Luis Alberto Echazú Alvarado
Rebelión

Desde 1986, venimos escuchando ya como una cantinela, las supuestamente arduas, difíciles y finalmente siempre exitosas gestiones de los ministros de hacienda para obtener condonaciones de la deuda externa, que permitan acceder a nuevos y mayores créditos.

Ya es un lugar común, aceptado como una verdad sin discusión, que nuestro país, al no tener ahorro interno, debe buscarlo en el exterior para poder realizar los proyectos de inversión pública.

A inicios de la década de los 90, personeros del gobierno de entonces, con una ignorancia que dejaba pequeño su alarde, manifestaron que la deuda externa había dejado definitivamente de ser un problema para el país y que nos dirigíamos a su completa extinción.

Ajenos al carácter intrínseco de la deuda y obnubilados por el irrestricto apoyo político del gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales al proyecto neoliberal, que permitía una coyuntural disminución de la deuda, con las primeras rondas del Club de París, para los procesos de renegociación-recompra-condonación, pensaron que era el fruto de su capacidad e inteligencia.

Poco tiempo tuvo que pasar para que la deuda aumente, a pesar de 8 rondas del Club de Paris, hasta extremos insostenibles, incluso peores que los alcanzados en 1982.

Surge entonces la famosa iniciativa del alivio de la deuda a los países pobres altamente endeudados (HIPC), que se inicia para América Latina en 1997. Desde entonces la iniciativa tuvo que reforzarse con el HIPC II y "Más allá del HIPC".

Nuevamente surgen las infundadas versiones de que la deuda ya no es un problema fundamental y con esta falsa premisa, se acude al nuevo endeudamiento externo, absolutamente condicionado y dirigido a los programas de apoyo a las reformas neoliberales. Este endeudamiento tiene un carácter más nocivo que el de la década del 70, porque no se dirige a la inversión productiva, sino a promover e implantar la institucionalidad neoliberal.

Por otra parte, a partir del proceso de capitalización de las empresas públicas y la ley de capitalización individual (falsamente denominada ley de pensiones) el endeudamiento interno, especialmente con las administradoras de los fondos de pensiones, adquiere tales proporciones que junto a las de la deuda externa, conforman un cuadro de verdadera catástrofe económica y financiera.

A diciembre de 2003, el saldo de la deuda externa es de 5.041 millones de dólares y el de la deuda interna de 1.710.6 millones de dólares, excluidas las deudas de los municipios. Tenemos entonces que la deuda pública total, es decir la suma de la deuda externa e interna, es de 6.752.3 millones de dólares que representan el 85.7% del Producto Interno Bruto.

El servicio de la deuda externa, alcanza a 268.9 millones de dólares y el de la deuda interna de 539.6 millones de dólares. Obsérvese que este último es un poco más del doble que el primero. El servicio conjunto es de 808.5 millones de dólares, monto bastante superior a todo el déficit fiscal. Hace 5 años atrás, en 1998, el servicio de la deuda externa alcanzó a 388 millones de dólares, el monto más alto de la década y el de la deuda interna a 271.2 millones de dólares. El servicio conjunto era de 659.2 millones de dólares. Tenemos entonces que en un quinquenio, el servicio de la deuda externa ha disminuido, pero el de la interna se ha duplicado. El servicio total se ha incrementado en un 23%.

Mientras el PIB ha crecido a una tasa promedio anual del 2.36% en este último quinquenio, el saldo de la deuda total lo ha hecho en el 4.6% es decir el doble que el PIB. El saldo de la deuda interna ha crecido en un 21% de promedio anual, es decir casi 9 veces más que el PIB.

El crecimiento descontrolado e irresponsable de la deuda interna pública a las AFPs, puede poner en serio riesgo la jubilación de cientos de miles de trabajadores bolivianos.

El gobierno de Mesa sigue en general la misma política del gonismo, y particularmente en el tema que nos ocupa, con mucho entusiasmo continúa con la contratación de mayores créditos externos. En 2003, se contrataron nuevos créditos por un monto de 892 millones de dólares.

Al parecer ninguno de los miembros de su gobierno, se ha percatado de la gravedad de las dimensiones del endeudamiento público, que es la fuente más importante del déficit fiscal.

Poco podemos esperar del gobierno Mesa, que es en realidad el gonismo encubierto, y el operador de la política y los intereses de las empresas transnacionales, especialmente petroleras.