VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPAL
Latinoamérica

¿CUAL ES LA PERSPECTIVA DE COLOMBIA  EN AMÉRICA DEL SUR?

(Análisis desde el punto de vista de los derechos humanos) 

 Luis Alberto Matta Aldana*

 Los departamentos de Arauca y Putumayo, y buena parte del Norte de  Santander, así como la región del Magdalena Medio –que comprende la  confluencia de territorios de Antioquia, Santander y Bolívar–, son quizá los  lugares más peligrosos del mundo para un activista comprometido en la  defensa efectiva de los derechos humanos.
 Las zonas mencionadas abarcan en conjunto algo más de 105.000 kilómetros  cuadrados, hoy convertidos en sutiles campos de concentración para quienes  cuestionan al gobierno o integran organizaciones de derechos humanos, y peor  para quienes hayan militado en partidos políticos de izquierda –coaliciones  democráticas tipo A Luchar o Unión Patriótica–, y más grave aún, si se  comprueba que han participado en movimientos rurales que luchan por la  reforma agraria. En Colombia, si usted ha estado vinculado a las luchas del  campesinado que clama tierra y justicia, es firme candidato a ser señalado  como guerrillero y terrorista.
 Y no es que el resto del país esté al margen de las arbitrariedades del  gobierno que encabeza el presidente Uribe Vélez, ya que las detenciones  masivas –o secuestros colectivos– de población civil en regiones apartadas,  el desarraigo forzado, las amenazas, los bloqueos alimentarios a poblaciones  sitiadas, y los crímenes selectivos contra líderes populares, se multiplican  a lo largo y ancho del territorio nacional. Es una vergüenza para la  humanidad que se sigan debatiendo sanciones morales contra los sucesivos  gobiernos colombianos, que tienen por objeto condenar las elevadas tasas de  violación a los derechos humanos, pero que no se tomen medidas concretas  para detener los crímenes. Hoy continúan cayendo asesinados en Colombia  decenas de sindicalistas indefensos, víctimas todos de la barbarie  paramilitar y del terrorismo de Estado.
 El presidente Uribe, orgulloso privilegia el diálogo y la concertación con  las bandas paramilitares –en verdad monólogo–, pero reserva la ira y el  revanchismo con relación a la insurgencia guerrillera. Lo peor es que asume  una actitud similar contra casi todas las expresiones civiles y democráticas  de la oposición política, con lo que clarifica sus supuestas intenciones de  paz. Por último y en un acto de desesperación e impotencia ante los pobres  resultados contrainsurgentes, el gobierno ha enfilado baterías contra las  organizaciones defensoras de los derechos humanos, a las que ha llegado a  tildar, como ‘organizaciones de fachada cómplices del terrorismo’.
 El rostro amable y casi romántico de estas canalladas es el flamante  comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, conocido también como el “doctor  Ternura”. El comisionado ha reiterado insistentemente que “el gobierno  celebra la posibilidad de que las paramilitares AUC –Autodefensas Unidas de  Colombia– funden un partido y se integren a la vida política legal”.
 Recordemos que en la primera semana de Agosto de 1989 ACDEGAM, filial de la  Federación Nacional de Ganaderos –FEDEGAN–, que hoy preside el magnate Jorge  Visbal Martelo, con el auspicio de quienes resultaron ser jefes del cartel  de Medellín, lanzó entonces la misma propuesta, bautizada entonces con el  nombre de MORENA –Movimiento de Restauración Nacional–. Y vaya  casualidad... Numerosos políticos y socios del actual gobierno, la mayoría  empresarios como el ministro de Justicia –Sabas Pretel de la Vega–,  terratenientes y parlamentarios, que festejaron con champan aquella  aberración política, olorosa a crímenes de lesa humanidad, son los mismos  que cantan y bailan con la posible fundación de un nuevo partido.
Preparémonos porque camina lenta, pero segura y tranquila la impunidad.
