Desde la izquierda
Por Héctor Valencia H.
*
A pesar de que los grandes medios de
comunicación las silencian o las desvirtúan en su mezquino registro, las
recientes protestas desplegadas por diversos sectores de la población contra el
mandato uribista configuran el fenómeno político más importante en la actual
situación nacional.
Así lo evidencia el resuelto espíritu que caracterizó las nutridas
movilizaciones que se efectuaron en Bogotá y las principales ciudades del país,
la masiva marcha de las comunidades indígenas en el Cauca, el Valle y otras
regiones, así como la protesta de más de ochenta mil camioneros en paro. Y, en
íntima ligazón con tal ánimo combativo, el estar dirigidas acertadamente contra
facetas medulares de la política que impulsa Uribe Vélez: su reelección, la
firma del Tratado de Libre Comercio, la expedición de medidas que vulneran aún
más las libertades y derechos democráticos y la aprobación de reformas que
intensifican la exacción y expoliación de las gentes.
Al constituir así, en armonía con postulados de la Gran Coalición Democrática,
vivas expresiones de la creciente resistencia civil, bien cabe examinar algunos
de sus rasgos.
En las presentes condiciones del país, toda actividad consecuentemente
patriótica y democrática se enmarca, sean de ello conscientes o no sus
protagonistas, en la urdimbre de la izquierda, connotación que adquiere al
estar contrapuesta a la política de derecha que encarna y aplica Uribe. De allí
que las organizaciones y dirigentes que desde una expresa posición de izquierda
tienen ascendiente entre abigarrados estamentos de la población, no necesiten
desplazarse de su avanzada postura política para acrecentar su influencia
predicando un real cambio de la situación prevaleciente. Por el contrario,
arraigados en la izquierda es como esa labor puede ser más amplia y eficaz. No
existe pues razón alguna para, por ejemplo, desplazarse hacia el centro, ya que
esto implicaría un tránsito hacia el extremo contrario, en este caso hacia la
derecha. Al respecto no deja de ser aleccionador lo expresado por el propuesto
candidato presidencial de Alternativa Democrática, senador Carlos Gaviria, al
reivindicar la dignidad que entraña ser de izquierda: «Saber para dónde vamos,
cuál es nuestra propuesta y si es una propuesta sensata tengan ustedes la
certeza que mucha gente que no se atreve a llamarse de esa manera va a estar con
nosotros, pero eso sí, sin renunciar a nuestra postura, sin disfrazarnos; no hay
nada más indigno que tenerse uno que mimetizar». Y para ser coherentes con lo
antes aseverado, bien puede la izquierda saludar los desplazamientos que hacia
sus posiciones se efectúen desde la derecha, una vez descartado que no se trate
del «viejo truco de presentarse como ‘de centro izquierda’», al que se refería
el columnista Antonio Caballero. Lo cual sería algo tan trasnochado como
arroparse con un «pacto social», estratagema a la que recurrió Cesar Gaviria,
luego trató de reeditar Samper y ahora hasta Uribe intenta remozarla.
Otra peculiaridad de los eventos desarrollados es que corroboran la movilización
de las gentes como la forma más adecuada y eficaz de la resistencia civil,
convirtiéndose las calles y vías en su principal escenario. Allí, directamente,
sectores avanzados de masas ejercen su crítica y repudio a las condiciones
económicas y sociales que los agobian, adquieren por su propia experiencia
comprensión de su formidable fuerza y erigen con su acción el más aleccionador
ejemplo para que el conjunto de la población emprenda igualmente caminos de
unidad y lucha. Si se quiere, lo que así se revela puede denominarse como una
real concreción de la tan mencionada democracia participativa.
Simultáneamente, no hay política del gobierno que preside Uribe Vélez que no
experimente reveses y atoramientos, incluidos los que le origina el destape de
su politiquería. En la ya larga lista aparecen las reticencias europeas ante su
política de seguridad y las conminatorias observaciones de la ONU y otras
organizaciones serias respecto a sus desmadres con los derechos y libertades de
los ciudadanos; las negativas evaluaciones que sobre su gestión gubernamental
emiten diversos organismos internacionales, a lo cual se suman los análisis
críticos de respetables organizaciones y personalidades del país; las sentencias
judiciales que le salen al paso a su autoritarismo tachando de ilegítimas un
buen número de sus disposiciones y medidas; la obligada salida de funcionarios
íntimos del mandatario que han sido ética y legalmente cuestionados y algunos de
ellos penalizados; el rechazo que han recibido las mañas para perpetuase en el
poder, su obstinación en favorecer a los magnates y golpear a las capas
laboriosas, y su incursión en juicios a priori y pataletas a posteriori ante
episodios que contrarían sus planes.
