El poder judicial como instrumento represivo, y no de justicia. El espionaje a integrantes de movimientos sociales ordenado por el juez de la causa AMIA. El forzamiento de las leyes para castigar a los que protestan. El castigo a inocentes para generar miedo. Las condiciones de detención aberrantes, y la falsa neutralidad del gobierno, según el abogado Claudio Pandolfi.

Agencia La Vaca

"No cambió la estrategia del gobierno: entró en su segunda etapa" dice el doctor Claudio Pandolfi, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de abogados de Lomas de Zamora, y abogado de Correpi.
"La primera etapa consistió en aislar a los movimientos de desocupados, llevarlos a un punto de saturación con respecto a la sociedad, que hoy es indiferente frente a los piqueteros. Le es indistinto lo que les pueda pasar". Algunos movimientos, asegura Pandolfi, detectaron esa temperatura a tiempo y cambiaron sus modos de acción. "Pero otros siguieron en la misma colaborando, sin querer, con la táctica del gobierno".
Según el argumento, construida la indiferencia social, se avanza en la judicialización, bajo la superstición de que todo ocurre gracias a la independencia de poderes: "El gobierno no emite opinión, como si los reclamos que motivaron las detenciones no fueran reclamos al gobierno. No se responde a esos reclamos, se permite que actúe la policía y detrás viene el poder judicial. El gobierno sigue mirando para otro lado".
Pandolfi descubre allí otro cambio: "Yo recuerdo que en el 2001 hubo una causa contra el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) en la que querían procesar a 57 personas. Es muy difícil sostener eso. En cambio ahora se detiene a 102 personas en los hechos ocurridos en Plaza de Mayo, el fiscal pide que procesen a todos, pero finalmente aparece el juez que dice: no, nos quedamos solamente con los siete que serían los delincuentes culpables. Entonces primero actúa la policía que genera el hecho en la tapa de los diarios, y luego se corrige el exceso policial lo cual de paso se lava la cara de la justicia".
Un hecho que tal vez no se ha destacado lo suficiente es que el juez que lleva la causa de los detenidos en Plaza de Mayo es el célebre Juan José Galeano: "¿Qué seriedad puede tener Galeano en un procesamiento? Si lo cuestionamos en el caso AMIA, que habría instruido absolutamente mal, falseando las pruebas y mereciendo un juicio político, ¿por qué puede procesar a piqueteros? ¿Por qué es creíble en un caso y no en el otro? ¿O a un mentiroso hay que creerle según mi conveniencia? Así, el que juzga es el mismo al que después de diez años llevando la causa AMIA se lo investiga por la supuesta comisión de un número indeterminado de delitos en su función como juez".
Galeano investiga también la causa por los incidentes en el edificio de Repsol-YPF. Pandolfi señala que este juez, de paso, empezó a sindicar como sospechosos a los abogados de las organizaciones implicadas en sus investigaciones.
Y lo que es aún más inquietante, Galeano ha ordenado seguimientos y tareas de inteligencia sobre los movimientos, aunque con los desmadres típicos en estos casos. "Al MTR le realizan tareas de inteligencia muy burdas, porque incluso en algunos casos se equivocaron de movimiento y persiguen a otras personas". En los casos que acertaron, los integrantes del MTR ya descubrieron la vigilancia a la que son sometidos y los vehículos que los siguen.
Una curiosidad: para individualizar a quién perseguir el juzgado utiliza las actas de las reuniones de dichos movimientos con el propio gobierno. "De ahí sacan los nombres de los dirigentes a los que luego les realizan tareas de inteligencia. Se va a llegar al extremo en que los dirigentes que firmen algún acuerdo con el gobierno no van a poner su nombre, para evitar ser procesados en el futuro".
Se cae en otra situación escabrosa: "Desde el punto de vista técnico no se está investigando el hecho que ellos plantean de haber prendido fuego en la puerta de Repsol, sino que se pasa a lo que se llama delito de autor" explica el abogado. "Se está investigando a la organización y no el hecho delictivo que empezó y terminó ese día. La investigación apunta a realizar tareas de inteligencia hasta la fundación del MTR, que si no me equivoco se remite a 5 ó 6 años atrás. No puede pensarse que uno de los motivos de la fundación del MTR haya sido organizar un escrache a Repsol. Así se busca procesar a la gente del MTR por asociación ilícita o por querer imponer sus ideas por la fuerza, para que se trate de un delito no excarcelable y por el cual pedirían la captura de sus dirigentes".
