Comunicado del Sindicato de Prensa de Neuquén

Los ataques a la prensa en Neuquén son permanentes y cada vez más intensos. Van desde agresiones físicas, ataques de la policía, amenazas e intimidaciones, hasta el corte de la pauta publicitaria a los medios críticos con el gobierno o la difamación de los periodistas que no confesan el culto oficial.

Nuestro Sindicato de Prensa los denunció uno a uno y exigió explicaciones al poder político y a la justicia en cada caso particular, sin que hasta ahora haya habido una respuesta satisfactoria.

Presentamos hoy esta denuncia porque consideramos que cada ataque a un trabajador de prensa, es ante todo un atentado contra la libertad de informar y el derecho de los ciudadanos de estar informados.

El último embate del gobierno contra la prensa se concretó hace pocos días, cuando un ministro del gabinete provincial le exigió a la justicia que investigue la identidad del periodista que recogió información sobre una causa que lo involucraba.

Para cualquier justicia independiente, esta denuncia no hubiera requerido ningún análisis porque vulnera elementales principios consagrados por la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, pactos internacionales y convenciones supranacionales destinados a garantizar la libertad de expresión, de prensa y de opinión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108º período ordinario de sesiones dejó claramente establecido que la libertad de expresión "es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática" y que, para materializar ese propósito, "toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente", sin censura, discriminación ni impedimento algunos.

La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó que "el acceso a la información es un derecho irrestricto de todos los individuos" y que "los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho".

Por su parte el artículo 43 de la Constitución Nacional convalida la indemnidad de la fuente de información periodística expresando tajantemente que "No podrá ser afectada la fuente de información periodística". En igual sentido, el artículo 20 de la Constitución Provincial consagra: "…No será trabado el libre acceso a las fuentes de información".

Sin embargo, el Fiscal General de la provincia lleva 20 días analizando la presentación del ministro y promete tomarse quince días más. En este período, la democracia, la justicia, la independencia de poderes y los derechos de los ciudadanos permanecen en el limbo.

Hay quienes creen que cuando un periodista investiga o difunde noticias sobre hechos de corrupción, irregularidades en la gestión de gobierno o relativos a actos de manifiesta falta de ética, se atenta contra los poderes del Estado y contra la sociedad. El gobierno neuquino se inscribe en esta línea, y no deja de ver maniobras golpistas cada vez que una información delata actos de esta naturaleza.

Desde nuestro Sindicato creemos sin embargo que el verdadero atentado contra la sociedad y contra la democracia se produce cuando se intenta cercenar, censurar, controlar o presionar a los medios y a los periodistas. Es que –siguiendo al periodista francés Ignacio Ramonet- creemos que sólo una sociedad informada de todo lo que ocurre a su alrededor, podrá ejercer cabalmente su responsabilidades ciudadanas.

Consideramos que nuestra tarea es reflejar lo que ocurre en la comunidad, con todas las voces, y no sólo las que adulan el oído del funcionario de turno. Un concepto que es fundamental para cumplir con nuestra misión, pero que sufre el embate del gobierno que con actitud autoritaria trata de manipular todo lo que la gente debe leer, escuchar o ver.

El Ejecutivo provincial encaró una agresiva política destinada a controlar todos los medios de comunicación posibles, y a varios "formadores de opinión" que trabajan en medios masivos de la región. Esta política oficial se lleva a cabo a través de la compra lisa y llana de medios a través de amigos y socios del poder, el control de otros utilizando la publicidad oficial como método de presión, o –como aquí se denuncia- atacando a los medios o periodistas renuentes a reproducir automática y acríticamente el discurso único del gobierno.

Así las cosas, los periodistas venimos denunciando desde hace tiempo que trabajamos en condiciones francamente peligrosas. Ya son parte de la rutina periodística recibir amenazas, aprietes, golpes, insultos, presiones de todo tipo, intimidaciones, censura, maltrato, matoneadas, acusaciones.

Cada trabajador que sale a la calle se expone a un grado de violencia cuyos límites desconocemos.

