'Ah, el terrible poder de las repeticiones: cuando se acepta la primera,
ya no se puede escapar de las siguientes!' Robert Musil, 'El Hombre sin
Atributos' I
El año 2004 finalizará con un nuevo crecimiento de la masa de mercancías y
servicios producidos en el país. Rondará el 8%. Con esto se tendrán dos años
consecutivos de crecimiento significativo de la masa de bienes producidos por la
economía nacional. Así, el ingreso nacional por habitante que aumentara un 7,9%
en 2003, volvería a crecer en mas de un 7% al finalizar el corriente año .
Entonces, en dos años se habrá recuperado la fortísima pérdida experimentada en
2002 después del estallido del régimen del patrón dólar. Por añadidura, este
hecho contrasta con la experiencia anterior a 2002, cuando el ingreso medio
nacional (bruto) venía decreciendo, ininterrumpidamente, desde 1998, último año
de la recuperación experimentada a partir de la recesión Tequila: en 1999, la
caída había sido de un 4,6%, en 2000, de un 5,2% y en 2001, de otro 2,3%,
culminando en el estruendoso descenso del 14,6% de 2002
La tasa de aumento de los precios, que fuera del 30,6%, luego de la fuerte
repercusión derivada de la devaluación monetaria, se moderó. De tal modo que
mientras en 2003 había alcanzado el 10,6%, en 2004, se redujo, hasta ubicarse en
torno del 5,5%. Pero es previsible que en los primeros meses del 2005 se
produzca un nuevo aceleramiento de la suba de precios.
El desempleo abierto fue del 13,3% en octubre último. Si a ese índice se agregan
los beneficiarios de los planes de ayuda, el desempleo es del 17,6%. Se ha
prolongado por dos años más la penosa condición del grueso de los desempleados y
subempleados generados por el Modelo Económico de los años 90, alborozadamente
saludado y apoyado por los partidarios de las 'soluciones del mercado'. Además,
continúa el virtual dualismo instaurado en el mercado de trabajo al influjo de
la presuntamente virtuosa flexibilización laboral, la apertura comercial y la
liberalización financiera en el contexto de una acentuada sobrevaluación de la
moneda nacional... Con ello y con la gran masa de desempleados y subempleados,
una proporción importante -demasiado importante- de los trabajadores queda al
margen de los beneficios proporcionados por la economía registrada, que por su
parte habían sido ya muy recortados en la última década.
El cuadro de la pobreza y la indigencia muestra, todavía, un número muy abultado
de hogares en esas tristes condiciones: 3.382.000. Es preciso prestar la debida
atención a la implicancia del criterio adoptado para determinar el número de
pobres e indigentes: el trazado de la línea ideal que separa a los pobres de
quienes no lo son. Este límite está dado por un ingreso mensual de $735 por
hogar. Pero, el actual costo mensual de la canasta familiar 'completa' alcanza a
$ 1522. Y el ingreso de $735, utilizado para efectuar la separación, sólo
permite comprar menos de la mitad de dicha canasta. De manera que el 80% de
todos los hogares con ingresos regulares, no puede adquirir la canasta de
consumo completa.
El ascenso de los salarios desde 2002 suma un 30,5% en promedio; cifra ésta muy
influida por el subconjunto de los trabajadores de la economía registrada. Con
esto, la pérdida de poder adquisitivo del salario medio, sufrida mayormente
durante 2002 y prolongada, luego, en 2003 y en el año que ya finaliza, fue
recortada parcialmente, quedando, todavía, ¡una pérdida neta de alrededor de
veinte puntos! Todo esto en términos medios. Pero es preciso tomar en cuenta la
existencia de amplios estratos de población empleada para la cual dichos
guarismos, indicativos de los recortes de pérdidas, no se han cumplido.
La reacción de una parte de los trabajadores -una porción menor del total de los
empleados- presionando por incrementos salariales tiene lugar en el contexto
señalado del mercado de trabajo. Y la respuesta del Gobierno, aplicando
incrementos por decreto, puede leerse de diversos modos...
