Detrás de un largo muro

El muro que forman los prefectos, armados y hoscos, siempre vigilantes, genera la sensación de estar cruzando la frontera entre dos países, uno rico, el otro muy pobre. Pero no se está llegando a la Franja de Gaza, es apenas La Cava, un barrio del cercano Gran Buenos Aires, a menos de 30 kilómetros del Congreso Nacional. "Lo que se está viviendo acá es un Estado de Sitio y eso no es algo para festejar". Matías, del Movimiento Barrios de Pie, encuentra la frase justa para describir la imagen de un operativo de "seguridad" destinado a proteger a los que viven fuera de ese lugar olvidado, al que los medios señalan como "tierra de nadie", estigmatizando a sus más de doce mil habitantes. "Cuando decimos 'somos de La Cava', nos miran como bichos raros y en eso ayudaron los medios, que decían que La Cava era impenetrable, que todos éramos delincuentes, que las bandas más grandes estaban acá. Los secuestros eran todos de La Cava, igual que cuando asaltaban o mataban a alguien". Tolentino Domínguez, vecino de la villa, recuerda lo que pasaba antes de que los propios medios tuvieran que reconocer que los secuestros siguen, manejados por mafias externas a La Cava que cuentan con el respaldo o la participación directa de las fuerzas de seguridad. De todos modos, las mochilas escolares de los niños del barrio siguen siendo "requisadas" y los militantes de las organizaciones populares reciben amenazas, como le ocurrió a Oscar Hurtado, de Barrios de Pie. Todo como producto de un Estado de Sitio que sería inaceptable para los vecinos de Flores o de Palermo.
"A mis pibes los vuelven locos, yo les digo que no se dejen pasar por encima, si no te pegan por cualquier cosa. Son unos hijos de puta y se tienen que ir". Alicia es la que levanta el discurso más duro, más directo, contra el accionar de los prefectos en el barrio. Adriana, en cambio, considera en cierto modo natural y hasta razonable que "como mínimo tres veces por día, cada vez que va y viene de la escuela, le revisen la mochila, los útiles, las zapatillas, todo". Su hijo tiene 14 años y según Adriana "no tiene nada que ocultar y así nos sentimos más seguros". Es que en el barrio eran muy frecuentes los tiroteos entre banditas que hacían circular la droga que viene "de afuera" y en la que muchos ven una larga mano que termina en la comisaría.
El operativo no tiene la misma intensidad en las calles periféricas que en el centro de la villa. Por eso, aunque entre los vecinos no hacen diferencias "sectoriales", no pueden evitar vivir experiencias diferentes. Alicia es terminante: "No tienen que estar, yo no permito que me revisen ni que me pidan documentos". Otro vecino cuenta que lo "paraban siempre, de entrada y salida, me revisaban la billetera, los documentos, todo." Fanny vive en una de las calles que bordean la villa, y con la Prefectura se siente "cómoda e incómoda, porque tengo dos hijos adolescentes y hasta las zapatillas les sacan. Entonces eso duele".
Si la situación es difícil para los adultos, lo es mucho más para los chicos, ya que se torna traumático el hecho de que les revisen hasta los lápices y los cuadernos. Edith trabaja en un centro educativo, dentro de La Cava, con chicos de 13 y 14 años, y recuerda que durante los primeros días del operativo "tenía una mala sensación, lo vi como muy invasivo". Dice que los chicos estaban "muy alterados porque se juntaban entre 30 y 40 prefectos con armas muy grandes para hacer recorridas y los pibes se sintieron muy mal por esa situación. La relación que tienen con el uniforme de la policía no es muy buena. Nosotros trabajamos para tratar de revertir eso".