 Entre tanto, el narcotráfico que por obra y gracia de la propaganda oficial  aparece supuestamente debilitado, en realidad reorganiza aceleradamente sus  viejas estructuras, mientras toma parte en el “dialogo” paramilitar. Los  feroces conflictos que actualmente se vive entre facciones de los carteles,  que se están resolviendo a punta de pistola, señalamientos y masacres, es  una señal de su reacomodamiento interno. Una situación está clara: los que  se quedaron por fuera del acuerdo con el gobierno serán exterminados,  encarcelados o extraditados a los Estados Unidos, según la conveniencia.
Los demás serán beneficiarios de la ley de alternatividad penal, no serán  extraditados, y obviamente integrarán el nuevo partido.
 La vieja idea de un partido de derechas ha tomado nuevos aires con el  respaldo, por ahora sutil, de una treintena de parlamentarios ligados al  mundo empresarial y latifundista. La Representante por Antioquia Rocío  Arias, junto al Senador ïndependiente” y exministro de la Defensa Rafael  Pardo Rueda, han dejado entrever los planes venideros. Arias fue enfática al  afirmar el pasado 16 de enero en el diario El Tiempo: "Ya en las regiones  donde operan estos grupos de autodefensa hemos aprendido a convivir con  ellos de manera articulada (...) Estos grupos se han convertido en la tabla  de salvación para esas regiones", dijo la congresista.
 La severa crisis humanitaria que padece Colombia se agrava ostensiblemente  con el gobierno de Uribe Vélez, y en la medida que este se convierte en el  aliado principal de los Estados Unidos en la zona, la crisis tiende a  convertirse en un problema de carácter regional. Lacras como la corrupción,  el narcotráfico, el militarismo armamentista, la expansión de la pobreza, la  ausencia de trabajo, el hambre, la violencia y el crimen, producto de los  regímenes descompuestos que han patrocinado los gringos, son temas  convertidos en pretexto intervencionista, mediante el llamado Plan Colombia.
Y ahora, cuando los pueblos se levantan indignados ante la pobreza, el  sometimiento y la injusticia, entonces los gringos entran en escena a  defender la democracia y contener al terrorismo.
 Sin temor a equivocarme puedo señalar a mi país como la futura cabeza de  playa, o como el instrumento para una grave intervención de los Estados  Unidos en América del Sur. Obviamente el primer objetivo es la derrota de  las guerrillas colombianas, ya que las insurgentes FARC-EP y ELN tienden a  convertirse en emblemas de la rebeldía regional. Los mensajes pausados y de  innegable realismo político del legendario comandante Manuel Marulanda, y la  expansión silenciosa del Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia,  definitivamente trasnochan a los estrategas del pentágono.
 Los EEUU ante el evidente temor de que Uribe no termine su mandato –somos  muchos los que pensamos que su gobierno no tendrá un final feliz–, y que la  guerra civil colombiana se salga de sus manos, se adelantan a regionalizar  el conflicto para garantizar su control. La intromisión en el conflicto  interno, so pretexto de combatir el narcotráfico y defender la “democracia”,  apunta más bien a intervenir en países vecinos. El epicentro de la  estrategia, en principio, será la República Bolivariana de Venezuela, que a  su vez ha de convertirse en la advertencia a otros pueblos del área que  acosados por el hambre y la injusticia, hoy reclaman democracia y soberanía  para resolver sus problemas sociales y políticos.
 No perdamos de vista que el gobierno colombiano saca pecho como principal  aliado del imperialismo, incluyendo su deshonroso apoyo a la intervención en  Irak, mientras los norteamericanos sacan partido de la maltrecha y  corrompida institucionalidad de Colombia, genuflexa y acostumbrada al  traicionero papel de “caín de América”.
