Las acciones judiciales en contra del ex dictador Augusto Pinochet continúan
viento en popa, los abogados de causa de derechos humanos y el Servicio de
Impuestos Internos, han presen- tado sendas querellas criminales por sus cuentas
secretas en el banco Riggs y por fraude al fisco respectivamente.
Los abogados Alfonso Insunza y Carmen Hertz, fueron los patrocinantes de la
denuncia que permitió iniciar un proceso contra el ex dictador, luego que una
investigación del Senado estadounidense dio a conocer que Pinochet había
mantenido en forma secreta, millonarias cuentas en el banco Riggs, por montos
que oscilaron en alrededor de 100 millones de dólares de acuerdo a los declarado
al banco por el propio Pinochet. La acusación, a la que posterior- mente se sumó
el Consejo de Defensa del Estado, determinó que la Corte de Apelaciones de
Santiago designara al ministro de fuero Sergio Muñoz para investigar el
enriquecimiento ilícito de Pinochet y familia.
En declaraciones a la prensa local la abogado Carmen Hertz señalo que "lo
evidente es el enriquecimiento ilícito de un funcionario público que no ha sido
y no ha podido razona- clemente justificarlo porque Pinochet y su entorno, como
todos sabemos, ha dado versiones distintas. Ha dicho que es fruto de una vía de
ahorro, lo cual se demuestra con cifras en la mano que es imposible, tendría que
ser mago de las finanzas y darle la receta a todos los chilenos", afirmo Hertz.
Mientras tanto el Servicio de Impuestos Interno, que depende directamente del
Ministerio de Hacienda, reconoció que presentó ante el juez Muñoz una querella
contra Pinochet por un presunto delito de fraude al fisco, en el marco de la
presentación de declaraciones a la renta falsas o maliciosamente manipuladas.
Las dos querellas son producto de la información obtenida, al producirse el
descubrimiento de las cuentas secretas en el banco Riggs. El fraude del ex
dictador ascendería a dos o tres millones de dólares, ahora, de acuerdo a lo
establecido por la legislación chilena, para este tipo de delitos se establecen
penas que van desde pagar una multa de entre un 50 por ciento a un 300 por
ciento del valor del fraude hasta una pena de cárcel desde los 541 días a los
cinco años.
Ahora todos los antecedentes recopilados por el SII establecerían que existirían
presun- ciones claras de ciertas irregularidades por parte de Pinochet, lo que
debe conducir inevi- dablemente a la solicitud de un nuevo juicio de desafuero.
Ello debido a que al ex dictador perdió su inmunidad de ex jefe de Estado, por
encontrarse involucrado en los crímenes de la "Operación Cóndor". La
presentación de las querellas se ha producido después de que Pinochet fuera
nuevamente sometido a exámenes médicos, por decisión del juez Juan Guzmán, quien
lleva el caso relacionado con la coordinación desarrollada por los apara- tos
represivos de las dictaduras del cono sur en la década de los 70.
Los abogados querellantes sostienen que el artículo 9 de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, reconocida por Chile, "define el
enriquecimiento ilícito como el incremento del patrimonio de un funcionario
público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el
ejercicio de sus funciones y que no puede ser justi- ficado razonablemente por
él".
Ahora estas nuevas acciones judiciales, una vez más entran a complicar la
situación jurídi- ca del ex dictador, puesto que ahora no sólo tiene que
enfrentar denuncias por violaciones de los derechos humanos, además tendrá que
responder por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho y nuevas
solicitudes de desafuero.
