Destituyen al embajador de Argentina en Cuba por el caso de la médica disidente

Stella Calloni
La Jornada

Buenos Aires, 20 de diciembre. Los nombres de los asesinados en Plaza de Mayo y sus cercanías el 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron recordados esta noche ahí mismo, en una de las varias manifestaciones y marchas para conmemorar la rebelión popular o cacerolazo que en pocas horas llevó a la caída del entonces presidente Fernando de la Rúa, en medio de una de la más grave crisis social y económica de Argentina.
En el tercer aniversario del también llamado argentinazo, en la que el entonces mandatario renunció para huir luego en helicóptero de la Casa de Gobierno, no sólo se volvió a exigir justicia para los más de 30 muertos por la represión policial en todo el país hace tres años, sino también la despenalización de la protesta social, aumentos salariales, el rechazo al pago de la deuda externa y el retiro de las tropas argentinas de Haití.
Estos últimos reclamos estuvieron en boca de los sectores "duros" o "radicales" del movimiento piquetero (pobres y desocupados) que llegaron a la céntrica Plaza de Mayo encabezados por la Corriente Clasista y Combativa, el Bloque Piquetero -que encabeza el trostkista Polo Obrero- y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados que lidera Raúl Castells.
Pero hubo otra marcha, la de piqueteros que respaldan al presidente Néstor Kirchner. Los sectores cercanos al recientemente creado Frente Patria para Todos, encabezados por el legislador y titular de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), Luis D'Elía, el dirigente de Barrios de Pie, Jorge Ceballos; el diputado Miguel Bonasso, del Partido de la Revolución Democrática, la agrupación Memoria y Movilización, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, la Corriente Social Bonaerense, y el Polo Social, se manifestaron ante el Congreso para recordar a las víctimas de la rebelión.
Hasta el momento no hay acusados por los homicidios en las causas abiertas, y la jueza María Servini de Cubría decretó en 2003 "falta de mérito" de Fernando de la Rúa, por considerar que no había evidencias para procesarlo o exonerarlo.
Repudio en el centro
En la mañana, sectores de desocupados y pequeñas agrupaciones políticas, entre ellos la agrupación Martín Fierro, realizaron escraches (denuncias públicas) ante las sedes de empresas extranjeras y bancos, en pleno centro capitalino, y bloquearon calles.
Los forcejeos entre grupos de desocupados y políticos que llegaron a Plaza de Mayo desde la tarde revelaron la diferencia con aquel 19 y 20 de diciembre, cuando miles de personas, familias completas en muchos casos, llegaban espontáneamente a la Plaza de Mayo, sin banderas partidarias, dispuestos a resistir la última orden -el estado de sitio- de un gobierno elegido en 1999 y que había traicionado la voluntad popular.
Sin embargo, el elemento novedoso esta noche fue la presencia de los dirigentes de los gremios que, como los Telefónicos, llevaron nuevamente a las calles la lucha sindical, uno de los hechos relevantes de este 2004.
La rebelión que en la noche del 19 de diciembre de 2001 congregó a diversos sectores, también estaba destinada a advertir a una clase política con un estruendoso "que se vayan todos" que se había acabado el tiempo de la corrupción y del miedo.
Pero lentamente, los mismos de antes regresaron y como un símbolo, el juez Norberto Oyarbide acaba de quitar los obstáculos para que el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), considerado responsable de la devastación del país por su modelo de apertura y privatizaciones sin control, y de la mayor corrupción en la historia nacional, pueda volver el próximo miércoles.
Aceptando las "garantías" de familiares y amigos para una fianza establecida en un millón de dólares, Oyarbide dio vía libre para el regreso del ex mandatario, quien en una extensa publicidad paga, anunció que viene a "poner orden" en el gobernante Partido Justicialista (PJ) y a encabezar la oposición contra Kirchner. Pero además, "estaré en las elecciones presidenciales del 2007", sostuvo desde Santiago de Chile.
También, tres años después, se advierte la fragmentación del movimiento piquetero, la casi sistemática destrucción de las asambleas barriales surgidas de aquella rebelión por pequeños sectores políticos. En cambio, uno de los logros de estos años es el crecimiento de las empresas en quiebra y recuperadas por sus trabajadores, y una continuidad del movimiento social que, aún fragmentado, está a la vanguardia de la resistencia.
A nivel económico, el PIB que se desplomara tras aquella crisis, logró acumular crecimiento, pero casi la mitad de los argentinos está en la pobreza, en un país que supo jactarse de tener la más extendida clase media de América Latina.
Nuevo jefe de gabinete de cancillería
El gobierno destituyó al embajador en La Habana Raúl Taleb y nombró como sustituto al diputado Darío Alessandro, mientras Aníbal Gutiérrez se perfilaba como nuevo jefe de gabinete de cancillería, en remplazo de Eduardo Valdés, en el contexto de la crisis entre Argentina y Cuba por el caso de la médica disidente cubana Hilda Molina.
El presidente Kirchner se reunió esta mañana con el canciller Rafael Bielsa para tratar el tema de Molina, a quien el gobierno cubano no ha dado el permiso para visitar a su hijo Roberto Quiñones, residente aquí y casado con una argentina. La pareja tiene dos hijos.
La situación se tensó cuando la médica ingresó en la legación argentina para permanecer como "huésped", pero se hablaba de asilo, y el manejo del caso, haciendo pública una carta de Kirchner a Fidel Castro para que se permita a Molina viajar a Buenos Aires a ver a su familia, cuando la misiva era de carácter privado.
Todo esto dejó en evidencia las diferencias en cancillería, mientras el hijo de la médica tiene cada vez más espacio en los medios de comunicación, e insiste en que Kirchner debe ser "firme" en su reclamo para el viaje de Molina.
Además los medios divulgan varias versiones, y esta tarde Estela de Carlotto, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, salió a negar el haber sido invitada a acompañar a la familia Quiñones a Cuba. Se dice que el gobierno argentino hizo tres propuestas presentadas, entre ellas que la familia se reúna en Cuba. A su vez, Jorge Busti, gobernador de la provincia de Entre Río, defendió al embajador saliente, al considerarlo un "chivo expiatorio".