Los casos de torturas de personas detenidas por la policía argentina están preocupando a los organismos de derechos humanos. Por ejemplo, Claudia Zambrano fue golpeada repetidas veces por agentes de la Comisaría 43, en Neuquen, quienes se habían introducido en su vivienda, para cumplir una orden de desalojo. En la Provincia de Mendoza, tras un intento de fuga, nueve internos de la Penitenciaría de Mendoza fueron continuamente golpeados y privados de atención médica, mantenidos desnudos o sólo de calzoncillos.
Y en Caleta Oliva, Provincia de Santa Cruz, más de 30 personas fueron detenidas en varias Comisarías y dependencias del Ejército. Muchas de ellas denunciaron haber sufrido malos tratos por parte de miembros de la policía provincial y de Gendarmería. Tendrían sido encapuchadas y golpeadas con palos, con golpes de puño y de pie; y varios detenidos tenían el rostro con fracturas como resultado de los golpes y que a una mujer habían intentado violarla.
Estos ejemplos ocurrieron en septiembre y octubre últimos, y, para Virginia Shoppee, investigadora sobre Argentina de Amnistía Internacional, ilustran la inhabilidad y falta de voluntad política del gobierno argentino para cerrar el circulo de impunidad que alimenta las violaciones de derechos humanos como la tortura en todos los rincones del país", dijo.
Virginia presentó un nuevo informe ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que resume los principales motivos de preocupación de Amnistía relativos a la aplicación de la Convención contra la Tortura por parte del Estado argentino. Entre las principales preocupaciones se incluye la tortura y el maltrato de personas detenidas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo menores; las denuncias de trato cruel, inhumano o degradante en los centros penitenciarios y de detención y la falta de investigaciones prontas, independientes, exhaustivas, y concluyentes sobre tales denuncias.
La investigadora sugiere que solamente la acción efectiva para investigar y castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos tales como la tortura evitará dar la impresión de que estos hechos son tolerados. Ella cita aún como forma de combatir la tortura la obligación de los gobiernos a hacerse responsables y a rendir cuentas sobre esta seria violación de los derechos humanos, la implementación de medidas efectivas preventivas a nivel de las fuerzas de seguridad, la toma de medidas efectivas sobre las causas y factores que contribuyen a la situación, la investigación inmediata e independiente de las denuncias y el llevar a los hallados responsables ante la justicia.
"La prohibición legislativa de la tortura no es suficiente. Es vital la voluntad política para que se apliquen las normas positivas existentes y se acabe definitivamente con esta práctica aberrante", concluyó Virginia. El más grave es que desde 1987 Argentina es Estado parte de la Convención contra la Tortura, que prohíbe el uso de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se reunió a estudiar el cuarto informe periódico presentado por el Estado argentino hasta hoy para luego presentar sus conclusiones y recomendaciones.