A continuación, ofrecemos una detallada lista de hechos que motivan este presentación antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

LOS HECHOS

El 19 de marzo de 1999 el periodista de radio Universidad Calf, Bernardo Guerra, recibió un balazo de goma en la cara mientras cubría la represión policial contra trabajadores del Estado. Ese día se inauguraba un nuevo hospital en el sector oeste de la ciudad, en donde viven los dos tercios de la población neuquina, en condiciones de extrema pobreza.

Una protesta de los trabajadores del Estado en contra del sistema de gerenciamiento de ese nosocomio, derivó en una absurda represión policial. Un agente, fuertemente pertrechado y con la cara cubierta por una máscara anti gas, le apuntó a Guerra desde la escalera en la que estaba parado y le disparó directamente a la cara. Se radicó una denuncia penal pero nunca se pudo identificar al policía que le disparó. Guerra tenía en una mano un grabador con la identificación de la radio en la que trabajaba, y un handy en la otra, con el que transmitía en vivo lo que estaba ocurriendo.

En febrero del año 2000, el secretario de Información Pública de la Provincia de Neuquén, Pedro Alejandro Salvatori citó al camarógrafo del canal de cable Todo Noticias (TN), Carlos Monsalves a su oficina. El funcionario le manifestó que el gobierno provincial (hacía sólo dos meses que Jorge Sobisch había asumido una nueva gestión) veía con preocupación el "ensañamiento de TN con la provincia" por las imágenes que eran reproducidas por ese canal nacional, y que incluían actos de represión contra manifestaciones, movilizaciones y protestas de empleados del Estado.

Pero además, le confesó a Monsalves que "existen sectores en el partido oficial que son incontrolables". A las pocas horas de esa charla, dos individuos que se movilizaban en una camioneta interceptaron a Monsalves en la calle y lo amenazaron: "si no dejás de mandar esas imágenes, te vamos a tirar al río, cerca de tu casa". Monsalves vive a pocos metros del río Limay. El sábado 24 de junio del 2000, fue interceptado por un desconocido en bicicleta, que se bajó, lo encañonó en la cabeza con un arma de fuego y solamente le robó su cámara Panasonic M 9000. No se llevó ni dinero, ni el teléfono ni otra pertenencia.

La noche del 14 de agosto de 2002, los colegas de la FM Pocahullo de San Martín de los Andes fueron prácticamente desvalijados y amenazados por funcionarios del gobierno comunal, también pertenecientes al Movimiento Popular Neuquino. La emisora comunitaria venía haciéndose eco de denuncias de dirigentes sociales de la localidad contra las amenazas recibidas por parte de "punteros y nuevos integrantes de la juventud del Movimiento Popular Neuquino".

Esa misma noche, desconocidos sustrajeron documentación del vehículo de Roberto Arias, director de la radio y atravesaron el asiento del auto con una estaca, en un claro y peligroso mensaje mafioso.

Esto se sumó a la amenaza de muerte de la que fue objeto otro de los directivos de la radio por parte de un hombre vinculado al Ejecutivo comunal, y la destrucción de un equipo de transmisión.

En agosto del 2002, la Asociación Periodistas de Neuquén presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe se titulaba "Publicidad, medios de comunicación y democracia: La política del rebaño del gobierno neuquino". Allí se invocaban conceptos de la propia CIDH para quien la libertad de expresión es una "piedra angular" en la existencia misma de una sociedad democrática, y la consideraba "indispensable para la formación de opinión pública y condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre".

Periodistas de Neuquén, alertó en ese documento que "la libertad de expresión -y la democracia misma- están siendo amenazadas por esta política del gobierno, en tanto el Estado –que debería velar por el interés público con respecto a la búsqueda de la verdad- aparece aquí atentando contra ese interés general en la medida en que se opone a que la verdad aparezca".

Además, reflexionó sobre el hecho de que "si no existe una prensa libre que garantice estos principios, desaparece la posibilidad de tener una sociedad verdaderamente informada, con espíritu crítico, con capacidad de análisis, con una visión crítica de los hechos, pero que la continuación de esta política, permitía tener –según Noam Chomsky- un rebaño obediente".

El 4 de noviembre del 2002, un funcionario del Movimiento Popular Neuquino de la comuna de Centenario amenazó a la periodista Shirley Herreros del Río Negro de esa localidad, e integrante de la comisión directiva de nuestro sindicato.

