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La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha decidido que el ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo continúe cumpliendo su condena de 75 años en su domicilio de Madrid. Galindo fue condenado por el «secuestro y asesinato» de Joxean Lasa y Joxi Zabala, que tuvieron lugar en 1983.

El ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 75 años de cárcel por el «secuestro y asesinato» de Joxean Lasa y Joxi Zabala, abandonará la prisión de Ocaña-II (Toledo) en los próximos días por «problemas de salud», según adelantó ayer la cadena Ser y confirmó posteriormente Instituciones Penitenciarias. A media tarde, la emisora indicó que «la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado a su domicilio de Madrid, desde donde seguirá cumpliendo la condena bajo vigilancia policial».

El organismo responsable de su excarcelación «no considera necesarias medidas de control telemático» ya que, por su «implicación» en la lucha contra ETA, «queda sometido a protección personal permanente mediante escolta policial». El cambio en el cumplimiento de la pena cuenta con el visto bueno de la Junta de Tratamiento de Ocaña-II, aunque no significa la concesión del tercer grado.

Al antiguo responsable del cuartel de Intxaurrondo, de 65 años, se le aplicará un artículo del reglamento penitenciario que prevé «situaciones especiales por motivos de salud de los reclusos». El ex general «sólo podrá abandonar su casa para acudir al médico o someterse a los tratamientos que se le impongan», matizaron Efe y Europa Press. Al parecer, los problemas de salud de Galindo son de carácter coronario. En agosto pasado ya fue ingresado en un hospital de Toledo para ser tratado de una arritmia cardiaca.

Sin cambio de grado

Al tiempo que anunciaba su excarcelación, Instituciones Penitenciarias volvía a denegar a Galindo el cambio a tercer grado, cuya concesión hubiera supuesto que tendría que pasar encerrado ­bien en casa, bien en la cárcel­ sólo cuatro noches por semana. No es la primera vez que se solicita el tercer grado para el ex general, siempre con respuesta negativa. La Junta de Tratamiento de Ocaña-II había dado luz verde a la demanda presentada por su defensa, al considerar que existen motivos como «el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos objeto de la condena ­Lasa y Zabala fueron secuestrados y ejecutados en 1983­, que ha satisfecho su responsabilidad civil, su proceso de resocialización avanzado y su estado de salud». El ex general comenzó a cumplir su condena de 75 años el 9 de mayo de 2000 en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid).

El 14 de julio de 2003 ingresó en el centro ordinario de Ocaña, a donde fue llevado tiempo después de que le fuera retirado su estatus de militar. Previamente a la sentencia, estuvo en Alcalá de Henares de modo preventivo entre el 23 de mayo y el 2 de agosto de 1996, y entre el 15 de setiembre de 1997 y el 26 de junio de 1998.

Las primeras reacciones no se hicieron esperar. La diputada del PNV Margarita Uria recordó los «crímenes terribles» cometidos por Galindo y denunció la desigualdad de trato respecto a otros presos. Aralar remitió una nota en términos similares y comparó esta situación con la de Bautista Barandalla, que sigue preso pese a su grave enfermendad. Recordó «la responsabilidad que el PSOE, partido ahora en el poder, tuvo en la creación y desarrollo del GAL». Gaspar Llamazares (IU) solicitó al Gobierno que estudie «a fondo» esta «controvertida cuestión».