Guillermo Griecco
El Eslabón

"No vamos a parar hasta meter presos a los policías responsables de la masacre". La frase estuvo en boca de familiares de las víctimas de la comisaría 25° de Villa Gobernador Gálvez, quienes la semana pasada se reunieron en los tribunales provinciales para reclamar justicia, a cuatro años del lamentable suceso que terminó con la vida de 13 jóvenes que estaban alojados en esa dependencia.
El 15 de noviembre de 2000 murieron 13 presos calcinados en una de las mayores tragedias carcelarias de la región. "Con la excusa siempre a mano de un intento de fuga o motín (como si esto lo justificara) ante un foco de incendio los detenidos fueron encerrados, apaleados y baleados cuando intentaban huir de la terrible trampa mortal", dice un tramo del documento elaborado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) y familiares de las víctimas, leído el año pasado en un escrache a la comisaría.
"Hoy estamos en tribunales para reparar el fallo que dio la jueza de culpar a un preso sobreviviente del desastre en la comisaría 25°, lo que generó que la causa se archive. Nosotros sabemos que los culpables están en la calle, porque la jueza no tuvo en cuenta pruebas contundentes. Apenas terminó el motín mandaron a limpiar todo, hubo balas de plomo y otras cosas que a la jueza se le pasaron de largo. O se la hicieron pasar. Lo que pasó ese día fue una masacre", sintetiza Carina, hermana de Jorge Carbone, uno de los jóvenes que murió en la tragedia de la 25°.
La hermana del joven Carbone denuncia que "existe complicidad entre el poder político y judicial, porque para arreglar la situación nos quisieron tapar la boca con un subsidio. La vida de mi hermano no tiene precio. Igualmente la plata de la indemnización que piensa pagarnos la provincia se la pueden dar a los policías para que paguen a sus abogados, porque nosotros sí o sí los vamos a meter en la cárcel".
"Los chicos fueron asesinados", aseguran los familiares con total indignación antes de entrevistarse con la fiscal María Eugenia Iribarren para solicitarle la reapertura de la causa y una profunda investigación de lo sucedido. "Jamás olvidaré las caras de los asesinos", se promete Olga, mamá de Pablo Avalos, otro de los jóvenes que murió en la revuelta.
Muchos de los que murieron el 15 de noviembre de 2000 estaban detenidos por averiguación de antecedentes, eran acusados de delitos menores, ninguno tenía condena firme y algunos ni siquiera tenían que estar detenidos.
Los familiares de las víctimas de la comisaría 25° cuentan con el apoyo de los Padres del Dolor –familiares de víctimas de gatillo fácil y delitos comunes–, con quienes se vienen reuniendo para unificar el reclamo de justicia.
Secuencias de la tragedia. Según relatan algunos testigos –que prefieren no declarar ante la justicia por temor o por presiones–, "ese día en la comisaría 25° –ubicada en Corrientes 567 del barrio Pueblo Nuevo– se desató una feroz represión por una pelea interna. Como medida de protección, los reclusos decidieron quemar colchones y pertenencias, hasta que el fuego se descontroló. Los guardias hicieron oídos sordos al reclamo de los internos, no abrieron la puerta de la celda y demoraron la llegada de los bomberos. Hasta se encontraron impactos de balas de plomo en las paredes".
Otras voces cuentan que la represión se desató porque "cuatro o cinco presos intentaron fugarse y de ahí la pelea en el interior de la comisaría". Según los detenidos, cuando comenzaron a reprimir con balas de goma, prendieron fuego los colchones en señal de protesta. Entonces las llamas se volvieron incontrolables y muchos de los presos se asfixiaron por la densa humareda. Los sobrevivientes sostuvieron que fueron obligados por la guardia a atravesar el foco del incendio, mientras que salvaron su vida quienes se envolvieron en ropa y frazadas mojadas a la espera de que el fuego cesara.
Primero fueron imputados los trece detenidos sobrevivientes –había 26 presos en ese momento y la capacidad de la comisaría es para 12– y ante el repudio generalizado, terminaron culpando de lo sucedido a Jorge Luis García, uno de los reclusos que participó de la revuelta. La jueza de Instrucción Susana Portilla de Pigliacampo no encontró pruebas contra el personal policial y procesó a García por entender que fue el único que quedó vivo de los presos que intentaron escaparse. La causa quedó cerrada y archivada en el juzgado de Sentencia del doctor Luis Giraudo.
