Terminó en Esquel el juicio de Benetton contra la familia Mapuche Curiñanco-Nahuelquir. El matrimonio indígena había sido acusado por la Compañía de Tierras del Sur Argentino (CTSA), propiedad del grupo italiano, de usurpar 530 de las 900.000 hectáreas que éstos tienen en la Patagonia.

Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir habían ocupado en Agosto del 2002, tierras que ellos consideraban fiscales -propiedad del estado- para hacer un emprendimiento familiar, pero a pocas semanas de comenzar a trabajar, una denuncia del administrador de la estancia de los Benetton, derivó en un violento desalojo y en la destrucción del trabajo que la familia había realizado durante un mes.

Sin embargo, no se trataba simplemente de un litigio por un pedazo de tierra entre una familia originaria y una empresa transnacional. En cada testimonio, en los alegatos de los abogados, y en el rostro de los dos centenares de representantes de comunidades Mapuche presentes, se reflejaba una profunda discusión sobre la relación entre pueblos originarios, terratenientes, estado y justicia.

El periodista es por definición un analista del día, y muchas veces tenemos el privilegio de asistir a acontecimientos históricos. Ayer fue uno de esos días. Por eso, creemos tener derecho de tomarnos la licencia de mostrarlo en extenso. Por ser una discusión larga y compleja, la dividimos en dos partes. En esta primera entrega damos cuenta de la discusión penal; si los Curiñanco son o no culpables de usurpación. En una segunda, ahondaremos en la discusión civil; quienes tienen, según la justicia, mejores derechos sobre esa tierra, algo que se va a terminar de definir el Lunes, cuando el Dr. Eyo, juez de la causa, haga publica la sentencia que le llevará cinco días escribir. Pronto estará disponible, también, el alegato completo del Dr. Gustavo Macayo, el defensor de la familia.

Lo que sigue es la primer parte de un testimonio del día en que una familia y un pueblo le torcieron el brazo al estado y a la voracidad de uno de los nuevos dueños de La Patagonia.

Una familia Mapuche en el banquillo

El juez lee los cargos; se los acusa de despojar, mediante el uso de la violencia, a la Compañía Tierras del Sur Argentino (CTSA) de parte de su propiedad, delito calificado como usurpación. En la sala hacen silencio los cerca de 200 Mapuche, estudiantes y vecinos que llegaron de todas partes para presenciar el juicio. El tribunal se trasladó al casino de oficiales de la Policía, un salón que generalmente se utiliza para cumpleaños de 15.

Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, los acusados, son los primeros que tienen que dar testimonio.

El año pasado, luego que de el conflicto comenzara a tener repercusión nacional e internacional, representantes de Benetton les habían ofrecido un acuerdo: si renunciaban a la tierra, ellos retiraban los cargos por usurpación, y todo quedaba en el olvido. Pero para el matrimonio Mapuche, no había vuelta atrás; ellos hablaban con su verdad, con palabras simples y sinceras, y no iban a aceptar que se los trate como delincuentes. No quisieron el trato, que consideraron otro intento de humillación, y allí estaban ahora, en el banquillo de acusados, señalando a los terratenientes y al estado de no respetar los derechos de los pueblos originarios.

Rosa habló primero, con palabras pausadas y espontáneas; ni ella ni Atilio habían preparado su declaración. "No hace falta -nos dijo ella- yo tengo bien claro lo que tengo que decir: la verdad". Durante los últimos días, los vimos organizar el alojamiento y cocinar para sus hermanos y hermanas que vinieron desde varios puntos de la región para acompañarlos. Ambos fueron los anfitriones de más de un centenar de campesinos, ancianos y niños que bajaron de la cordillera, dejaron sus comunidades y a sus familias para darles fuerzas y solidaridad en un momento definitorio de su lucha.

