En la ciudad colombiana de Cali, por las noches, los hijos de familias acomodadas acostumbran salir en motocicleta para matar gamines. El gamín es el chico de la calle en su versión colombiana, que, como todos sabemos, ha precedido a la nuestra en por lo menos treinta años. Cuando encuentran a un gamín desharrapado y con la piel cenicienta (es increíble cómo nuestros cartoneritos han copiado el modelo), los muchachos le dicen: "Corré si querés salvarte". Así es más divertido, porque si el chico recuerda que su madre solía vivir en la villa miseria del Cerro de las Tres Cruces, inevitablemente correrá hacia allí. La subida en moto por los caminos escarpados detrás de un niño sin aliento resulta más excitante que la salsa..
Por la mañana, los vecinos del Cerro saben que hay un gamincito muerto en algún lado: el vuelo en círculos de los gallinazos les indica el lugar.
En Brasil, los Escuadrones de la Muerte están mejor equipados y cuentan con una base teórica que los vuelve más serios. "Hay que matar a los futuros delincuentes mientras sean chicos", argumentan esos honrados comerciantes que, convencidos con razón de que a un bebe nacido en una favela le quedarán pocos recursos aparte del delito, sólo pretenden salvaguardar su propiedad.
Nuestro país se desayunó tarde: la verdadera miseria que produce el verdadero crimen le llegó después que a Colombia o a Brasil. Pero le llegó.
Como se trata de un país con características especiales, léase con clase media, su reacción inmediata no será la de los divertidos muchachos de Cali ni la de los escuadrones cariocas. La Argentina reacciona con civismo, organizando marchas contra el crimen y presentando petitorios a las autoridades. Sin embargo, en esas concentraciones multitudinarias y en esos discursos y declaraciones de padres y madres, desgarrados por el dolor de tener un hijo secuestrado o asesinado, parecería encenderse una luz roja que más vale apagar a tiempo.
Tan elocuente resulta la descripción de esas marchas como la definición del tipo de persona que, guiada por un sentimiento comprensible, se une a ellas para desfilar. A esos "hombres de traje y corbata", como los han descripto los periodistas presentes en la última de las marchas ante el Congreso, se les ha dado en llamar "la gente" o, más elocuente aún, "la gente común". Es cierto que los piqueteros se han inventado un nombre que los individualiza y que los cartoneros se han dejado llamar así porque la designación correspondía a la realidad de su trabajo. Pero debemos confesar que a pocos se les habría ocurrido llamar a los piqueteros o a los cartoneros "gente común".
El ser humano admitido como normal al que alude esta expresión es aquel al que en algún momento le pueden secuestrar un hijo. Tenía plenamente razón esa madre agónica que nos rompió el corazón diciendo: "A todos nos puede pasar lo mismo"; pero la tenía dentro del marco de la gente a la que se dirigía, no fuera de él. A una madre cartonera no le puede pasar lo mismo.
Le puede pasar algo quizá peor: que la mafia, con la complicidad de buena parte de la policía, venga a secuestrarle a su hijo, y no para robarle, sino para hacerlo robar.
Alguna vez, en este mismo diario, escribí una nota sobre Julián, al que llamé Hernán. Lo conocí porque vendía trapos de piso de puerta en puerta, y me hice amiga de él porque resultó poeta. Julián y su mujer me contaron que habían debido mudarse de un barrio donde vivían porque la policía ya se había llevado a todos sus compañeros del colegio, y no precisamente presos.
Primero les daban droga y después los mandaban a las zonas liberadas de San Isidro o Martínez para que entraran en las casas. Cuando los chicos se rebelaban o cuando ya no servían, sus jefes apelaban a la notoria facilidad de su gatillo, seguros de que nadie organizaría una marcha por ellos.
Julián tenía un hijito y se mudó por eso: como si se hubiera palpitado que en algún momento de esta terrible historia un padre desesperado perteneciente al grupo de la gente pediría que se redujera la edad indispensable para que un delincuente pueda ser inculpado. De aceptarse el pedido, los chiquitos del barrio tendrían una infancia aún más abreviada, si cabe. El crimen organizado los reclutaría de quince años, después de doce, después de diez, y la reducción del límite de edad no habría dado por resultado otra cosa que la delincuencia infantil.
El padre desesperado al que me refiero es digno de estima por el coraje que representa transformar el sufrimiento en acción. Pero basar esa acción y el pensamiento que la sustenta en un sentimiento surgido de una herida recién abierta no sirve para abarcar la realidad. Nadie podría hacerlo sin pasar por ese período indispensable al que los psicoanalistas llaman "elaborar".
Un dolor elaborado permitiría recordar que la dictadura militar ha dejado sueltos a una multitud de tigres cebados, antes torturadores y ahora policías o criminales (el antisemitismo de los secuestradores de ese muchacho al que le gritaban "judío" mientras lo maltrataban recuerda el de los represores), y que la pretensión menemista de llevarnos al Primer Mundo nos ha sumergido íntegramente en el Tercero, saltando por encima de aquella ambigua condición de "país en vías de desarrollo" en la que alguna vez creímos. Elaborar el deseo de aullar de angustia significa admitir que ahora somos un país latinoamericano hambreado y, en consecuencia, violento, donde las víctimas a veces son "gente" y a veces, delincuentes forzosos de corta edad.
Mi intención no es caer en un psicologismo angélico. Quizá los ex torturadores y los actuales criminales tuvieron también una infancia desgraciada, pero hoy de lo que se trata es de desenmascarar a los organizadores y de meterlos presos, no de acariciarles la cabeza con expresión comprensiva. Para lograrlo conviene mantener la nuestra lo más fría posible, sin caer en la trampa que representa la explotación del miedo: la gente común en estado de terror puede ser tan temible como la fuera de toda norma.
Personalmente la clase media de mi país me inspira la confianza suficiente como para que no me la imagine organizando batallones armados o exigiendo la pena de muerte, a imagen y semejanza de su equivalente en países más brutales que el nuestro, como los Estados Unidos. Pero tampoco, para ser francos, me la imagino por ahora organizando marchas comunes, no de gente común, sino mezclada: una gran manifestación ante el Congreso, donde todos marcharían del bracete al grito de "basta de hambre". Todos, madres y padres de los más distintos orígenes y medios sociales que temen por sus hijos, incluidos los piqueteros, los cartoneros y Julián.
Pudimos ilusionarnos con esa hermosa imagen durante cinco minutos, cuando los cacerolazos parecieron reunirnos. No pudo ser. Así es que, por el momento, conformémonos con la realidad, que no está nada mal, aunque pudiera suponerse lo contrario. Tener un gobierno que por una parte se implique en la formidable empresa de destituir a una impresionante cantidad de policías corruptos y por otra no ceda a la facilidad de penalizar y reprimir las manifestaciones de protesta social ya es un buen punto. En un país donde apretar el gatillo siempre ha sido el gesto espontáneo (el gesto surgido de un sentimiento no elaborado, vale decir, primario), negarse a hacerlo resulta de una novedad que, en mi opinión, se merece un festejo. Ojalá los padres y las madres de chicos secuestrados tampoco cedan a la tentación pasional de solicitar esa respuesta de incalculable peligrosidad para todos que es la mano dura.

* Alicia Dujovne Ortiz (1940) es escritora y periodista. Actualmente vive en París.