Edgardo Iribarren, le advirtió a Herreros que tuviera "cuidado con lo que escribís". Iribarren estaba siendo investigado por la justicia por un resonante y escandaloso caso de reparto de subsidios y por el cobro a trabajadores municipales de un "diezmo" para la campaña del Movimiento Popular Neuquino. Hasta el día de hoy, no hubo ni explicaciones, ni pedidos de disculpa ni sumario para el ex funcionario comunal.

El domingo 8 de diciembre del 2002, el diputado de la Alianza en la legislatura provincial, Jorge Taylor denunció por cohecho al gobernador Jorge Sobisch y al diputado provincial Osvaldo Ferreira, vicepresidente primero de la Legislatura. Desde ese día, las presiones hacia la prensa se tornaron insostenibles.

El 9 de diciembre, el Ministro de Gobierno, Educación y Justicia de la provincia, Oscar Gutiérrez, arengó a una multitud reunida en casa de gobierno y amenazó con que habían "soltado a las bestias", a raíz de las denuncias realizadas por el diario Río Negro a partir del escándalo de las cámaras ocultas que involucraban a Ferreira y Sobisch.

Por el mismo hecho, el entonces presidente del Banco Provincia de Neuquén, (actual ministro de Seguridad y Trabajo y jefe de la policía neuquina) Luis Manganaro dijo el 10 de diciembre del 2002 que devolverían "piña por piña" ante las denuncias que ellos interpretaron como agresiones.

El propio gobernador Jorge Sobisch, emprendió desde ese día una batalla personal contra todos los periodistas de los medios independientes, sobre todo contra los del diario Río Negro -el que más despliegue dio a las denuncias de las cámaras ocultas- y en particular contra aquellos que hacían preguntas cuyas respuestas Sobisch no quiere dar. En una oportunidad llegó a afirmar que él no se metía con la familia y los hijos de los opositores que lo critican, pese a que tiene "el poder para hacerlo".

Esta presión se acompañó con la decisión oficial del gobierno de Sobisch de cortar toda la pauta publicitaria al diario Río Negro, desde diciembre del 2002, utilizando el dinero de los neuquinos en forma discriminatoria, abusiva, descontrolada y arbitraria, como herramienta de premio o castigo.

De todos modos, el corte de la publicidad al diario Río Negro, lo sufrieron otros medios de comunicación de la provincia, más chicos y más alejados de esta capital, quienes por intentar ser independientes de la voluntad oficial, se encontraron con esta medida de censura del gobierno.

El jueves 6 de febrero del 2003, aparecieron pintadas que ocupaban todo el frente de la emisora CALF-Universidad contra el periodista Carlos Marcel. "Cortala con Sobisch", "Marcell sos boleta" y "Zurdo", fueron algunas de ellas. Marcel y Marcelo Pascuccio, eran los conductores de uno de los programas críticos al gobierno más escuchados de la capital neuquina, llamado "La Palangana".

El 8 de marzo de 2004, el diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino y vicepresidente primero de la Legislatura neuquina, Oscar Gutiérrez dijo en una conversación telefónica que se vengaría del periodista Jorge Gadano por una nota que había publicado, obligando a su esposa, la periodista y militante feminista Mónica Reynoso, a practicarle "un pete" todas las mañanas. En su artículo en el periódico (8300), Gadano contaba detalles del suntuoso chalet que el diputado se estaba construyendo en un barrio exclusivo de la región, pese a haberse declarado en quiebra hacía cuatro años.

La fiscalía general de Walter Trincheri le tomó declaraciones a Reynoso, Gadano y a quien recibió el llamado telefónico de Gutiérrez. Pero nunca citó al diputado. En una charla con Reynoso, Trincheri le confesó que no lo hacía porque seguramente el legislador desmentiría los hechos.