El Gobierno, a pesar de los anuncios deslizados en su momento, no modificó lo
esencial de la política tributaria del Modelo Neoliberal. La parte principal de
lo producido por los impuestos proviene de los tributos indirectos, muy
regresivos, con una alícuota del IVA que es una de las mayores de América Latina
y acentuadamente más alta que el de las economías industriales avanzadas. A esto
se agrega una imposición directa desfigurada: el impuesto a la ganancia que ya
tenía una base imponible injustamente baja no incorporó el ajuste por inflación,
a pesar que los precios al consumidor subieron un 51% y los mayoristas un 102%
mientras el impuesto al patrimonio siguió siendo el mismo establecido durante el
Ministerio del Dr. Cavallo. La tributación directa declarada y pagada por los
grandes grupos económicos y por los sectores de alta renta es asombrosamente
reducida. En cambio, los sectores plenamente alcanzados por los impuestos
directos, son las familias que reciben sus ingresos y conforman sus patrimonios,
predominantemente, por el trabajo personal. Esta retribución es, en general,
baja. En tanto que los impuestos a la exportación, el nuevo recurso instaurado
después de la devaluación de la moneda argentina, son los que agregan ingresos a
la pauta tributaria legada por los años 90.
El gasto público medido en términos constantes, sufrió la reducción más
importante de los últimos lustros y casi no ha modificado su conformación
estructural. La parte destinada al gasto social refleja un aumento nominal que
no se corresponde con la gravedad del estado de necesidad que afecta a millones
de hogares del país.
La distribución de la renta no ha mejorado su perfil, mostrando que el ingreso
medio del 10% de la población con ingresos más altos es 28 veces el ingreso
correspondiente al decil con ingresos más bajos.
Estos son los datos fríos de la estadística económica. Ahora cabe interpretarlos
en términos políticos. II
Entonces, la población argentina está inmersa en una realidad que, por un lado,
se modifica positivamente, pero por otro, no. Aunque no lo perciba en todos los
casos, objetivamente, para una parte apreciable de las familias, el fin del año
2004 termina casi con las mismas características que su inicio. Las diferencias
entre discurso y práctica, entre anuncios y resultados concretos de la acción de
gobierno, siguen siendo significativas. Pero no parecen influir demasiado en la
consideración, en general positiva - o en todo caso resignada - de la opinión
pública, según las encuestas. Hay en buena parte de la Sociedad, y sobre todo en
sus sectores medios, una tendencia pronunciada al conformismo oficialista, una
suerte de conducta pasiva que refleja, de algún modo la reiterada idea de que,
al fin y al cabo 'son todos iguales' o una cierta esperanza justificada por las
apariencias de la recuperación económica, el rescate de la memoria de los '70. O
quizá la discusión con los acreedores externos y sus representantes, apoyada por
el discurso de la conducción nacional.
Si se trata de ese sectores medios y altos, ( que suelen ser los que determinan
la opinión publicada en los grandes medios) debe advertirse que algunos de ellos
han sido muy beneficiados por la renta de la devaluación. Por lo tanto no se
encontrarán ahí mayores quejas, en la medida que tengan la sensación de algún
signo de mejora, o de no empeoramiento de su situación financiera particular. En
fin, es una impresión confusa, que resulta de una suma no integrada de intereses
individuales, una característica del fenómeno de ruptura de lazos sociales y
politicos propios del Modelo Neoliberal en los paises subdesarrollados.. Todo lo
contrario de lo deseable: una conciencia colectiva del interés general de la
Nación y el bien común, exigido por un auténtico civismo democrático.
El origen de la disparidades entre las palabras, las percepciones sociales y los
hechos tiene dos fuentes, dos justificaciones o dos excusas:
a) los deseos del gobierno por demostrar que el modelo así llamado 'neoliberal'
y sus beneficiarios de adentro y de afuera, ya no son el sustento teórico de la
conducción económica. b) la imposibilidad de revertir las consecuencias de la
vigencia de ese modelo, y por lo tanto la conveniencia pragmática de mantener
sus mismos parámetros directrices.