De esa lista, y por lo que tipifica, merece destacarse la inexequibilidad que le
decretó la Corte Constitucional a su estatuto de seguridad, en razón de que los
representantes uribistas violaron normas estatuidas para la aprobación de las
leyes. Aún más escandaloso que haber sido cogidos in fraganti haciéndolo, fue el
embate contra la Corte emprendido por parlamentarios, funcionarios y personajes
uribistas, sin que faltaran algunos editorialistas. Le achacaban haberse
detenido en un formalismo en lugar de pronunciarse sobre el contenido del
proyecto de ley, omitiendo que si incluso en las actividades de carácter lúdico
lo hecho con fullerías simplemente no es admisible, menos aún puede serlo en las
conducentes a instaurar preceptos legales para toda la sociedad. Pero más que a
una omisión, esas reacciones obedecen al desprecio por la observancia de las
normas que dentro del sistema político dominante se le han fijado al
funcionamiento del Estado, desprecio que es la puerta de entrada hacia la
supresión de todo vestigio de democracia. Tiene la misma naturaleza del desdén
por las reglas del juego político que ha hecho ostensible Uribe al aprovecharse
del poder que detenta para legalizar su enquistamiento en la jefatura del
gobierno, al intentar torcer los resultados negativos que tuvo su referendo,
así como al desvirtuar los pronunciamientos de las Cortes y gestionar el
marchitamiento de sus funciones de control jurídico y constitucional.
En síntesis, al examinar los principales aspectos que definen la situación
política nacional, es incontrastable que esta experimenta un importante viraje,
pues mientras el absolutismo proimperialista de Uribe está pasando del auge a la
decadencia, la resistencia civil en su contra cobra cada día mayor vigor.
Mas hay que tener presente que cuando Uribe Vélez recurre a políticas y medidas
de corte fascista, desfogando de paso mezquinas obsesiones, tal proceder se debe
a que sólo así puede satisfacer a cabalidad los intereses imperialistas, en
especial las concernientes a la implementación de los postulados neoliberales.
En realidad, su única y consentida opción, la misma que lo catapultó a la
jefatura del Estado, fue su disposición a no escatimar en la represión y el
abatimiento económico y social que la implantación de esos intereses precisa. Y
es frente a este carácter del gobierno que no cabe oponerle como alternativa
cambios de forma o de énfasis respecto al componente absolutista de su política,
ni escurrirse en llamados a amorosas reconciliaciones y tiernos coloquios
soslayando la crítica y el rechazo, de obra y de hecho, a las medidas que
conducen al apabullamiento de la nación.
En esencia, es mero ilusionismo especular sobre el cambio del modelo económico y
social, sin proponerse primordialmente el de la política proimperialista que lo
sustenta e impulsa. Debe entenderse que sin imperialismo no hay neoliberalismo
y que el avance de este, principalmente en el libre comercio, es imprescindible
para aquel en su estrategia de dominio económico y militar en el planeta. De
allí que para la inmensa mayoría de compatriotas, tanto los millones sumidos en
la pobreza y la miseria como los otros tantos sometidos al arrollador deterioro
en su condiciones sociales, laborales y productivas, la no reelección de Uribe
debe equivaler a la no continuidad de la política proimperialista causante de
sus males. Y no es muy inteligente hacerse ilusiones en que se transarán por
menos.
Tal razonamiento será un punto básico en todo acuerdo programático que se
proponga para aglutinar las fuerzas sociales y políticas contrarias a la
prolongación del gobierno uribista. Lo por frustrar es tanto el apetito
reeleccionista del mandatario como el contenido político de su mandato. De poco
valdría lograr lo primero si lo segundo se mantiene cambiando sólo la puesta en
escena y los actores. De ser positivo el resultado de la lucha contra la
reelección, la consecuencia inmediata sería cortar raíces con la política
neoliberal, sin que de esta, al igual que en la reproducción biológica, quepa
pretenderse que se está embarazado sólo en cierto grado. De no serlo, los
sectores de la población que en los términos antes señalados hayan dirigido la
flecha de su agitación y movilización hacia el corazón de la política y la
administración de Uribe, habrán adquirido una comprensión política que las
capacitará para una resistencia civil de mayor envergadura. Más allá de la
actual coyuntura, este sería de por sí el más valioso e indispensable logro
político en una lucha que, dados los poderosos enemigos internos y externos a
vencer, tiene un carácter prolongado.
* Héctor Valencia H.
Secretario general del MOIR