El martes por la mañana, antes del amanecer, en las afueras de la ciudad de Esquel, los Mapuche se habían congregado para hacer un Nguilliatum, una ceremonia tradicional para conectarse con las fuerzas de la naturaleza de la que se sienten parte. Allí, Rosa y Atilio recibieron el abrazo de sus hermanos, y sobre todo de los ancianos. Con lágrimas de emoción en los ojos, poco después de un amanecer brumoso y radiante recibieron los consejos y la fuerza de los Lonko (autoridades Mapuche). Doña Celinda los ungió a ambos con Muday, una bebida tradicional Mapuche, y les regaló palabras en la lengua secreta de la tierra. El Lonko Segundino, que para acompañarlos regresó después de 72 años a Esquel, les dio su fuerza apoyando el cuchillo que lo acompaña desde hace casi un siglo en el pecho.

Ahora, frente al frío estrado del tribunal, esa fuerza se convertía en palabras. Rosa y Atilio contaron como, al quedar desocupados, decidieron volver a la tierra para trabajarla con el poco capital que representaba su indemnización. En Febrero del 2002 presentaron en el IAC (Instituto Autárquico de Colonización) una nota solicitando ocupar un predio fiscal llamado Santa Rosa, muy cerca del lugar donde había nacido Atilio, en las inmediaciones del casco de la Estancia Leleque, propiedad de la CTSA. Explicaron cómo, seis meses después de ese pedido, y en base a la respuesta oral del organismo, fueron a la comisaría de El Maitén para declarar que iban a ocupar el terreno. Luego se pusieron a trabajar.

"Nosotros no cortamos ningún alambrado. No había nada allí- explicó Atilio-. Yo soy nacido en el lugar y lo conozco muy bien. Entramos de día, no hizo falta violencia…Nunca nadie utilizó ese predio. Esto nos ha sorprendido porque no nos han respetado…es notorio que siempre sea con los humildes, es una prueba de como nos tratan, igual que a nuestros antepasados. Yo con esto me siento tocado moral y materialmente, porque perdí todo y no se si lo voy a poder recuperar". Rosa también dijo que "Me acusan de usurpar mi propia tierra, yo nací en esta tierra, no nací en Italia…no me pueden venir a acusar de usurpadora".

Luego de sus declaraciones, comenzaron a desfilar los 17 testigos que habían jurado o prometido decir toda la verdad, y nada más que la verdad.

Los testigos

El primero en declarar fue el administrador de la estancia de los Benetton, llamativamente llamado Ronald Mac Donald. Su testimonio era uno de los centrales, porque en base a su denuncia se habían formulado los cargos contra los Curiñanco.

Sentado frente al juez, quizás traicionado por los nervios, o simplemente porque la empresa había cambiado de estrategia, se desdijo de lo declarado con anterioridad: que los Curiñanco habían cortado el alambrado para entrar al predio, que habían ingresado a la noche y que se habían instalado frente a los arbustos para no ser descubiertos. En su nueva declaración ya no había visto alambrados cortados, simplemente una tranquera (puerta) precaria, y había detectado la casa desde arriba de su vehículo, en la ruta.

Le siguió un empleado de la CTSA, un puestero (cuidador) de apellido Nahuelquir -el mismo de la acusada- que desde hace 30 años trabaja en la estancia. Su supuesto testimonio había sido citado en varias por Mac Donald y por el abogado de La Compañía para acusar a los Curiñanco de usurpación.

Frente al tribunal, nada de lo que se le había adjudicado se repitió. Con mucha honestidad, el anciano peón declaró que desde su puesto de vigilancia había visto como entraban los Curiñanco al predio. Cuando se le preguntó por los alambres cortados -lo que demostraría que los ocupantes habían utilizado la violencia- dijo que no vio ninguno, y que para él "habrían entrado por la tranquera o saltado el alambrado". También explicó que antiguamente, la única función que cumplía ese predio era la de alojar a los caballos de los peones que iban a la CTSA para buscar trabajo. Como no les permitían entrarlos a la compañía -señaló otro testigo- los dejaban ahí.

Ambas declaraciones causaron reacciones muy diferentes. En Rosa Nahuelquir despertó la primer sonrisa del día; a poco de empezar el juicio, ya se comenzaba a caer, en boca de sus principales acusadores, el rosario de mentiras que la habían señalado como usurpadora. Pero afuera de la sala, y del otro lado de la historia, dos jóvenes asesoras de prensa de la CTSA daban vuelas en círculos y no paraban de quejarse en sus comunicaciones por celular que los primeros testigos presentados por ellos habían declarado mal.

