Al cumplirse cinco años de la masacre del Puente de Corrientes, que inaugurara el 17 de diciembre de 1999 con sangre el gobierno de la Alianza, las víctimas, familiares de víctimas y organismos que los representan denuncian al Estado Argentino ante la CIDH.

El 17 de diciembre de 1999 el pueblo correntino autoconvocado fue desalojado del Puente Gral. Belgrano por un operativo multifuerzas, con especial protagonismo de Gendarmería Nacional, que al mando del ex represor de La Perla, Comandante Ricardo Chiappe, dejó un saldo de dos muertos, Mauro Ojeda y Francisco Escobar, y medio centenar de heridos.

A cinco años de la masacre, la causa judicial que tramita ante el juzgado federal a cargo del Dr. Soto Dávila es una farsa que ni siquiera tiene imputados. Los responsables políticos como el ex ministro del interior Federico Storani o su segundo, el ex secretario de seguridad Enrique Mathov, y los responsables materiales como el comandante Chiappe no han sido indagados, ni se ha dilucidado qué autoridad nacional dio la orden de atacar a los manifestantes con balas de plomo.

Storani y Chiappe han declarado como simples testigos, y han protagonizado un careo que más parecía una 'reunión de amigos' en la que se jugaba al Gran Bonete.

En el día de hoy, en conferencia de prensa realizada en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Corrientes, la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Intitucional), la Comisión Pcial. de DDHH y los abogados querellantes que representan a las familias de los muertos y heridos, anunciaron que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington.

El Dr. Daro Esquivel, apoderado de los peticionarios, manifestó que 'ante la inacción judicial por más de cinco años, con un expediente en seis cuerpos que no tiene siquiera un imputado, hemos resuelto denunciar ante la CIDH la violación a los derechos a la vida, la integridad física y el
acceso a la justicia de nuestros representados'.

Las abogadas de CORREPI, Dras. María del Carmen Verdú y Karina Castagnino, que patrocinan la presentación, afirmaron en la rueda de prensa que 'los muertos del Puente de Corrientes fueron asesinados por el mismo estado que mató el 19 y 20 de diciembre de 2001 y el 26 de junio de 2002; el mismo estado que asesina un pibe cada 55 horas por el gatillo fácil o la tortura. Ese estado que no se investiga a sí mismo, debe ser condenado por el tribunal internacional, aunque después ocurra que no cumplan la sentencia, como en el caso Bulacio.'.

La presentación, de 137 fojas, denuncia la represión padecida por los correntinos y la obstaculización del acceso a la justicia, incluyendo el escándalo jurídico de que el mismo juez que intervino en las horas previas al operativo siga entendiendo en la causa.

Los presentantes esperan que este sea el segundo caso desde 1983 en que el Estado Argentino sea condenado por violación a los DDHH por parte de las fuerzas de seguridad, y se ordene castigar a los responsables.