El 30 de octubre de 2002 se sancionó la Ley Nacional Nº 25.673 que creó el programa Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Algunos de los objetivos del programa son: prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual y garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.

Sin embargo, muchos de esos objetivos no han sido alcanzados. Debido a esto, un grupo de organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Confederación de Trabajadores/as de la Educación de la República Argentina (CTERA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Instituto Social y Político de la Mujer (ISPM), Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Asociación por la Identidad Travesti - Transexual (ALLIT), presentaron en el Congreso de la Nación el Programa Nacional de Educación Sexual y Reproductiva.

El proyecto, que toma como base el presentado el año pasado por la ex diputada María José Lubertino, establece que "Todas las personas tienen derecho a recibir educación sexual en todos los establecimientos y programas educativos del país", y tiene como objetivo central "concretar en los establecimientos educativos de todo el país los objetivos establecidos en el Art. 2 de la Ley 25.673, conforme a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer".

El Programa está destinado a los/as alumnos/as de todos los niveles educativos. Entre los ejes sobre los que se propone trabajar están: "los conceptos de sexo, género, orientación sexual e identidad de género, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia de género, la morbimortalidad materno-infantil en Argentina, el embarazo adolescente, la prevención del embarazo no deseado y la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual", entre muchos otros.

Debate en Ciudad

En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están "dando vueltas" dos proyectos orientados a coordinar la educación sexual. El primero, presentado por Juan Carlos Lynch y José Ricardo Enríquez de Juntos por Buenos Aires propone una educación sexual dirigida a los padres para que ellos ejerzan ese derecho –el de educar a sus hijos-. El segundo, tal vez más realista y serio en relación a la situación actual, fue presentado por Ana María Suppa y Diego Kravetz de Frente para la Victoria es un programa para establecer obligatoriamente una materia de educación sexual en los colegios.

El proyecto presentado por Lynch propone facilitar la formación de los padres en los aspectos fisiológicos, psicológicos y pedagógicos de las conductas sexuales de niños, niñas y adolescentes comprendidos dentro de la educación formal y fortalecer los vínculos escuela-familia. Esta posición se encuentra bastante alejada de una educación sexual integral y establecería, más bien, lineamientos relacionados con lo que hoy se conoce en los programas escolares como educación para la salud.

El segundo proyecto establece que todas las personas tienen derecho a recibir educación sexual integral en el sistema escolar formal. Los objetivos del mismo son: promover una concepción positiva de la sexualidad, dar información sobre las diversas dimensiones y temas incluidos en la educación sexual, fomentar la responsabilidad sexual integral y reducir los problemas relativos a la salud sexual y reproductiva.

En cuanto a los temas que deberían formar parte de la materia se plantea que "La educación sexual integral trata al menos estos temas en cada dimensión de la sexualidad: En cuanto al desarrollo psicofísico: Constitución (incluye apariencia), pubertad, reproducción, orientación sexual; en cuanto a la vida de relación: familia, amistad y amor, cortejo y pareja, parentalidad (comprende maternidad y paternidad); en cuanto a la responsabilidad: valores, decisiones, verbalización (incluye comunicación y negociación), seguridad (incluye firmeza y consejo); en cuanto a conductas sexuales: erotismo, masturbación, sexo compartido, abstinencia; en cuanto a salud: cuidado del aparato reproductor, embarazo, enfermedades del aparato reproductivo, violencia sexual". Por último, el proyecto también comenta que es importante incluir, en cuanto a la dimensión cultural de la sexualidad las representaciones visuales y lingüísticas, la temática de géneros, la diversidad (incluye no discriminación) y las normas (sociales, legales y religiosas).

Obviamente, los opositores no se quedaron callados y un editorial del -conservador- diario La Nación canalizó esa opinión: "resulta inadmisible que desde el Gobierno mismo de la Ciudad se crea conveniente educar a nuestra niñez en la cultura de lo antinatural, desviando nacientes sexualidades de la deseable inclinación por la diversidad de sexos (…) Reviste gravedad que las autoridades de la ciudad se lancen a este despropósito -que nada tiene de educativo- en las escuelas a su cargo. Pero más grave aún es que pretenda imponerlo también a las escuelas privadas, violando en este caso, además de la libertad de enseñanza, los derechos de patria potestad de los padres y las garantías a la libertad de pensamiento y de culto".

Con respecto a dicho cuestionamiento, el proyecto nacional mencionado anteriormente dice: "Los sectores minoritarios que se oponen a la educación sexual sostienen que tal educación pertenece al ámbito de lo privado, debiendo ser impartida exclusivamente por los padres en ejercicio de los derechos y obligaciones derivados del régimen de patria potestad contemplado en nuestro Código Civil (…) Si bien el régimen de patria potestad consagrado en el artículo 264 del Código Civil establece el derecho de los padres de velar por la salud física y espiritual de sus hijas e hijos, así como de formarlos en concordancia con sus convicciones morales y religiosas, la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22 ha otorgado jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho de éstos a la libertad de opinión (art. 12), a recibir información (art. 13), a la libertad de pensamiento, creencia y religión (art. 14) y a disfrutar en el más alto nivel posible de salud y de servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud (art. 24), lo que incluye el derecho humano básico a la educación sexual".

Es decir, negarles la posibilidad de recibir información, prevenir un embarazo no deseado, evitar la transmisión de enfermedades y acceder a otros servicios porque el Código Civil los considera impúberes con incapacidad absoluta, es violar principios constitucionales que nos enfrentaría a situaciones en las que justamente se viola el interés superior del/la menor.

Por lo tanto, no reconocer el derecho a una educación sexual integral sería ir contra lo establecido en las leyes y en los tratados internacionales, pero también contra la realidad actual que hace necesaria la implementación de un programa que tome a la temática seriamente. Que en la enseñanza formal se aprenda a la educación sexual desde la diversidad de sus dimensiones, muy lejos está de ser un "desvío" que condiciona a "nacientes sexualidades" en favor de una "cultura antinatural". Simplemente sería darles la posibilidad de elegir, la posibilidad de tomar conciencia, en definitiva, la posibilidad de ser libre.