Los testimonios que siguieron fueron convirtiendo el tribunal en una nebulosa que por momentos parecía montar -¿o revelar?- la puesta en escena en un teatro absurdo. La discusión del alambre -si lo habían cortado o no- no era una cuestión menor a los efectos de los cargos que se imputaban contra el matrimonio. Y no sólo porque la tierra ocupada por Benetton es una provincia alambrada; sobre todo, porque si se demostraba que la familia Mapuche los había cortado se fortalecían los cargos de usurpación.

Los agrimensores, cuyos testimonios serán analizados en la segunda parte, demostraron sólo lo que luego señaló la defensa: que ninguno de ellos puede hablar contra los terratenientes porque todos, tarde o temprano, tienen que trabajar para ellos.

También declararon directivos y empleados del IAC, que contaron como la familia se había presentado a averiguar por la tierra en ese organismo, y que su pedido nunca había sido respondido por escrito. Igualmente, deslindaron toda responsabilidad y negaron haberle dado permiso a los Curiñanco para ocupar el predio. Con notable rencor, develado por el tono despectivo de sus palabras, demostraron -ante las preguntas de las partes- desconocer la ley de tierras indígenas, y en especial la que ordena al organismo la participación de los pueblos originarios en las decisiones que atañen a esas tierras. Ricardo Rojas incluso llegó a afirmar - causando risas y comentarios entre el público- que en la provincia no hay tierras fiscales desocupadas. Declaró que si las hubiera "todos tienen que tener la misma oportunidad, porque todos somos argentinos", dejando entrever su adhesión a las teorías racistas que descalifican a los pueblos originarios, negando las leyes que los reconocen preexistentes al estado argentino.

Un corresponsal de Indymedia Argentina, Hernán Scandizzo, contó en su declaración que en la investigación periodística en la región, se descubrió una política de apropiación sistemática de territorios indígenas por parte de la CTSA. Enumeró testimonios actuales e históricos, recogidos en Vuelta del Río, en Leleque -donde se descubrió una reserva indígena alambrada y con restos de lo que alguna vez fue una casa- y en otras zonas donde se repite la misma situación:

indígenas despojados de sus tierras tradicionales por terratenientes como Benetton.

También ratificó lo que habían afirmado varios testigos; que el predio estaba abandonado, que los alambrados estaban caídos y que las únicas mejoras visibles pertenecían matrimonio Curiñanco-Nahuelquir.

Otro testimonio revelador fue el del oficial de policía Eduardo Quijón, conocido en la zona como un hombre de los terratenientes, presente en cuanto desalojo, apriete o acusación haya contra los pobladores Mapuche. El oficial tuvo problemas para explicar por qué escribió en un acta que Atilio Curiñanco había cortado el alambrado para entrar el predio. Reconoció que no los había visto en el momento en que supuestamente lo hacían, y que sólo encontró un hilo cortado de los siete que tiene el alambrado "oxidado, podrido, caído" (así lo calificó otro testimonio) que rodea al lugar. Su testificación fue corta pero aleccionadora; el montaje, la parcialidad en las actas que se labran durante los operativos contra las familias humildes, son prácticas de uso corriente en la región.

Los alegatos

Martín Iturburu Moneff es el abogado de Benetton, o de la CTSA. La duda corre por su cuenta; siempre sostiene que la CTSA, que todos saben es del grupo italiano, es una empresa nacional, y que como se trata de una sociedad anónima, nadie conoce quienes son los dueños. Para demostrarlo, con un dejo de ironía, durante todo el juicio lució una escarapela celeste y blanca. Todos los representantes de Benetton -los que eran simpáticos y los que no- usaban la misma identificación, a pesar de que las fiestas patrias habían terminado el día anterior.

Su alegato terminó de demostrar un cambio en la estrategia de los Benetton. Si antes hablaba de clandestinidad y violencia por parte de la familia Curiñanco-Nahuelquir, ahora se trataba de aparente "negligencia". Comenzó su larga alocución diciendo que "aquí hay una cuestión penal y una civil, que es la que a nosotros nos interesa. Somos ajenos a la acción penal, quiero que quede absolutamente claro". En realidad, con esto volvía sobre sus propios pasos; los cargos penales por usurpación, se basaron en los escritos que él mismo presentó y que ahora, a la luz de los testimonios, se volvían insostenibles.

