Argentina: La lucha continúa
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COMUNICADO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (FIDH)
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH
Argentina: recrudecimiento de la criminalizacin de la protesta social
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de acuerdo con sus
asociaciones miembro en Argentina: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
el Comité de Acción Jurídica (CAJ) y la Liga Argentina por de los derechos del
Hombre (LADH), expresa su extrema preocupación por diversas decisiones
judiciales hechas públicas la semana pasada, que implican un recrudecimiento de
la criminalización de la protesta social en Argentina.
La FIDH y sus organizaciones miembro consideran extremadamente preocupante la
actitud de los Tribunales argentinos, que cada vez con mas frecuencia, deciden
mantener en prisión preventiva a ciudadanos argentinos por el único hecho de
haber participado en manifestaciones donde expresaban demandas legítimas. Los
detenidos, que deberán permanecer en prisión hasta que se substancie el juicio,
se encuentran acusados de variados delitos que atentarían contra la libertad u
orden público.
En efecto, los detenidos se encuentran acusados de delitos como 'coacción
agravada' o de 'atentar contra la seguridad del Estado', lo que podría
comportar, si se produce concurso de delitos, una pena de hasta 16 años de
prisión.
La FIDH y sus organizaciones miembro consideran que la utilización de estos
tipos penales tiene como efecto limitar el libre ejercicio de los derechos de
libertad de expresión de los manifestantes. En efecto, la FIDH y sus
organizaciones miembro resaltan en particular su preocupación por la disposición
de una pena preventiva, así como de las penas de prisión que implicarían los
cargos que se han imputado.
La FIDH y sus asociaciones miembro denuncian estas recientes decisiones
judiciales que implican un considerable recrudecimiento de la criminalización de
la protesta social en Argentina. A este efecto, la FIDH recuerda que el derecho
a la libertad de reunión y de manifestación se encuentran consagrados en los
artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo
19 y 21 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.