Los vecinos coinciden en que los prefectos no sólo los revisan. "Cuando llegaron se hacían los malos y a los pibes los perseguían, les pegaban". Lo que parecía conformidad se transforma muy pronto en indignación: "Si veían a un pibe tomando cerveza, le pegaban y se la sacaban. Después se la terminaban tomando ellos". Lo mismo pasa con los chicos a los que sorprenden "con las bolsitas esas que aspiran; les pegan, se las sacan y se las quedan ellos". Muchas familias de la villa subsisten gracias a pequeños negocios que tienen en sus propias casas. Los que predominan son los kioscos, almacenes y verdulerías. Hoy, lo que se considera un "clásico" de la policía, también le cabe a la Prefectura. "Van a los kioscos y negocios, se comen y toman todo, y no pagan". Como si eso no fuera suficiente abuso, Gustavo agrega otro dato alarmante: "En los últimos meses hubo algunos de Prefectura que se han propasado con chicos del colegio y con señoras que son jóvenes y muy lindas". Como ocurre también fuera de La Cava, la moneda de la supuesta seguridad tiene dos caras opuestas. "De día están todo el tiempo pidiendo documentos a los que entran y salen, y de noche no los encontrás porque andan por los pasillos persiguiendo a las chicas". Hubo casos que se denunciaron ante los superiores de los prefectos asignados al operativo. Por ese motivo, algunos reemplazados. La vieja receta de modificar algo para que todo siga igual.
Antes del acordonamiento, la 'seguridad' de La Cava sólo estaba en manos de la Policía Bonaerense. Jorge es habitante del barrio y junto con los demás, nota que hay una especie de "interna" entre la policía y la Prefectura. "Si te roban y vas a buscar a los de Prefectura, que muchas veces están viendo lo que te pasa, te dicen que no se pueden meter, que tenemos que ir a la policía porque a ellos no se les permite hacer detenciones". Sin embargo, sí pueden "meterse al barrio para pegarle a los chicos que, según ellos, tengan 'cara de sospechosos'. Casi siempre se la agarran con los jóvenes".
Gustavo opina que con la llegada de Prefectura "la Bonaerense hace más patrullaje por los alrededores, cuando antes no salía nunca. Hay pica entre ellos porque estando Prefectura acá se le acaba el negocio a la policía". Cada comentario provoca escalofríos. Si denuncian un delito en un puesto de la Prefectura, los derivan a la comisaría. Y cuando se dirigen a hacer la denuncia a la policía "no te la reciben, es como si tuvieran una ley de frontera". Los garantes de la "seguridad" no hacen otra cosa que custodiar su propio ombligo y nadie soluciona los problemas reales de los habitantes del barrio. Es evidente que los negocios son lo más importante, y aunque suene paradójico, se llenan los bolsillos a costa de los más pobres. "Acá se persigue al pibe que anda drogado, pero eso significa que si la droga sigue entrando, hay zonas liberadas. ¿Y quién trae la droga? Uno que tenga mucha guita, y la gente de acá no tiene. Estando todos los accesos cerrados, la responsable no puede ser otra que la misma policía". Gustavo precisa que desde hace mucho tiempo lo vienen denunciando. "Recién ahora, porque pasó lo de (Axel) Blumberg la gente toma conciencia y reconoce: 'Sí, es la policía'. Antes, si nosotros lo decíamos, era porque estábamos cubriendo a los del barrio. No, nosotros no cubrimos a nadie". Los vecinos sienten que tuvo que ocurrir un hecho como el asesinato de Axel para que los que viven afuera "empiecen a concientizarse de la gravedad de lo que está sucediendo. Porque ahora le empieza a doler al resto del pueblo". Amalia relaciona el "efecto Blumberg" con lo que pasó en diciembre del 2001. "Cuando lo iban a echar a (el ex presidente Fernando) De La Rúa, la clase media se sintió tocada y salió con los cacerolazos; recién ahí se movilizaron".