Mientras tanto, las agresiones nunca cesaron y comenzaron a mezclarse con burlas y denostaciones permanentes contra los trabajadores de prensa. En más de una oportunidad, ante preguntas incómodas, el gobernador Jorge Sobisch termina preguntándole al periodista de qué partido es. Casi a diario, algún movilero, camarógrafo, redactor o cronista es víctima de alguna agresión por parte del poder de funcionarios del gobierno neuquino encabezado por Sobisch. Muchos de ellos, son estudiantes de la carrera de Comunicación Social que se dicta en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, que realizan pasantías o residencias en medios de comunicación de la región.

INACCESIBILIDAD A LAS FUENTES

Paralelamente, el gobierno fue cerrando las fuentes de información a todos los periodistas que de los medios críticos. La gran mayoría de los funcionarios se niegan a dialogar con periodistas del diario Río Negro o la Radio Universidad Calf. Es casi imposible acceder a un documento oficial. Se "abolió" la oficina de Leyes y Decretos, lo que hace una misión casi imposible acceder a la copia completa de algún decreto oficial. La única referencia es la breve síntesis que aparece en el Boletín Oficial de la Provincia, en donde aparecen los decretos abreviados, sin anexos y con la numeración discontinuada.

El nuevo secretario de Información Pública de la provincia, Juan Manuel Sandoval, tiene una política discriminatoria hacia los medios de comunicación que no son del agrado de los funcionarios. Dejó de convocar al diario Río Negro y a la radio Calf entre otros, a las conferencias de prensa oficiales. Tampoco les informa sobre los movimientos y la agenda del gobernador.

La mayoría de los funcionarios huyen ante la presencia de periodistas en lugares públicos como el aeropuerto. Evitan todo contacto con la prensa que no sea oficialista.

Un capítulo aparte merece el tratamiento que ejercen sobre los trabajadores de prensa los directivos de medios de comunicación sometidos (voluntaria o involuntariamente) a la presión del gobierno mediante la publicidad oficial, para que no pregunten nada, pregunten sólo determinadas cosas o para que saquen urgente del aire a tal diputado o funcionario público.

Es que -como se explicó más arriba- se ha construido en Neuquén una poderosa red de información unidireccional, que sólo sirve para difundir el mensaje del oficialismo, y de todos los que lo apoyan. Y para evitar que salgan al aire los que cuestionan, critican o simplemente piensan diferente al gobierno.

Esta concentración mediática constituye un grave atentando contra la democracia, porque priva a los ciudadanos de la provincia la oportunidad de confrontar opiniones, discursos e ideas, de modo de poder elaborar conclusiones que vayan mas allá del mensaje impuesto.

IDENTIDAD DE LA FUENTE

El 10 de agosto pasado, el diario Río Negro publicó detalles de una investigación judicial que involucraban al ministro de Seguridad Luis Manganaro (el mismo del piña por piña) en una maniobra de desvío de fondos perpetrada cuando éste era funcionario del Banco Provincia de Neuquén.

La aparición de la noticia motivó una denuncia radicada por Manganaro en la fiscalía general, a cargo del doctor Richard Walter Trincheri. La denuncia del funcionario reclama:

"Que en salvaguarda de mi buen nombre y honor se investigue quienes fueron todos los actores involucrados en dicha noticia periodística, toda vez que los hechos allí publicados son absolutamente falsos, en virtud de ello y sin perjuicio de ampliar esta presentación, solicito se investigue al Diario "Río Negro" a efecto de determinar qué periodista escribió la nota, quién o quienes le brindaron la información, en qué fecha fue brindada dicha información, si existieron reuniones entre periodistas del diario "Río Negro", miembros de la justicia. el señor Sagarzasu (el hombre que involucró al ministro en la maniobra de desvío de fondos), los asesores técnicos del señor Sagarzasu e idéntico análisis de conversaciones telefónicas entre los mismos, tanto en fechas previas a la publicación de la nota como en fechas posteriores. Que se cite a declarar a efecto de que proporcionen información a los empleados de los órganos del Poder Judicial que hayan tenido intervención en este trámit e especialmente a los empleados de la fiscalía de delitos contra la administración pública y aquellos órganos que ejerzan facultades de superintendencia de esta fiscalía . para que informen como es el procedimiento de entrega de información a la prensa, qué periodistas frecuentan las oficinas de estos organismos y en base a qué facultades legales se hace entrega de información, asimismo se investigue la posible maniobra de difamación de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial bajo el modus operandi de hacer denuncias falsas, que son luego recogidas durante meses o años por los medios de comunicación, quedando en letra muerta para los presuntos delincuentes el derecho de defensa en juicio y las garantías que a todo ciudadano le brinda la constitución respecto de la salvaguarda de su buen nombre y honor, precepto recogido también por la Declaración Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, documento que integra la constitución nacional . Este modus operandi, cu yo único objeto es desprestigiar y a partir de ese desprestigio obtener rédito político, tiene actores que parecieran ser siempre los mismos, por lo tanto solicito se investigue casos similares que hayan terminado con absoluciones en la justicia y abultadas injurias en los medios de comunicación, cito como ejemplo el episodio de la cámara oculta efectuada al Gobernador de la provincia de Neuquén, hecho que fue notoriamente publicado por el Diario "Río Negro", por los mismos abogados que hoy patrocinan a quien presuntamente a robado dinero del banco de la provincia y pretende cargarme su responsabilidad a mí. Solicito de esta investigación una respuesta concreta que no es otra que encontrar los responsables de este hecho y como ciudadano espero fervientemente que esta causa no se archive, y que se lleve la investigación hasta las últimas consecuencias.