Aunque alguien no sea ducho en temas jurídicos, con sólo ser argentino sabe en qué clase de crímenes terminan las llamadas tareas de inteligencia, cuando se las vuelca a la persecución de opositores. "Pero además, jurídicamente no tienen validez. Podrían ordenarse acciones de ese tipo, por ejemplo, para identificar a los militantes que estaban en la movilización. Con los videos y la foto, se los va a buscar por los locales. Tendría una lógica jurídica, piense uno lo que piense sobre eso. Pero esto está ordenado buscando materiales, volantes, gente que firma actas con el gobierno: ¿qué tiene que ver eso con lo que pasó en Repsol?"
La consulta inevitable: pese al marco democrático ¿se siguen realizando tareas de inteligencia interna sobre grupos opositores? Contesta Pandolfi: "Se hacen, y Galeano las está legitimando judicialmente. El otro día yo le decía al secretario del juzgado: ¿para qué hacer acciones de inteligencia sobre el MTR, si es un movimiento público, con dirigentes conocidos, sus locales y demás? Le conté incluso que acababan de hacer un seminario sobre derechos humanos en Lomas de Zamora, con la presencia de un juez de la Corte Suprema".
El secretario del juzgado contestó: sí ya estamos enterados. Esto genera otra duda atroz: ¿será el propio Zaffaroni objeto de las tareas de inteligencia interna, teniendo en cuenta sus contactos con el MTR?
El abogado Pandolfi considera que esta investigación sobre movimientos públicos y notorios, con fotos clandestinas y autos encubiertos, sólo puede implicar un objetivo: "Están legitimando estas tareas para armar una causa".
Sobre la causa por los incidentes frente a la Legislatura, Pandolfi considera que se trata de la misma estrategia. "La figura delictual no existe. Plantear que porque los manifestantes habrían tirado piedras o roto vidrios, y que por eso coaccionaron a los legisladores, es un absoluto disparate".
Es más, se les imputa haber cometido sobre los legisladores una privación ilegal de la libertad, delito por el cuales en el juicio a las juntas militares se condenó a gente como Jorge Videla y Emilio Massera, por los secuestros perpetrados durante la dictadura. "Con la misma interpretación, un abrazo al Congreso como el que hizo la CTA podría provocar que los legisladores digan que se sienten coaccionados o sin libertad de salir del edificio, y haya que detener a 100.000 manifestantes por privación ilegal de la libertad. Eso muestra la locura de la medida".
Pero mientras analizamos las locuras o la racionalidad de lo que hacen estos funcionarios, hay personas de carne y hueso presas y en una situación desesperante. "Es algo más para discutir. Los funcionarios que reivindican su trayectoria histórica en la defensa de los derechos humanos, no pueden mirar para otro lado con la situación de los presos comunes, ni con la situación que están ahora estos presos. El secretario de Derechos Humanos Eduardo Duhalde mantuvo como abogado la reivindicación histórica de mantener a los presos políticos unificados en el mismo lugar. Ahora la táctica es desperdigarlos por todos lados. Duhalde no dice nada, negando toda su propia trayectoria, y lo mismo ocurre con la gente que está con él.
La paradoja, según Pandolfi: "Esos presos están detenidos sin haber cometido ningún delito, aislados, en penales insostenibles, y conviviendo con un sector social imputado de delitos muy graves, siendo que ellos no tienen antecedente delictivo alguno, y que están detenidos por haber ejercido el derecho a manifestarse".
Pandolfi intuye que estas detenciones no son las últimas, sino que la dinámica de esta situación recién está empezando. "Hay que hacer un serio llamado a las organizaciones políticas y sociales a que dejen de lado sus diferencias, y actúen en forma unificada en este tema. Hay familias que quedaron sin su único sostén. Hay presos adentro que sostener no sólo anímicamente, sino con recursos".
Otra propuesta: "Hay que armar un tejido social lo más amplio posible para parar esta política del gobierno. Para eso hay que incluir a los sectores medios y a los parlamentarios, sin ningún tipo de cuestionamiento ni tapujos. Hay que hablar con quien haya que hablar si eso sirve para armar un tejido social que denuncie esta política represiva".
El otro aspecto de este drama es el propiamente jurídico. "Los fallos son impresentables, pero de qué sirve que después de cinco años te pongan en libertad diciendo: usted no fue. ¿De qué me sirve tener razón si de todos modos quedo cinco años preso?
El poder judicial no es un bloque homogéneo y que hay funcionarios contrarios a estos criterios de penalización de la protesta, según el abogado. "Son una minoría, pero hay que trabajar con quienes no comparten la posición de criminalizar, para aislar a los que están a favor. Y denunciar técnicamente las falencias que tienen estas groserías jurídicas".
Pandolfi estima que hay que hacer una campaña que explique la situación de los presos. "Pero hay que explicar por qué están presos. Es mentira que sea porque son peligrosos delincuentes. En algún momento nos van a empezar a acusar de terrorismo. Ya está pasando en América. Paremos esto antes de que esa acusación aparezca".