Muchos de los habitantes de La Cava decidieron desde hace tiempo no quedarse con los brazos cruzados esperando respuestas que nunca llegan. Se organizaron y trabajan juntos intentando salir adelante. La mayoría de las veces, los niños son los destinatarios de todos los esfuerzos, desde las escuelas, el Centro Educativo, la Parroquia, los comedores. Con planes propios de salud y alfabetización, y con el desarrollo de microemprendimientos que les permitan generar fuentes de trabajo. Gracias a los merenderos muchos chicos tienen un plato de comida y un vaso de leche diario asegurado. Todo lo que consiguen es fruto de la solidaridad, porque esos vecinos que aportan alimentos para los comedores comunitarios, muchas veces no tienen nada más para echar en su propia olla.

Control político

Aunque a muchos les parezca extraño, hay persecución política en la Era K. En los últimos meses de 2003, algunos integrantes del Movimiento Barrios de Pie sufrieron amenazas que fueron inmediatamente denunciadas. "El 24 de octubre y el 30 de octubre, fue amenazada la vida de 'E' (los nombres se mantienen en reserva por razones de seguridad) y la de sus hijos, por cuatro individuos semi encapuchados que descendieron de una Traffic blanca, armados con Itakas". A "G", también militante del Movimiento, "se le dejó saber a través de alguien que trabaja en la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) que si no dejaba su labor política se le abriría una causa". La tecnología también es utilizada para provocar miedo: "En reiteradas oportunidades, algunos compañeros levantaron el teléfono de su casa y escucharon la grabación de una reunión reciente, o una voz que amenazaba". La lista continúa: el 16 de diciembre, a la medianoche, "dos hombres se presentaron en la casa de la esposa de un coordinador de Barrios de Pie, en La Cava, y sin identificarse le preguntaron donde estaba su marido. La intimidación quedó asentada en dos frases: "Que vea que llegamos cuando queremos" y "a estos hay que darles un buen escarmiento". La mujer vio que desde el interior de un automóvil blanco, con vidrios polarizados, estaban filmando la zona. Días antes había recibido llamados telefónicos en los que le preguntaban si "estaba solita"'. Oscar Hurtado, el esposo, se dirigió al puesto de Prefectura en avenida Rolón y Neyer, en La Cava. "El Prefecto Berdún ratificó haber visto pasar por el lugar un Renault 18 color blanco con vidrios polarizados". Pero cuando Oscar le relató lo que le ocurrió a su esposa, "el Prefecto comenzó a dudar acerca de la marca y modelo del automóvil que había visto".
Cansados de vivir atemorizados, el 29 de diciembre los vecinos realizaron un escrache a la DDI de San Isidro, donde fueron recibidos por el Comisario Inspector Hugo Saúl Fernández. El oficial les extendió un documento, con su firma, aclarando que esa DDI "no lleva adelante por iniciativa propia (es textual) investigaciones ni tareas de inteligencia alguna sobre personas y/o agrupaciones por cuestiones políticas, limitándose únicamente a la función propia sobre hechos o denuncias sobre hechos delictivos con intervención del Magistrado que resulte competente". Marcos, de Barrios de Pie, cuenta que desde ese día, misteriosamente, los "aprietes" cesaron.
Los vecinos que se agrupan en la parroquia del barrio, no denuncian persecuciones, pero son solidarios con los que las sufren y con los pibes marginados. "Sería muy diferente si encuentran a un pibe con problemas de drogas o alcohol y fueran a preguntar en la casa si tienen problemas, por qué les parece a los padres que el chico recurre a esas salidas. En lugar de eso, vienen y te atacan y te dicen 'por qué no te fijas en que andan tus pibes'". El mal trato subleva: "No voy a permitir que me vengan a juzgar y a decir cómo tengo que criar a mis hijos. Si te vinieran a hablar bien, para ayudarte de verdad, sería muy diferente". Amalia, que es catequista, afirma que "otra vez se están agrupando los chicos en los pasillos" para consumir drogas que vienen "de afuera". Para Amalia las cosas parecen ser muy claras: "Hay tanto encubrimiento y temor en el barrio porque siempre estamos en la misma, porque hay conexiones desde lo político y lo policial".
