Daniel Campione*

La provocación surcó el aire el viernes 16 de Julio después del mediodía, frente a la Legislatura de Buenos Aires. La televisión mostraba manifestantes arrancando adoquines para arrojarlos sobre el edificio de la Legislatura, embistiendo con postes de tránsito contra las puertas de la misma institución, rompiendo vidrios, encendiendo fuego; todos los ingredientes de 'la violencia' espectacularizada. Varias horas de 'show mediático' ampliamente aprovechado por televisión y radio, para exhibir esa 'violencia' (así en general, sin actores ni fines precisos) que, según la derecha, estaría invadiendo la sociedad argentina, en singular mezcla de las luchas sociales con el delito común, y exigiría con urgencia el amplio uso de la fuerza por parte del Estado.

Las organizaciones piqueteras no protagonizaron la refriega, que fue iniciada (y proseguida) de modo más que sospechoso, por un pequeño grupo no identificado. Testimonios a la prensa señalan la presencia en el lugar de policías de civil, con indumentaria apta para parecer 'piqueteros'. Las fronteras son difíciles de discernir, entre ira espontánea, protesta organizada y manipulación policial o de inteligencia, pero las primeras informaciones ampliatorias, en parte provenientes de partidos de izquierda y en parte atribuidas extraoficialmente a hombres del gobierno nacional, nos hablan de una acción prolijamente organizada y coordinada, con protagonismo policial (ver Mártín Piqué, 'Fue una operación clara, preparada', Página 12, 18/7, p. 10).

Muchos pidieron intervención policial, comenzando por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra. El gobierno nacional se negó a reprimir de modo abierto, y fue muy criticado por su 'pasividad', su 'excesiva' tolerancia. En los comentarios posteriores, su política de seguridad mereció el pulgar para abajo aun de parte de analistas que le son muy afines (Ver H. Verbitsky, 'Limite', Página 12, 17/7, p. 4). De todas formas hubo más de veinte detenidos, al parecer apresados por policías de civil, y por orden de una jueza, y ya se escuchan los pedidos de aplicar 'todo el peso de la ley' sobre ellos.

Hay que tener en claro que todo comienza con la voluntad de imponer un Código de Convivencia básicamente reaccionario, que baja la edad de imputabilidad de los menores, persigue a vendedores callejeros y prostitutas, y pretende restringir las movilizaciones en las calles, sometiéndolas a autorizaciones previas y otras cortapisas. En suma, que pena a los pobres por los comportamientos que son producto del empobrecimiento y la desocupación sembrada por los mismos que predican la 'ley y el orden'.

Es un proyecto impulsado por el partido que conduce el gran empresario y dirigente deportivo Mauricio Macri, representante de un proyecto político de 'menemismo sin Menem' satisfactorio para un amplio arco de derecha. También existe un borrador 'alternativo' elaborado por los aliados de Ibarra, pero la versión 'progresista' no mejora mucho a la anterior. Después de incidentes (esa vez adentro de la sala) la semana pasada, ahora los legisladores resolvieron sesionar a puertas cerradas, dejando sin acceso presencial al debate al público, dispuesto a protestar contra la orientación clasista y antilibertades de la norma en discusión. Sin ese comienzo no se entiende todo el problema ni la furia subsiguiente.

Los hechos derivaron en una suerte de 'menú completo', servido para una ofensiva de la derecha: Se señaló que se estaba atacando una institución representativa, un edificio de valor histórico, dando una imagen negativa del país en el exterior, en fin, interrumpiendo el tránsito en la Avenida de Mayo. Se deploró a voz en cuello que la policía no pusiera en vereda a los revoltosos...

Esta vez no eran los piqueteros los protagonistas principales, ya que había estudiantes secundarios, asambleístas barriales, travestis, vendedores callejeros, el sindicato de prostitutas, militantes de partidos de izquierda, también piqueteros, por cierto. ¡Mejor¡ Así se puede hablar cada vez más de 'los violentos' en forma vaga y general, y el sayo (y la represión o el proceso judicial), le cae a cualquier militante popular, sea cual sea su sector de procedencia u orientación ideológica. Y se prepara no sólo la justificación de la acción represiva que tanto se desea, sino la de sus consecuencias sangrientas, ya que se acusa cada vez más a menudo a los piqueteros y otros 'violentos' de buscar mártires, de que ellos mismos buscan ser atacados a muerte por las fuerzas policiales.

Lo apenas subyacente es la urgencia de muchos por sacar a las organizaciones populares de las calles, de volver al 'país normal', en el modelo de los primeros años 90', con el gran capital y los 'representantes del pueblo' tomando las decisiones en ámbitos cerrados, sin ser molestados por presiones 'desde abajo'. Para ellos puede haber cambios no sustanciales en el armado institucional, hasta en la política económica, pero la activación popular no están dispuestos a tolerarla. Saben que apunta a poner en tela de juicio la obra de 'destrucción-construcción' de la última dictadura, cimiento de ese 'nuevo país' no susceptible de Cordobazos ni de 'ilusiones' revolucionarias, que disfrutaron en las últimas décadas. Permitir que la protesta continúe implica deteriorar esa asociación entre lucha popular y castigo violento y potencialmente ilimitado que la 'pedagogía' dictatorial impuso con coherente esfuerzo. Y está claro que muchos de los poderosos disienten de la combinación de desgaste y cooptación que anima la táctica del gobierno Kirchner, que apuesta al mismo fin de neutralizar la protesta, si bien con tiempos más largos y sin aspirar a su supresión sino a su 'encauzamiento'.

Queda en manos de las organizaciones populares el desarrollo de la lucidez y la habilidad necesarias para escapar a todas las acechanzas, trazando la prosecución del camino propio, sin abdicar reivindicaciones ni abandonar ninguna lucha. Es fundamental expandir el rechazo a las admoniciones que hoy emiten los mismos que han sido autores de la 'Violencia' con mayúsculas. Los que organizaron, propagandizaron, o aplaudieron los beneficios que les reportaría la supresión armada de la protesta social, del pensamiento revolucionario, y de las organizaciones de los oprimidos que le servían de base a ambas.


* Daniel Campione es profesor universitario (UBA y UNLP). Coautor del libro de reciente aparición 'Argentina. Los años de Menem'.