CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.

Deborah
Agencia Rodolfo Walsh

TODO PRESO ES POLÍTICO

El gran operativo policial armado en los alrededores de la legislatura y la represión del viernes 26 de julio que desencadenó la detención de dieciséis manifestantes, ponen nuevamente en evidencia que cada vez mas los gobiernos democráticos recurren a los medios de coerción con el fin de detener los reclamos populares.
Frente a esta situación, organizaciones piqueteras, trabajadores de la vía publica, estudiantes y movimientos de trabajadores desocupados se concentraron en la legislatura, con el fin de ratificar su rechazo al código de convivencia y exigir la liberación de los compañeros detenidos. "Los 16 compañeros todavía no han sido liberados y como agravante se les quiere imponer una pena que va de 5 a 10 años de prisión, prácticamente sin ningún tipo de elemento probatorio para tenerlos detenidos. Inclusive se produjeron detenciones a cinco horas de terminados los acontecimientos, cosa que viola las mas elementales libertades democráticas que debería tener cualquier ciudadano" comentó Hernán Escoro, integrante de la FUBA.
Una prueba importante de que este proceso de criminalización de la protesta no es nuevo, sino que se viene articulando desde hace tiempo, es el caso de los dos compañeros de ciencias sociales procesados Sergio Salgado y Martín Ogando "Los próximos 4, 5 y 6 de agosto van a ser llevados a juicio oral en los tribunales (...)justamente por haber luchado contra un fraude que en el año 99 pretendía hacer la Franja Morada. Justamente por esta lucha se pretende juzgar a los compañeros, con un pedido por parte de la fiscalía de 6 años de prisión, prácticamente una locura. La FUBA y los centros de estudiantes vamos a estar acampando en los tribunales, el 4, 5 y 6 de agosto , exigiendo la absolución de los compañeros, como parte de una campaña en conjunto por el desprocesamiento de los mas de 4000 luchadores populares y sociales que han sido procesados por distintas acciones de lucha, como corte de calles, corte de rutas, toma de sindicatos o toma de empresas" dijo Hernán.
Tanto los sectores estudiantiles como los movimientos piqueteros y los trabajadores de la vía pública, entre otros, se ven afectados por la criminalización de la protesta: "El martes fuimos a ver al compañero Antonio Medina que estaba detenido en Ezeiza, un chico de 20 años. Resulta que le habían sacado las zapatillas, el pantalón, la camisa y la campera, y se tubo que defender. Estaba punzado, lo habían cortado con un palo de escoba con vidrios, y estaba todo sangriento. Entonces pidió una asistente social para que lo cambiaran de pabellón. Esta preso desde el viernes, se lo llevaron desde la manifestación, desde la legislatura directamente a Madariaga y desde ahí a la cárcel de Ezeiza(...)Nosotros somos vendedores ambulantes, somos trabajadores, no somos delincuentes ni hacemos disturbios" afirmó un representante de los vendedores ambulantes.
"Lo que pasa es que ellos son presos políticos, porque no han estado haciendo nada mas que protestar y nosotros vamos a seguir protestando. A los políticos de turno les decimos basta, se termino. La violencia no la van a calmar con represión. Hay que preocuparse por lo que hacen ellos. Ellos nos hicieron excluidos sociales a todos nosotros y ahora nos quieren reprimir. Nos llevan a la exclusión y después nos reprimen" explicó un representante de los trabajadores de la vía pública.
Ante la pregunta acerca de los disturbios el pasado viernes 16, Marisa Bonini afirmó que "hubo un grupo de 50 a 60 personas que hicieron todo este disturbio. Es a ellos a quienes tienen que agarrar, a ellos a quien tienen que detener y no a nosotros los vendedores, que no hicimos absolutamente nada (...) esta marcha es para que suelten a los detenidos, porque esto es una detención política, estamos todos juntos luchando por ellos. Es mas se presentaron abogados y en juzgado no los quieren recibir, esto es totalmente incoherente"
Ante una clase media pauperizada y una clase baja totalmente excluida, que intentan luchar por un cambio en su situación, el gobierno opta por la represión de los manifestantes. Frente a la falta de políticas coherentes, orientadas a solucionar las problemáticas de la sociedad civil, el gobierno halla, en el ejercicio de una violencia legitimada por los aparatos del estado, una herramienta para callar las voces populares que reclaman justicia.
El procesamiento y encarcelamiento de integrantes de diversos movimientos sociales en lucha no es una medida que apunta a defender la seguridad de la población, sino que es meramente un mecanismo de relleno que intenta tapar las fisuras del sistema político actual. De allí que se intente imponer el código contravencional a toda costa. El gobierno, lejos de procurar un cambio en las políticas económico-sociales que ocasionan la exclusión, intenta procurarse un marco legal que legitime las practicas anticonstitucionales que ya esta implementando. La judicialización de militantes populares sólo son una pata de un largo y abarcativo proceso que no intenta responder a las demandas populares, sino que apunta a deslegitimarlas.
En articulación con este proceso de criminalización de la protesta, los grandes medios de comunicación logran alejar la atención de las inoperancias de la clase política actual. Mediante una mirada viciada, que sólo muestra una versión de los hechos, exponiéndola como "la verdad"; los medios intentan desviar el interés hacia otros sectores, y así evadir la denuncia de la falta de políticas claras que logren incluir a las masas excluidas del sistema laboral y la pasividad de las clases dirigentes ante los conflictos sociales que nos aquejan.
Deborah (agencia Rodolfo Walsh)