Anna Suárez Smink, responsable de la gestión de personerías jurídicas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, renunció a su cargo a mediados de julio debido a profundas diferencias con la política indigenista de la administración de Néstor Kirchner. En una carta pública dirigida a la titular del Ministerio de Desarrollo Social, denunció falencias estructurales del organismo, detalló su funcionamiento interno y acusó a su director, Jorge Rodríguez, de "actitudes totalmente contrarias a las demandas de los pueblos indígenas" y de alegar que los reclamos de las comunidades son producto de "agitadores políticos".

Colectivo Pueblos Originarios
Indymedia Argentina

"Mi renuncia es una expresión de cansancio y de pérdidas de esperanzas de que desde esta Institución se pueda aportar a modificar algo de la realidad actual de los pueblos indígenas", afirmó Anna Suárez Smink, ex titular del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en una carta dirigida a la Ministro de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. La saliente funcionaria volcó en su misiva expresiones que habitualmente se escuchan en boca de comunidades y organizaciones indígenas, o en voz baja en los pasillos de esa dependencia estatal por parte de su personal.

Suárez Smink manifestó su preocupación por la "falta de una política clara y comprometida con el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios reconocidos por el Estado Argentino" y señaló que la actual gestión del gobierno nacional "no tiene un proyecto político que apunte a cambiar estructuralmente la relación del Estado con los Pueblos Originarios". Para la ex funcionaria, el INAI "se sigue manejando con políticas asistenciales y compensatorias que lo único que consiguen (y cada vez con menos éxito) es apaciguar el tono de los cada vez más sólidos reclamos de los pueblos indígenas que habitan en nuestro país".

A tono con sus declaraciones contra la gestión de Néstor Kirchner, la ex funcionaria manifestó su desilusión: "Lamentablemente compruebo, una vez más, que este gobierno, igual que los que pasaron, tiene otros intereses que proteger. Desgraciadamente empezar a saldar la deuda que el Estado Argentino tiene con los pueblos indígenas no tiene cabida en su agenda".

En su escrito no sólo apuntó contra la administración kirchnerista sino también a los sucesivos gobiernos, al destacar que las acciones promovidas desde el INAI "transcurren sin pena ni gloria por la vida política nacional".

-Radiografía de una dependencia estatal

Suárez Smink detalló el funcionamiento interno de la institución creada en 1994 a partir de la ley 23.302/85, impulsada por el destituido presidente Fernando De la Rúa en su etapa como legislador. En la carta, dirigida a Alicia Kirchner y distribuida por e-mail, denunció "los criterios cambiantes de cada presidente del INAI" y "la falta de lineamientos transparentes de trabajo". Además destacó que "la imprevisibilidad y la improvisación son moneda corriente".

"Los varios trabajadores especializados y comprometidos con los que cuenta el INAI nos vemos librados a la buena interpretación de consignas de trabajo arrojadas en reuniones cortas y poco precisas sin la dedicación que la complejidad de cada caso requiere", afirmó la ex titular del RENACI y agregó: "De esta manera, quedan a nuestro criterio la toma de decisiones sobre cuestiones en donde la ‘objetividad’ no existe y ante la falta de dirección política actuamos hasta que nuestras acciones no son del agrado de la conducción, o afectan algún interés, y comienzan los problemas".

Por otro lado, remarcó algunas de las deficiencias estructurales del organismo estatal, al preguntarse "qué política indígena tiene este gobierno si las políticas hacia los pueblos indígenas pasan exclusivamente por un Instituto semi-autárquico, sin estructura propia ni participación indígena, creado por una ley que fue ampliamente superada por el espíritu de nuestra Constitución Nacional y del derecho internacional en materia de pueblos indígenas".

Planteo similar tienen ciertas organizaciones indígenas, como la Coordinadora Mapuche Neuquina (COM), que reclaman al Estado Nacional la creación de un organismo con rasgo ministerial que se ocupe de las demandas de los Pueblos Originarios. Estas organizaciones sostienen que sus reclamos no deben ser tratados desde la visión asistencial del Ministerio de Desarrollo Social sino con políticas de fondo.

