en junio de 2004, advierte que el TC, por la vía de los recursos de nulidad y de amparo constitucional, ha supeditado a la Corte Suprema de Justicia, ha fracturado los principios de unidad jurisdiccional y de jerarquía y se ha convertido en súper poder incontrolable. Añade que "adopta decisiones que sólo compete a los jueces ordinarios y ha creado un clima de inseguridad jurídica por superposición de competencias".

El Consejero de la Judicatura, Germán Gutiérrez, ha denunciado a Martha Rojas, Martha Iñiguez y José Antonio Rivera de haber sido designados miembros del TC por influencia directa de Sánchez Berzain. Rivera respondió que Gutiérrez es parte de la cuota "gonista" en el Poder Judicial. Lo cierto es que el bufete de Sánchez Berzaín, quien fue abogado de GSL antes de ser su ministro, es, de lejos, el más influyente del país. Su poderío fue revelado por el periódico neoliberal "La Razón", del 20-X-95, al recordar que en años precedentes fue abogado de narcotraficantes y en especial de Luis Dorado Erland (barbas chocas), encarcelado por el caso de un avión capturado en Lima, Perú, que había despegado del aeropuerto de la ciudad de La Paz, portando una tonelada de cocaína.

Al producirse el escándalo (15-IX-95), Sánchez Berzaín era Ministro de Gobierno, en tanto su secretaria era amiga íntima de Dorado Erland. La embajada de EEUU se hizo la distraída, debido a que el íntimo colaborador de GSL había logrado que el Parlamento, de aplastante mayoría oficialista, había defenestrado, con la cooperación del agente de la CIA, el nicaragüense Antonio Ibarra, y del cónsul norteamericano, Willy Scarborough, al Presidente de la Corte de Justicia, Edgar Oblitas, quien sostenía que las políticas neoliberales del "gonisno" eran contrarias a la Carta Magna. La hoy magistrada del TC, Martha Rojas, entonces fiscal de narcóticos, participó en el operativo.

El 5-XII-03, el TC declaró constitucional al Decreto Supremo, 24806, de 4-8-97 (gobierno de GSL), por uno de cuyos anexos, que permaneció oculto al Parlamento y la ciudadanía, se entregó a las transnacionales la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. Si bien el actual Presidente Carlos Mesa abrogó el decreto, tal abrogación, al no tener carácter retroactivo, permitirá que las petroleras continúen apropiándose del gas y del petróleo de Bolivia durante la vigencia de los contratos suscritos por el país. Vale decir por las próximas cuatro décadas.

En días precedentes, el TC anuló las designaciones provisionales de magistrados y fiscales dispuestas por el Presidente de la República, en atención a que esos cargos estaban vacantes desde hace varios años. Con esta decisión, el TC logrará detener el juicio de responsabilidades contra GSL, Sánchez Berzaín y otros sindicados por genocidio, violaciones a los derechos humanos y daños económicos al Estado. No es casual que el MNR, el partido de estos personajes, anunciara que se opondrá a cambios en el TC "por ser una de las mayores conquistas de la democracia". Ante este panorama, sólo una nueva Carta Magna, redactada por una Asamblea Constituyente, a reunirse el próximo año, detendrá el dominio de Sánchez Berzaín sobre la justicia, con cuyo poderío podría inclusive anular elecciones presidenciales que no sean del agrado de EEUU, de las petroleras o del "gonismo".