Fanny asegura que "la prefectura los lleva (se refiere a los distribuidores de las drogas dentro de La Cava) y después los sueltan porque tienen orden de largarlos". Amalia insiste, entonces, en que se trata de "arreglos entre los políticos, los gobernantes, y los policías. Hay decisiones políticas, levantan el teléfono y los sacan". Sebastián Tedeschi, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habla de otro fenómeno paralelo, el de "las bandas estigmatizadas" que "cada vez que hay un delito, aunque no haya pruebas, son detenidos los miembros de las mismas familias, las que están siempre bajo sospecha". Prueba de ello es lo que ocurrió con el secuestro del hermano del futbolista Juan Román Riquelme o en otros casos similares: se realizan 30 o 40 detenciones y después todos quedan en libertad porque las pruebas son inexistentes.
Tolentino cree que todos, en mayor o menor medida, están estigmatizados por los medios, por la policía, por el poder político de turno. "Salimos de acá y decimos 'somos de La Cava' y nos miran como a bichos raros, pensando que somos delincuentes. Y a eso ayudaron los medios, que decían que La Cava era impenetrable, que las bandas más grandes estaban acá". Para Tolentino, todo tiene una íntima relación: "La policía no nos tomaba la denuncia, cuando había un robo, y hoy nos estamos dando cuenta que no lo hacían para poder culpar a La Cava por los afanos que se mandaban los mismos policías". Nadie se preocupa cuando el delito afecta a un habitante del barrio. "Los policías no se meten, salvo cuando se toca a alguien grande o a alguno de ellos".
Amalia cuestiona con cierta ironía el pomposo anuncio que se hizo previo al operativo de la Prefectura que comenzó a fines del año pasado. "Fue una equivocación", dice casi como si fuera una pregunta. Y la respuesta es de todos los presentes: "No", gritan dando a entender que fue una forma de avisarle a los ladrones que se fueran a tiempo del barrio. Hugo interviene para recordar que "el cercamiento" de La Cava, del barrio Ejército de los Andes de Ciudadela (estigmatizado como "Fuerte Apache") y de la villa Carlos Gardel tuvo como objetivo "frenar la inseguridad por el tema de los secuestros extorsivos, pero esos delitos siguieron en el mismo ritmo y ahora incluso hay más. Esto deja a las claras que de acá no salen las bandas que secuestran". La opinión de Hugo es que el problema de fondo es que "no se hace prevención, nadie se ocupa de saber cuántos son los que en la villa no saben leer ni escribir. Hay muchas familias en que el padre nunca fue a una escuela y los hijos tampoco, de manera que es muy difícil que puedan manejarse de otra manera, sin haber tenido una educación" con vistas a un futuro mejor.
"Es importante remarcar que el operativo sirvió para demostrar que los grandes delitos no salen de La Cava", recalca Tedeschi, el abogado del CELS. Lo que cuestiona es el dinero que demanda mantener un operativo que ya lleva más de cinco meses. "En el largo plazo, tan costoso operativo se va a tener que levantar y no hubo cambios en la Policía Bonaerense, de manera que sólo se está demorando el momento en el que se vuelva al mismo régimen, sin que se modifique nada". Sobre la actitud de la Prefectura, el abogado del Cels admite que la Prefectura "no se compromete en el delito de esta zona, aunque como ninguna fuerza de seguridad debe estar libre de corrupción, tal vez estará comprometida con el contrabando o con el narcotráfico, pero acá no se mete porque es territorio de la Policía Bonaerense". Sobre el costo del operativo, se recuerda que se cubren 20 manzanas con 800 efectivos y 10 móviles, cuando con "tres turnos de ocho horas se podría hacer una guardia utilizando a razón de dos personas" por unidad, cumpliendo tres turnos de ocho horas.