Además, los camaristas Otto Crippa García, José María Ravena y Ernesto Martín, liberaron de toda culpa a los uniformados que estaban en el lugar. "Se consolidó la impunidad sobre los responsables directos, que son los policías, y también para sus cómplices, jueces y políticos", acusa el documento elaborado por familiares y la Apdh En la actualidad, varios de los miembros de la fuerza de seguridad que protagonizaron aquel suceso continúan prestando servicio en otras comisarías.
La defensa del único imputado por el siniestro, pidió que Luis García sea absuelto y proclamó su inocencia. Para los defensores "ninguna prueba acredita que el interno estuviera vinculado con la rotura de la reja, el intento de fuga y el encendido de los colchones. La filmación de las videocámaras jamás fue incorporada al expediente. En la investigación se omitieron y desvirtuaron pruebas", dijo y remarcó: "Las consecuencias del siniestro eran evitables".
Los trece jóvenes que murieron en la revuelta son: Jorge Carbone, Diego Sivila, Gustavo Monzón, Mario Miño, Arnaldo Ojeda, Hugo González, Miguel Espíndola, Jorge Capiaquí, Daniel Alvarez, José Rolón, Juan Odi, Pablo Avalos y David Rodríguez.
Colapso carcelario. Desde hace un tiempo a esta parte, las noticias de motines en comisarías de Rosario vienen llenando las páginas de la sección Policiales de los diarios. Peor aún, en muchos casos estas rebeliones terminan con la muerte de algún recluso. Las comisarías locales están superpobladas y los detenidos reclaman mejores condiciones de alojamiento. Mientras tanto, la política del Estado santafesino es construir más alcaidías como solución inmediata y no encarar el problema de raíz, extirpando las verdaderas causas que empujan a una situación límite.
"Las condiciones en las que se encuentran los detenidos son pésimas, en hacinamiento absoluto, se violentan todas las normas que regulan las condiciones de alojamiento. Hay lugares que están triplicados en su capacidad de alojamiento, están expuestos, se ha violentado el derecho a la vida. Estas personas sufren violencia institucional por parte del Estado por tenerlos alojados en estas condiciones", asegura Antonio Tesolini de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC).
Para Tesolini, "es imposible que no se produzcan episodios de violencia en estas condiciones de alojamiento. De esta manera los detenidos tienen sus derechos violados, la integridad física por un lado y en algunos casos hasta la vida misma, como ha sucedido en distintos motines".
Además, el problema no sólo pasa por las condiciones inhumanas en las que se encuentran los presos en comisarías locales, sino que el sistema interno de rehabilitación no cumple con el supuesto objetivo.
"Los que salen a la calle salen en muy malas condiciones, con pocos recursos humanos como para hacer un reingreso a la sociedad. Por lo tanto, una persona que está privada de la libertad o que sufre una condena, no tiene perspectivas de reinsertarse porque no existen políticas que apunten a que estas personas puedan integrarse socialmente, ya sea por las condiciones en las que están alojados o porque no hay un dispositivo que apunte a esto, más bien todo lo contrario. Las condiciones en las que salen son de deterioro humano y son rechazados por el conjunto de la sociedad", señala el integrante de la CTC.
Según Tesolini, "no hay política criminológica por parte del Estado provincial que apunte a tender puentes de integración social. Las personas que están alojadas en la cárcel son de determinados sectores sociales, pobres y jóvenes que no han recibido educación, sufrieron una desintegración familiar y tampoco tuvieron posibilidad de insertarse en el mercado laboral".
El representante de la CTC repartió responsabilidades por el colapso carcelario que hace convivir a los presos en pésimas condiciones: "No sólo hay que señalar al poder ejecutivo por la falta de política para reinsertar a las personas que salen de la cárcel, sino también al poder judicial porque aplican penas, o en todo caso prisión preventiva, y por otro lado no controlan que a las personas que ellos detienen se les respeten los derechos básicos que figuran en la legislación. Hoy en las comisarías de Rosario, de los aproximadamente 1.200 detenidos que hay, el 80 por ciento no está condenado, por lo tanto para la ley son inocentes. Pero de hecho se les está aplicando una pena. Entonces, el poder judicial es tan responsable del colapso carcelario como el poder ejecutivo"