 Es un sofisma de distracción hacer pensar que los arsenales instalados día a  día en Colombia, estén únicamente orientados a aniquilar a la legendaria  oposición guerrillera. Colombia ha sido dotada por sus patrocinadores de  una moderna flotilla aérea compuesta por 79 helicópteros de última  generación, todos artillados y dotados de misiles; de 9 aviones tipo radar  para espionaje –dos de ellos derribados por la insurgencia–, y ha renovado  aceleradamente su equipo de bombarderos. Esto acontece a la par de la  llamada reingeniería o profesionalización del Ejército de tierra, iniciada  durante el gobierno anterior –Andrés Pastrana–, actualmente entrenado por  “asesores” británicos e israelíes y de EEUU principalmente.
 A lo anterior hay que sumarle el inusitado incremento del pié de fuerza, ya  que se han adicionado 78.000 hombres durante los últimos 27 meses, sin  contabilizar los dos logros y orgullo máximo del presidente Alvaro Uribe:  los soldados “campesinos”, que la prensa nacional ha destacado en un número  cercano a los 23.000, y un millón de sapos, candorosamente llamados  “informantes”. En realidad se trata de bandas peores que las funestas  rondas campesinas del Perú.
 Los llamados soldados “campesinos” son en apariencia una estrategia pública,  al menos en áreas de control absoluto de las Fuerzas Militares y  paramilitares, mientras que los segundos son diseminados o contratados  secretamente a lo largo y ancho del país, pero principalmente en el área  fronteriza con Venezuela, entre los departamentos de Arauca, Norte de  Santander y Cesár. Cuantas armas poseen las bandas de “informantes”? Nadie  lo sabe, y menos aún las cifras millonarias que controlan. Parte del botin  sale de las inexpugnables cuentas secretas del Ministerio de Defensa, ahora  bien alimentadas con el Plan Colombia, y solo mencionadas gracias a los  desafueros y actos de corrupción de los chafarotes de las Fuerzas Armadas y  de Policía.
 Por su parte la policía que de tiempo atrás perdió su calidad de ente  cívico, ha venido transformándose en un poderoso ejército de ocupación en  los cascos urbanos de los pequeños municipios. La misión de la policía es  reprimir sin consideración alguna a la población civil y sus expresiones  organizativas de oposición al régimen, con lo que las tropas del Ejército  pueden dedicarse por completo a las áreas rurales y particularmente a las  zonas de frontera.
 Mientras tanto y como para ir aceitando un desafío de alto calibre contra  Venezuela, tenebrosos personajes como los generales del Ejército Iván Ospina  y Martin Orlando Carreño, así como empresarios de la ‘rancia oligarquía’,  como el millonario accionista del periódico El Tiempo de Bogotá, exministro  de Estado y excandidato presidencial Juan Manuel Santos, socio y protector  del golpista Carmona, han iniciado una campaña de provocaciones, cuyo  propósito es ligar al gobierno venezolano, con las acciones y desarrollo de  las FARC-EP, como si las guerrillas hubieran nacido ayer, o como si estas no  contaran con base social y respaldo popular interno.
 Por lo pronto solo nos queda seguir insistiendo en el diálogo –entre  contrarios–, es decir, por un lado el Estado encabezado por el gobierno y  sus aliados, y del otro la insurgencia, diálogo en el que tendrá que  incluirse de forma independiente, al amplio y multifacético movimiento civil  de oposición, que para dolor de Uribe y sus aliados, siempre ha sido fiel a  la solución política del conflicto, y siempre estará comprometido con la  búsqueda de la paz.
 * Luis Alberto Matta, autor del libro “Poder Capitalista y Violencia  Política en Colombia”, que trata sobre el genocidio contra el movimiento  político Unión Patriótica, es un destacado activista por la paz y en la  actualidad se encuentra como refugiado político. El presente artículo fue  escrito en Enero 19 de 2004 para la Agencia de Prensa Rural con sede en en  el Magdalena Medio colombiano, y para el periódico Resumen Latinoamericano,  cuya distribución principal es en Bolivia, Venezuela, Argentina y España.