Eduardo González
Rebelión

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, autorizó expresamente, mediante una Orden Ejecutiva, el uso de métodos inhumanos de interrogatorio contra los prisioneros de Irak, según revela un documento interno de la Policía Federal estadounidense (FBI) reproducido ayer en la página de Internet de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una asociación que cuenta con 400.000 afiliados y simpatizantes en todo el país.

El documento fue facilitado por el propio Gobierno a la ACLU y a otras organizaciones de Derechos Humanos, en respuesta a las acciones legales emprendidas por estas asociaciones contra el Ejecutivo, al que acusan de haber incumplido la Ley sobre Libertad de Información.

Un correo electrónico de dos páginas del FBI, fechado el 19 de mayo de 2004, hace referencia a "una Orden Ejecutiva firmada por el presidente Bush" por la cual se autoriza, directamente, el uso de ciertas técnicas de interrogatorio, como la privación de sueño, las posiciones incómodas, las amenazas con perros entrenados por los militares y la "privación sensorial a través del uso de capuchas".

Desde "mi llegada a Irak, hemos tenido mucho cuidado en instruir a nuestro personal para que sólo utilice técnicas de interrogatorio ajustadas a la norma", señala en el correo un alto responsable del FBI cuyo nombre está tachado. "También hemos ordenado a nuestro personal que no participe en interrogatorios efectuados por personal militar que puedan incluir técnicas autorizadas por la Orden Ejecutiva pero que se extralimiten de las prácticas normales del FBI", añade.

"Ejemplos" de esas "técnicas autorizadas por la Orden Ejecutiva", se lee en el segundo párrafo del correo, son "la música alta, los gritos de los interrogadores a los prisioneros, las capuchas en las cabezas de los prisioneros, etcétera". "Aunque nuestro personal no ha participado en estos interrogatorios, sí oyó o vio indicios de que éstos se produjeron", asegura el mensaje.

La ACLU ha urgido a la Casa Blanca para que confirme o deniegue la existencia de este documento, que se une a otros informes recientes que han tirado por tierra las afirmaciones del Ejército estadounidense según las cuales los malos tratos se han limitado a unos pocos casos y no formaban parte de una política deliberada.

Según el director ejecutivo de ACLU, Antonio D. Romero, "los altos representantes del Gobierno no pueden seguir ocultándose del escrutinio público señalando con el dedo a unos soldados de baja graduación". La ACLU, fundada en 1920, se persona cada año ante los tribunales de todo el país en aproximadamente 6.000 casos relacionados con libertades civiles.

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