Pero no se pueden cambiar los efectos si no se modifican las causas. Y las
medidas del gobierno no se han caracterizado por atacar las causas con la
necesaria inteligencia, precisión y profundidad, sino por disparar a sus
reflejos con balas de fogueo y artificio lumínico.
Es posible ya sospechar que no es por timidez que no innova. Es por convicción
de oportunismo conservador que se repite la ya penosa costumbre de los
gobernantes que se dicen 'progresistas' de recurrir a la falacia para ganar
elecciones, o para obtener reelecciones. En fin, la repetición parece ser el
destino de los gobiernos, un libreto sin imaginación con las mismas formulas,
los mismos cuentos, y los mismos resultados.
Ahora hagamos una breve referencia a algunos aspectos paradójicos de la política
económica, y de algunas inconsistencias teóricas del discurso del Gobierno. El Superávit El superávit fiscal es, en términos sencillos, el excedente
de ingresos con referencia a los egresos del estado. Es lo opuesto al déficit.
El superávit fiscal indica la existencia de ingresos muy superiores por la
recaudación tributaria del Estado, al gasto efectivamente realizado. El
Gobierno, a pesar de sus rechazos indignados de discurso, obtuvo y mantiene el
más importante, en muchos años, superávit primario del Presupuesto consolidado
del sector público, lo cual le permite pagar una parte de la deuda sin recurrir
a su refinanciamiento, acrecentándola.
Los excedentes fiscales se deben, en parte, al virtual congelamiento de salarios
y a la caída de la inversión, por un lado. Y por flanco, a los ingresos fiscales
incrementados por la retención de las exportaciones, derivado de las rentas
extraordinarias obtenidas por el sector monopólico exportador de productos
primarios no industrializados y de las exportaciones de recursos naturales
(especialmente hidrocarburos).
Un examen del Presupuesto consolidado del año 2003, demuestra, por ejemplo, que
el gasto público por habitante en la Argentina, es el mas bajo desde 1980. Y que
la inversión publica es muy reducida ( por falta de proyectos ejecutivos, por
falencias en la ejecución presupuestaria, por carencia de planes de mediano y
largo plazo, y por la notoria ineficiencia de la gestión estatal en algunos
sectores).
El caso más típico de esta situación, es el excedente que tiene, secretamente,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depositado en la Banca
Oficial, que ronda los 1000 millones de pesos: un superávit absurdo, si se
tienen en cuenta las necesidades que registra, en todos los órdenes, la que se
supone es la mas rica urbe del país. Eso representa una cuarta parte del gasto
total de la Ciudad, en 2004.-
¿Para qué y porqué guarda el gobierno capitalino esos dineros, contantes y
sonantes billetes en efectivo, cuando los salarios municipales están deprimidos,
cuando existe tanto personal en negro, cuando las obras de mantenimiento de la
ciudad están sensiblemente por debajo de lo necesario para mantener el stock de
capital; cuando la ciudad está plagada de niños de la calle mendigando; y cuando
se sigue acumulando la deuda externa de la Ciudad con tasas de interés muy
altas?
El presupuesto nacional y el consolidado, también, registran superávit y, aunque
por debajo del detentado por la Ciudad de Buenos Aires, alcanza una cifra
respetable. Es probable, aunque no tenemos cifras definitivas al respecto, que
en muchas provincias ( sobre todo las petroleras) el superávit sea igualmente
desproporcionado, en relación a los grados de subdesarrollo social y a los
problemas de infraestructura económica que registran.
¿Cuáles son las ventajas de semejante superávit, además de simbolizar un super
ahorro que garantice los pagos al acreedor externo? Nadie lo ha explicado de
manera convincente, ni siquiera los más ortodoxos economistas de la escuela
'clásica'. Algunos sostienen, sin embargo, algo que pareciera plausible:
conviene en tiempos de bonanza juntar fondos para los malos tiempos, de
estancamiento y/ o recesión, que son propios del capitalismo. Es una teoría de
primitiva mezquindad, por cierto, que la experiencia histórica ha demostrado ser
vana y perjudicial, y que provoca y no supera los ciclos negativos.
