Debate sobre la seguridad en América Latina

La inseguridad "grita" en América Latina. Pero detrás de ese clamor están la muy visible presencia de agentes y ex agentes estadunidenses –algunos ahora estrategas de "empresas de seguridad"–, así como intereses políticos y económicos que buscan beneficiarse de políticas de "mano dura". No es casual que los intentos de reformas policiales se topen con un crecimiento desmedido de la delincuencia. La autora ubica las manos que hacen gritar a la inseguridad como "grupos que pueden desestabilizar gobiernos, sembrando inseguridad y caos, y reformar, mediante personeros políticos y medios de comunicación, legislaciones para instaurar leyes más duras que sirvan a algún proyecto de control dictatorial futuro"

BUENOS AIRES.– El tema de la inseguridad en Argentina y otros países de América Latina ha tomado tal auge en los últimos años que ya es considerado un elemento para desestabilizar a los gobiernos de la región.

La inseguridad, el consumo de drogas y los delitos mayores o menores se dispararon a medida que el modelo económico comenzó a dejar ejércitos de excluidos en todos los países del hemisferio.

Aunque el delito siempre existió en el continente y en el mundo, ligado a factores como la iniquidad y la injusticia social, ahora todo se ha disparado y la situación ha llegado a un extremo límite. En coincidencia, en esta región se observa una intensa actividad de entrenamientos y asesorías orientadas a la represión colectiva.

Entre la represión del delito y la represión del conflicto social hay un hilo muy delgado. Este es un tema clave de la guerra de baja intensidad (GBI).

En Argentina, Chile y otros países se llevan a cabo operativos, similares a acciones de guerra, contra barrios pobres, villas-miseria o poblaciones marginales, pero también se ha podido ver a fuerzas de seguridad extranjeras asesorando o entrenando a sus contrapartes locales.

En Santiago de Chile los carabineros y otros asesores externos entrenan a colegas de otros países en acciones callejeras para reprimir el nuevo tipo de delitos.

Inseguridad y modelo económico

La inseguridad en América Latina aumentó a sus mayores límites hace una década. Su consecuencia inmediata fue una mayor precariedad en las garantías individuales y colectivas en todos los países, mientras se creaban fantasmas y miedos que resultan muy peligrosos para la democracia en transición en naciones afectadas por las dictaduras del pasado.

Todas las propuestas para combatir la inseguridad en estos países abren las puertas al control y la represión.

Los parlamentos se han visto obligados a estudiar proyectos que endurecen las leyes, en algunos casos con ambigüedades tales que bien pueden ser el aval de futuras dictaduras.

Pobreza, desculturización, desempleo, marginalidad, analfabetismo y la tarea de desconcientización del periodismo basura, enquistado en las redes televisivas que responden a un solo proyecto y a escasos dueños –socios a la vez del poder económico– son los elementos esenciales en el análisis de esta situación.

"Hacer gritar a la inseguridad" en nuestros países ha sido un proyecto relativamente fácil para los diseñadores de la GBI, toda vez que para ello se necesita –como se necesitó para operaciones de contrainsurgencia como la Operación Cóndor– de sectores ilegales dentro de las instituciones policiales, militares y de seguridad; de grandes bolsones de corrupción en los Estados y en sectores civiles, lo que se dinamizó durante el proceso de privatización y desguace de las grandes empresas estatales en toda la región.

Todo el esquema introducido en el proyecto de la Doctrina de Seguridad Nacional, que creó y sostuvo las dictaduras en América Latina, sigue en pie, aunque con otros elementos. Permanecen, sin embargo, aquellos incorporados en las instituciones de ese tipo en el continente. La educación policial o militar es la misma, aunque se utilicen ahora nuevos métodos de tortura e interrogatorios.

El otro terrorismo

La institucionalización de la tortura en varios países del Primer Mundo en nombre de la guerra contra el terrorismo dio un auge a los sectores más retrógrados del continente, más aún a militares y policías que participaron activamente en las pasadas dictaduras, que mataban en nombre de otro terrorismo.

"Todo aquello que causó horrores en su tiempo sigue siendo superado por nuevas creaciones del horror, por nuevas armas cada vez más sofisticadas, por el control mundial de las personas y el apoderamiento de sus datos privados, realizados con total impunidad", sostienen organismos humanitarios de Argentina.

Este país fue elegido para llevar adelante el más avanzado proyecto neoliberal de la región, despojándolo de todos sus recursos, de su historia, de su educación y de su identidad hasta la desintegración. Todo ello en sólo una década.

En el tema de la seguridad se utilizó en todos los países un mecanismo similar, el de la impunidad para los responsables de delitos de lesa humanidad y su reciclamiento en empresarios y nuevos ricos de muchos de los participantes o cómplices de la orgía de la muerte en América Latina.

En Argentina, poco después de la última dictadura militar (1976-1983), la participación de ex militares y ex policías en el negocio de los secuestros, las drogas, la prostitución y las armas, fue una consecuencia directa de la impunidad.

Durante los noventa fue esclarecedor advertir que cada vez que se intentaba una reforma policial se agudizaban los delitos y los secuestros, y la inseguridad gritaba. Esto sigue pasando en los nuevos tiempos.

North, mercenario legalizado

En enero pasado, el inefable ex coronel Oliver North, el hombre del escándalo Irán-contras, que regenteaba operaciones de guerra sucia y manejaba los hilos de los mercenarios del mundo –en suma, un terrorista "legalizado"– por varios gobiernos estadunidenses, pasó por Buenos Aires.