En tanto otras comunidades y organizaciones cuestionan al indigenismo de Estado y denuncian la carencia de representatividad del INAI. Ejemplo de ello es el pronunciamiento surgido del II Parlamento Mapuche realizado el 11 y 12 de octubre del 2003 en el paraje Buenos Aires Chico, en el noroeste de la provincia del Chubut. Este documento declara que "el Estado no es árbitro o espectador neutro ante el despojo consumado por terratenientes y empresas locales y multinacionales sino que es un instrumento de ellos" y llama "a todos los hermanos y hermanas a no ensuciarse con la política wingka".

Respecto a la dependencia estatal, los participantes del II Parlamento Mapuche expresaron: "El INAI es un organismo obsoleto y lo es porque no existe una voluntad política de dar soluciones reales a nuestras demandas. Nunca vamos a permitir que nos represente y menos avalar que negocie o realice gestiones en nuestro nombre, tenemos nuestra propia forma de representarnos y no es a través del Estado que nos oprime".

Por su parte el periodista kolla Asunción Ontiveros Yulquila, en una carta dirigida al titular del INAI el 28 de mayo, sostuvo: "Sé que es el INAI es un ‘aparato indigenista’ sin un presupuesto para emprender tareas relevantes. Es nada más un pequeño espacio, solo para recepcionar datos del dolor y de la brutal marginación que padecen los pueblos indios. Para colmo de males, las perspectivas del INAI son paternalistas en extremo. El paternalismo es racista por donde se lo observa. Cuando se observa, por ejemplo, que curas y obispos están entrometidos en las ‘negociaciones’ entre pueblos indios y los organismos del Estado, y el INAI los acepta como ‘buenos interlocutores’, se constata que (ni) los tiempos ni los métodos de expoliación contra los pueblos indios han cambiado: la mentalidad colonialista está presente".

-Desnudando al indigenismo K

Suárez Smink aprovechó la ocasión para fustigar al titular del organismo, el abogado jujeño Jorge Rodríguez, a quien acusó de "actitudes y posiciones totalmente contrarias a las demandas de los pueblos indígenas". La ex funcionaria del INAI consideró que funcionarios como éste "se divierten y juegan ambiguamente con los supuestos conflictos internos de las comunidades indígenas mirando y provocando falsas divisiones" y afirmó que las pretendidas diferencias se "usan como excusas para la inacción y la falta de respuesta a reclamos estructurales como son la restitución del territorio a los pueblos originarios y el control de sus recursos naturales".

La otrora titular del RENACI planteó un interrogante con aire de sentencia: "Cómo puede ser que este gobierno que se jacta de querer construir un nuevo país basado en el combate a la injusticia social ponga a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a una persona que envía a sus técnicos a las comunidades a ‘ver que tan truchos son estos indios’ o que deslegitime los reclamos de comunidades indígenas con argumentos dignos de otras épocas afirmando que algunos reclamos de las comunidades indígenas son producto de la presencia de ‘agitadores políticos’".

Pocos días después de conocida la carta de la ex funcionaria, el Equipo de Pueblos Indígenas (EPI) denunció mediante un comunicado que Rodríguez restó validez a un reclamo de la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá, alegando que los demandantes eran "cuatro zurditos". La reivindicación había sido planteada en una reunión que se realizó el 5 de mayo en la provincia de Formosa, donde participaron miembros de la organización indígena, el presidente del INAI, el abogado de las comunidades y un integrante del Instituto de Cultura Popular (INCUPO). El comunicado del EPI concluye: "Parece que para el Dr. Rodríguez la ‘guerra sucia’ no terminó".

-Más excusas en acción

Un ejemplo de cómo se aplica el argumento de división interna en las comunidades indígenas puede ser extraído del conflicto que atraviesa la Comunidad Indígena Guaraní El Tabacal con el Ingenio San Martín del Tabacal en la provincia de Salta. En dicho conflicto el INAI reconoció durante meses la existencia de una comisión directiva ‘paralela’ promovida por la empresa azucarera y conformada por personas ajenas a la comunidad.

La comisión en cuestión fue avalada por Rodríguez sin que hubieran elementos probatorios de la pertenencia a la comunidad de los autoproclamados dirigentes. Esta maniobra sirvió como excusa al INAI, durante 5 meses, para no dar respuestas al reclamo de restitución de 5000 hectáreas apropiadas por el Ingenio Tabacal, de la multinacional Seabord Corporation. El argumento esgrimido fue que la dependencia estatal no podía tomar partido por una de las comisiones directivas. Cuando la maniobra se tornó insostenible, debido a la presión ejercida por la comunidad guaraní, el 29 de junio Rodríguez no tuvo más opción que desconocer la legitimidad de los ‘emisarios’ de la empresa.