Explicó que cuando uno compra un pullover- ¿ejemplo casual?- primero averigua de que está hecho, quién lo hizo y cuánto sale, para luego decir que en este caso era lo mismo; que los Curiñanco podrían haber tomado recaudos para saber si se trataba de un predio fiscal o no. Si bien reconoció que habían ido a hacer una exposición policial antes de entrar al predio, supuso que "no se habían presentado con eso al IAC porque sabían que les iban a decir que no". Para él, como mínimo se trató de un caso de "negligencia", que había terminado en "un echo lesivo, un daño para la CTSA". Luego ahondó en el problema de las mensuras y los títulos de propiedad- cuestión que abordaremos en la segunda entrega- conclyendo que los Curiñanco "tenían conocimiento de que era propiedad privada".

Siguió el testimonio del fiscal, representante del estado y encargado de determinar qué delito se cometió y formular los cargos. Pero esta vez, en forma inédita, su alegato se convirtió en una encendida defensa de la familia Mapuche. Señaló que para que exista el delito tipificado como usurpación, tenían que darse por lo menos una de cinco condiciones: la clandestinidad, el engaño, el abuso de confianza, la violencia o la amenaza. Punto por punto demostró que en base a los testimonios y las pruebas aportadas, ninguna de esas características se ajustaban a lo actuado por la familia Mapuche, y que, por lo tanto, tenían que ser sobreseídos.

El público recibió su intervención con aplausos, que se multiplicaron cuando el juez señaló que si la fiscalía no presentaba cargos, él no tenía mas que dictar el sobreseimiento de la familia. Sólo faltaba definir la cuestión civil; de quién era la tierra.

La tensión que reinaba en la sala y la preocupación reflejada en los rostros se disiparon con una dosis de ternura. "Mi cliente -señaló uno de los defensores, el Dr. Hualpa- quiere ir al baño. Creo que puede ir porque ya no está imputado". La ocurrencia generó sonrisas entre el público, gritos de ¡Marici Weu! con los puños en alto, y una explosión de abrazos y lágrimas contenidas a lo largo de más de un año de lucha.

El juez no pudo más que dictar un cuarto intermedio de unos minutos. Afuera, al ritmo del kultrum y un canto hermoso y profundo de Doña Celinda, las ancianas que estaban presenciando el juicio comenzaron a bailar con pasos cortos, tomadas de la mano y contestando los gritos y sonidos de los hombres que tocaban instrumentos de viento propios de la cultura Mapuche. En sus bocas se dibujaban sonrisas y no pocas lágrimas; era un baile de alegría, de lucha y de dignidad.

Juntos habían cuestionado, de cara al país y al mundo, un mecanismo típico en la región; desalojar por las dudas a las familias humildes, para luego discutir judicialmente si son o no dueños de la tierra. Una práctica de conquista y rapiña que se viene repitiendo desde la "conquista del desierto", y que escribió no pocas páginas de sangre y resistencia en esta región.

Luego de los últimos 10 años de lucha, hace menos de un mes, el juez Collabelli -el mismo que había actuado en esta causa- fue destituido por procedimientos como éste. En sus fallos, los desalojados son siempre las familias Mapuche, a las que se les niega el derecho a defenderse y se condena al despojo antes de ser sentenciados.

Los Benetton, con su denuncia, se habían amparado en ese procedimiento para desalojar a la familia Curiñanco, e incluso el vocero de la compañía, Federico Sartor, se había jactado en una respuesta a nuestros artículos- dos meses antes del juicio- que la sentencia ya estaba dictada.

Ayer los Mapuche terminaron de poner sobre la mesa esa práctica, dejando claro también que la constitución, que dice que los pueblos originarios deben tierras aptas y suficientes para su desarrollo, hasta ahora es sólo papel mojado.

Quizás hayamos sido testigos del comienzo del fin de muchas cosas, entre ellas la doctrina Benetton-Collabelli. Esa que dice que los poderosos siempre tienen la razón.