No debe desdeñarse su presencia, especialmente cuando en este país se instalaron en la última década cuatro agencias de seguridad de Estados Unidos, integradas por ex agentes de la CIA, de la FBI y de mercenarios encabezados por el propio North.

Una de estas agencias de seguridad, Kroll Asociated, está bajo proceso de investigación en Brasil por el espionaje realizado a funcionarios del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva. ¿Qué harán en los otros países donde tienen sedes?

North tiene la virtud de haber estado en escena en distintos momentos del tembladeral desestabilizador en América Latina: pasó por Uruguay días antes de la voladura de la sede mutual judía, AMIA, en 1994.

Junto con otro agente de la CIA, estuvo en Argentina en una reunión con invitados especiales, "preocupados" por la inseguridad del país. North mandó a algunos de sus mensajeros, entre ellos el ex agente John Battaglia –que debía estar condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en Centroamérica–, a ofrecer sus "sabios" conocimientos sobre el tema.

Battaglia apareció públicamente en una entrevista con un medio local. Luego dijo a la prensa que el presidente Néstor Kirchner era una persona "con buenas intenciones", pero que vivía "en los años setenta", recordando que otro compañero de misiones, Roger Noriega, subsecretario para América Latina del Departamento de Estado, había comentado algo similar, y que era necesario trabajar seriamente contra la delincuencia.

El ejército en la calle

"Se necesita darle más poder a la policía y dejarse de joder con los derechos humanos. Hay que derrocar (sic) la ley de Seguridad Interior y sacar a la calle a las fuerzas armadas para terminar con las muertes de policía y gente común. Claro, esto no quiere decir que salgan a perseguir con fines políticos. Eso no puede suceder más", dijo Battaglia.

"Ustedes los argentinos tienen que vivir el presente. Para solucionar el caos que vive este país se necesita un hombre como el señor North", dijo el ex mercenario.

La conclusión de algunos analistas fue rápida: "Si North está tan decidido a instalarse como consejero de seguridad en Sudamérica tiene la capacidad, con sus amigos, de la represión ilegal en el pasado, de hacer gritar la inseguridad."

La presencia de North no resultaba casual en Buenos Aires, donde la agudización de los problemas de seguridad pública afecta a toda la sociedad y donde crece la sospecha de que es alentada por los servicios que operan para desestabilizar al gobierno de Kirchner. Esto encendió las alarmas aquí y en Uruguay.

Aunque se diga que la actividad de las agencias de seguridad estadunidense es "netamente empresarial, realizada en forma honesta y dentro de la ley", como se dijo en Brasil recientemente, es evidente que en ella resaltan dos aspectos: los antecedentes de North como operador de inteligencia y la relación de sus eventuales socios con las dictaduras del Cono Sur.

Esto impulsó a organismos de derechos humanos a solicitar al juez que investiga a los responsables de Operación Cóndor, que citara a los hombres de North que se habían jactado de conocer muy "cercanamente" los vuelos de la muerte (arrojar a detenidos al mar desde aviones en vuelo) y las desapariciones.

Los contactos uruguayos de Oliver North, vinculados a los servicios de inteligencia, también activaron las alarmas sobre "la relación entre el negocio de la seguridad y la situación política de la región".

Empresas del crimen

"La mayoría de los hombres de esa secta de la muerte que integró la internacional del crimen está aún manejando hilos del poder desde distintos cargos o empresas privadas, muchas de ellas ligadas a la seguridad y la venta ilegal de armas. La mano del crimen está siempre activada", fue otra de las conclusiones de los organismos humanitarios.

Esto se hizo realidad cuando el semanario brasileño Carta Capital denunció que "infiltrados" en los intersticios de poder en Brasil, la FBI, la CIA y otros servicios secretos norteamericanos han comprado policías federales, controlan la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), espían al país y cuentan como informantes a las policías civil y militar de los estados.

El ex jefe de la FBI en Brasil, Carlos Costa, reveló a la prensa que hubo "órdenes de Washington para que los servicios secretos espiaran mediante el control de comunicaciones, escuchas telefónicas y otras acciones ilegales, distintas oficinas de los palacios de gobierno (Planalto), a Relaciones Exteriores (Itamaraty) y a diversos funcionarios y políticos".

"Después del 11 de septiembre del 2001 llegaron también desde Washington las instrucciones para monitorear mezquitas, ayatolas, jeques y líderes de la comunidad musulmana, a todos sus miembros y de todas las maneras posibles", dijo Costa, quien se jubiló en octubre de 2003 después de pertenecer por más 20 años a los 45 grupos de elite de la FBI que encabezaban las operaciones de Estados Unidos en el exterior.

También reconoció que se trabajaba en conjunto con la CIA, los agentes de la oficina antidrogas (DEA) y los espías aduaneros.

Dentro del esquema de la GBI, estos grupos pueden desestabilizar gobiernos, sembrando inseguridad y caos, y reformar, mediante personeros políticos y medios de comunicación, legislaciones para instaurar leyes más duras que sirvan a algún proyecto de control dictatorial futuro.

Además, pueden impulsar la compra de armas represivas –las más modernas y sofisticadas que fabrica Estados Unidos–, ejercer control poblacional y de datos individuales, aumentar la presencia y actividad de asesores policiales y militares, y extender las maniobras conjuntas y asentamientos de tropas estadunidenses.

Hacer "gritar a la inseguridad" es un negocio y una acción que lleva a la contrainsurgencia dentro del esquema de la GBI.