Por otra parte, en la misma presentación, el ministro Manganaro avanza sobre el Poder Judicial de la provincia de Neuquén, y reclama:

"Se de intervención al Tribunal Superior de Justicia a efectos que inicie el sumario administrativo correspondiente, con el objeto de constatar si la conducta de los supuestos funcionarios judiciales intervinientes se ajusta a las leyes y reglamentos vigentes, en tanto, según el diario "Río Negro", estoy siendo investigado sin que hasta el momento tenga noticia formal de ello vulnerándose así mis mas elementales derechos de defensa, concretamente, lo que pido se investigue en el sumario es si se ajusta a derecho que la información sea primero brindada a los periodistas y posteriormente, a los involucrados en el hecho".

Paralelamente, se puso en marcha una campaña de hostigamiento sobre la prensa. El 31 de julio el gobernador Sobisch afirmó que el diario Río Negro "quiere que a la provincia le vaya mal" y le reclamó a los "analistas políticos" que "dejen de atacar a la provincia del Neuquén". Este "mensaje" llegó después de que el medio difundió un encuentro que había mantenido con el ex presidente Carlos Menem, en oportunidad de una visita oficial a Chile, y que se pretendía mantener en secreto.

El 31 de septiembre del 2004, el vicepresidente primero de la Legislatura, el emepenista Oscar Gutiérrez, inauguró una sesión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara con un encendido alegato en contra del diario Río Negro. Dijo que haría una presentación en la Fiscalía General similar a la del ministro Manganaro para exigir que se investigue al fiscal o los fiscales que le informaron al diario sobre la denuncia por enriquecimiento ilícito que pesa en su contra y qué periodista escribió la nota.

En esa ocasión, afirmó: "yo resguardo la libertad de prensa, pero esta basura (dijo mostrando un ejemplar del diario Río Negro) tiene que saber que esto es a muerte!".

Aseguró además que "si así atacan al vicepresidente primero de la Legislatura, no quiero pensar en las violaciones contra los ciudadanos. Y me calienta tres pelotas que venga ADEPA o Verbitsky...!"

SON ATENTADOS

En este ambiente, en este contexto y bajo estas presiones, salimos a trabajar todos los días. Sin saber de dónde vendrá el golpe, quién nos intimidará, o qué nos estará permitido decir y qué deberemos callar para no irritar al poder.

Esta presentación tiene como objetivo que el organismo que Usted preside se expida ante los hechos denunciados. Y que se sume a la defensa del derecho a ejercer nuestra labor profesional con libertad, sin censuras ni presiones. Y que cesen todos los actos intimidatorios propios de los autoritarios y no de quienes dicen temer por la estabilidad democrática.

Estos actos denunciados no son gajes del oficio. Son, lisa y llanamente, atentados, y como tales serán denunciados, tal como lo hacemos mediante este documento que pretendemos elevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fabián Bergero, Secretario Gremial
Marcelo Pérez Lizaso, Secretario General