Griselda insiste en que la policía nunca les toma las denuncias que hacen, pero cuando pueden le sacan algunos pesos. "Mi marido es remisero y cada vez que lo paran, está obligado a preguntar: ¿Cuánto te sale un café? El policía le responde '20 pesos', mi marido paga y así se arregla todo". La actitud es bien diferente cuando se va a hacer una denuncia por robo: "Nunca te la toman, dicen que no hay testigos. Y si te metés a criticar a la policía te llevan a vos también o te hacen la cruz. Es injusto lo que hace la policía y por eso es que creemos que acá hubo una zona liberada en la que se podían matar a tiros". El abogado del Cels dice que el operativo se ha transformado "en una operación militar, por más que esa no fuera la intención". El gobierno nacional "habla sobre la necesidad de planes sociales y de apertura de calles para mejorar al barrio, pero el municipio de San Isidro (a cargo del radical Gustavo Posse) ya anunció la erradicación, poco después de reunirse con (Norberto) Quantín y ponerse supuestamente de acuerdo".
La asistente social María Antonia recuerda que lo que pasa es fruto "de un discurso que viene desde hace muchos años y que ha ido convenciendo a la gente de La Cava que no tienen derecho a reclamar nada. Vos no podés pagar, ergo no tenés ningún derecho". El sacerdote Aníbal Filippini confirma que "parece que el derecho lo da el pagar y no el ser vecino". Por eso cree que "a pesar de todo lo positivo que pueda llegar a tener el operativo, es una medida frágil, que no tiene futuro". El cura afirma que "la droga se sigue filtrando, los muchachos se hacen pelota y por eso no sirve lo que se está haciendo". La solución, según Filippini, pasa en lo inmediato por "investigar a fondo las cosas que la policía sabe muy bien donde se generan, porque sabe muy bien quiénes son los que están en el delito grande".
El párroco, hablando en nombre de todos, recuerda que los ladrones que pueda haber en el barrio La Cava "primero fueron víctimas de la marginación, de la desocupación, de la droga, del tráfico de armas. Primero fueron víctimas de algo que ellos no gestaron y recién ahora son victimarios. Por eso creo que lo eficaz es trabajar sobre esa realidad que involucra a cuarenta o cincuenta jóvenes, no más, según admite la propia policía". Filippini no deja afuera del problema "al Poder Judicial, al Servicio Penitenciario, porque la realidad es que los chicos entran y salen de la cárcel, por 'H o por B', pero nadie les da ninguna alternativa de recuperación, de reinserción".
Daniel, que lleva 20 años en el barrio, insiste en que "el 95 por ciento de los habitantes no tenemos nada que ver con el tema de la inseguridad y hoy seguimos inseguros porque los chicos se siguen drogando, hasta he visto a los gendarmes drogarse, y todo es un descontrol". A él también le parece ridículo "poner a 800 gendarmes para sacar a 50 personas, es un cálculo que no cierra, porque no se intenta sacar a esos chicos de la droga o del delito, ellos también son víctimas y hay que rehabilitarlos". La docente Edith tampoco coincide con el plan global de "seguridad" porque es "un operativo que marca a tres barrios y que se hizo de una manera invasiva". Ella saca las mismas conclusiones que María Antonia porque "todo surge de la visión que se tiene del barrio, donde vive gente a la que no le respetan sus derechos porque según ellos, no los tienen". En ese marco, el barrio "se puede invadir porque sí, como antes pasaban con los caballos por el medio de los pasillos. ¿Qué pueden decir si no tienen derechos?". Lo que propicia Edith "es una política centrada en la humanización, con políticas sociales para todos, para los jóvenes, para los niños, para las familias. Esto que hacen no va a tener un buen resultado a mediano plazo porque el problema pasa por lo que reclaman los vecinos: "son sanisidrenses, pero nadie se los reconoce. Acá, cuando se cruza Tomkinson (la calle que separa a La Cava de la zona paqueta de San Isidro), ésos vecinos sí tienen derecho a vivir como alguien que es de San Isidro y esto hay que empezar a cambiarlo. Nosotros trabajamos para cambiar las cosas, para lograr el reconocimiento y para reclamar que nos escuchen".