Mientras la situación de ‘conflicto interno’ continuaba latente, el titular del INAI apeló a su larga experiencia como hombre de ley y funcionario del Estado: propuso a la Comunidad El Tabacal que hiciera una "vaquita" para comprar su propio territorio. Este acto de gobierno sucedió pocos días después que la Jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, Raquel Tiramonti, reconociera que el Estado no tenía previsto destinar recursos para efectuar la expropiación de tierras prometida por Alicia Kirchner en diciembre de 2003.

-Historias de un nombramiento

Jorge Rodríguez arribó a la dirección del INAI a mediados de febrero de este año en reemplazo de Julio Sosa, luego de ocupar los cargos de Coordinador de la Secretaría de Gobierno y Secretario de Derechos Humanos en su provincia. En ese momento organizaciones indígenas afirmaron por lo bajo que el nombramiento respondería a un favor personal que el Gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, solicitó al presidente Kirchner. El gobierno norteño buscaba controlar un puesto clave para ‘congelar’ los numerosos conflictos territoriales que atraviesa la provincia. Actualmente un millón y medio de hectáreas son reclamadas por alrededor de 200 comunidades que pertenecen a los Pueblos Guaraní y Kolla.

Respecto a la política indigenista del Estado provincial, el Obispo de La Quiaca Pedro Olmedo, afirmó a fines de 2003 en declaraciones a la revista de los judiciales bonaerenses En Marcha: "Fellner pone trabas y hay un doble discurso. Porque acá no es nada difícil la regularización para que nuestra gente tenga la tierra. (...) La tierra en la Puna es un capital político importante que crea dependencia y clientelismo. Es un capital para los intereses del poder que se van adueñando de ella con una perspectiva de explotación futura".

La Comisión de Participación Indígena (CPI) del Programa de Tierras, creada en 1996 tras la firma de un convenio entre la provincia y el gobierno nacional, también se pronunció ante esta situación. En un comunicado difundido en marzo pasado señaló: "hemos agotado todas las vías legales a nuestro alcance y nuestra paciencia, ante esta situación hemos resuelto convocar a las Comunidades para definir un plan de lucha definitivo hasta conseguir compromisos concretos, públicos y con plazos definitivos de parte del Sr. Gobernador y del Sr. Presidente de la Nación, ya que los organismos que deberían haber dado respuesta como la Unidad Ejecutora del Programa integrada por el Sr. Ministro Tentor, los legisladores Hugo Mamani, Humberto López, y los Presidentes del Inai, Ana González, Jorge Pereda, Julio Sosa y el actual Dr. Jorge Rodríguez que casualmente es Jujeño y ha sido funcionario del gabinete de Fellner, hasta la fecha brillan por su ausencia, su desidia y su falta de compromiso con la causa indígena".

Por su parte el periodista Yulquila - oriundo de Jujuy - planteó en una carta abierta al presidente Kirchner versiones que circulaban por las calles de San Salvador. Los trascendidos se referían al temor que causaban en el gobierno de Fellner la posible expansión del "levantamiento indio de Bolivia" – ocurrido en octubre de 2003 – debido a las similitudes de la provincia con el país vecino.

Mientras tanto en Buenos Aires, y ante el inminente nombramiento de Rodríguez, organizaciones indígenas allegadas a la órbita estatal se opusieron a la medida y lanzaron fuertes críticas mediante discursos y comunicados difundidos a la prensa. Pero ante las promesas efecuadas por la ministro Alicia Kirchner, respecto a una ‘nueva relación’ impulsada desde el Poder Ejecutivo hacia los Pueblos Originarios, cambiaron silenciosamente de actitud.

Las denuncias formuladas por Anna Suárez Smink permiten contrastar diferentes visiones respecto a las políticas indigenistas del Estado y de algún modo confirman los planteos de las comunidades y organizaciones más críticas. Por otro lado, la nula repercusión que ha tenido esta carta abierta, tanto en medios periodísticos como en el gobierno nacional, deja a las claras qué lugar ocupan los Pueblos Originarios en sus agendas.