¿Buenos o malos tiempos? Pero aun aceptando esa teoría, cae su eficacia
en cuanto se formula la repregunta de rigor: ¿son los actuales, tiempos de
bonanza para los argentinos? Si se atiende a las prórrogas del estado de
emergencia económica, que el Poder Ejecutivo ha obtenido nuevamente del Congreso
de la Nación (lo que resulta en el otorgamiento de poderes extraordinarios en
materia económica y fiscal para el Presidente), es obvio que las cosas no están
nada bien. Sin embargo, se espera un crecimiento del PBI del 8%, y se reitera
'que estamos mejor y que por eso se pueden otorgar muy módicos aumentos
salariales'.
Pero hay otros datos mucho más negativos. El ingreso de los trabajadores
asalariados representaba el 24 % del total de los ingresos del país en el año
2001. Ya por entonces era un reparto muy injusto, comparándolo con los buenos
tiempos de la década del 40, o con los años de Illia. Hoy la parte de los
trabajadores descendió al 21%. Si el salario nominal fue corregido al alza en un
promedio del 30,5% en los últimos 3 años, el incremento del costo de la canasta
familiar fue desde 2001, de un 51 %. La canasta básica alimentaria, por su parte
aumentó un 73%. Pero hay que tener en cuenta que el 48% del empleo es en negro,
y que solo el 34% de los asalariados está registrado.
Un país tan endeudado y con tan prolongado default - el más abultado en los
tiempos que corren - no puede alegar que vive buenos tiempos como para acumular
semejante superávit no productivo. En síntesis, el argumento del superávit por
parte del Gobierno esta vinculado a garantizar el pago de la deuda, y a
cumplimentar las obligaciones que la Argentina ha ido asumiendo respecto de ella
con los organismos financieros internacionales, con la gran banca multinacional
y con los propios acreedores externos.
El Hipercanje Buena parte de la política económica de la Argentina sigue
vinculada a la cuestión de la deuda, como se ve. Las negociaciones y
renegociaciones para su reestructuración, y el llamado canje de los Bonos,
parecen estar cerca de su culminación.
Según el decreto 1735, recientemente firmado por el Poder Ejecutivo, queda
formalizada la oferta del Gobierno Argentino respecto de 81.000 millones de
dólares adeudados (sin contar los intereses impagos). Las obligaciones para la
Argentina, luego de las negociaciones en curso, no diferirán en cuanto al monto
absoluto probable a pagar de lo resultante de las reestructuraciones anteriores
de los años 90. Las obligaciones que el Poder financiero del mundo desarrollado
le impone al país - muchas de ellas de carácter político aunque de forma
jurídica - no permiten suponer la liberación, o al menos un alivio importante,
de una carga que, lamentablemente, seguirá pesando sobre estas y las futuras
generaciones de argentinos.
Sin embargo, con dichos actos el Gobierno no adhirió al enfoque de quienes
consideran que toda negociación sin revisión 'estará convalidando la legitimidad
de una deuda, que fuera declarada parcialmente fraudulenta por la justicia
federal penal, y que es materia actual de una investigación que llega hasta el
denominado megacanje de Títulos', impulsado y concretado por el Gobierno de la
Alianza,
Tenemos la información de que es inminente la presentación de un recurso de
amparo, por varios ciudadanos respaldados por el patrocinio jurídico de
prestigiosos juristas argentinos, para que se declare judicialmente la
inconstitucionalidad del decreto mencionado. Más allá de la suerte que corra
este intento de defensa del interés nacional, noblemente inspirado y sólidamente
fundado en hechos irrefutables y en los mas consistentes principios jurídicos
del derecho internacional, será sin duda el testimonio más valioso de los modos
de la defraudación durante los años de mayor retroceso y decadencia de la
República.
(Trabajo preparado por los Grupos de Análisis Político y de Análisis Económico
de la FUNDACION ARTURO ILLIA, dirigidos por Osvaldo Alvarez Guerrero y José
Villadeamigo).
* FAI: FUNDACION ARTURO ILLIA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