En un contexto de desinterés social, detuvieron al ex-sacerdote Angel Strapazón y otros seis miembros del Mov. Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), por resistir el desalojo de sus tierras.

por Pablo, militante del
MTD Anibal Verón - Frente Darío Santillán

Cuando se desarrolló el encuentro en Buenos Aires de la Carta Social de las Américas impulsada por el gobierno venezolano, hace menos de un mes, nos reunimos una delegación de la Verón y el Frente Darío Santillán con los compañeros y compañeras del MOCASE, y el vice-canciller de Venezuela, Federico Ruiz, que viajó a la argentina especialmente para ese encuentro.
Es conocida la afinidad que el presidente Chávez manifiesta con el Gobierno de Kircher. Por eso, en la charla, nos encontramos ante el desafío de explicarle a un alto funcionario del Gobierno venezolano, por qué nosotros bien podíamos manifestar nuestra simpatía con el proceso popular que se desarrolla en su país, a la vez que manifestábamos profundos puntos de oposición al Gobierno de Kirchner en el nuestro. Un ejemplo resultó clarificador: "nosotros vemos que en Venezuela" –le dijimos- , "mientras la derecha local y el imperialismo presionan, el gobierno adopta una posición de enfrentamiento a esa oligarquía y apela a la movilización social en defensa de los intereses populares. En Argentina, en cambio, la presión histórica de la derecha y los sectores del poder económico para que se ponga freno a la lucha popular, encuentra eco en el gobierno, que cede a esa presión, o dierctamente comparte los mismos objetivos: el endurecimiento represivo y el encarcelamiento de decenas de militantes populares es muestra de ello".
Angel Strapazón, aquel sábado, era parte de la charla. Hoy, junto a seis de sus compañeros, está tras las rejas en una provincia gobernada por la intervención del gobierno de Kirchner.
¿Qué le permite al Gobierno "K" avanzar en esta ofensiva de deslegitimación y judicialización de la protesta social? Son varios los factores: la realidad económica, aunque sigue castigando a los más empobrecidos, parece dar un respiro a ciertos sectores medios y altos de la sociedad que hasta no hace mucho eran parte del descontento y hoy manifiestan su apoyo al gobierno; en el campo de los que luchan, acorde con la estrategia oficial, un sector se desmovilizó, en nombre del apoyo a un gobierno "popular"; en sus editoriales plantean que "no bajaron sus banderas", pero mientras siguen los recortes a los planes de empleo y hay cada vez más presos por luchar, ellos callan. Por último, y tal vez lo más importante: todo el colchón de solidaridad y acompañamiento social que tuvimos las organizaciones populares en los momentos de ser reprimidas o perseguidas hasta no hace mucho, hoy se reduce a la mínima expresión.
Poco podemos hacer ante las voces reaccionarias de las "doña Rosa", paradigma de la clase media despolitizada y conservadora, que se escuchan hasta el hartazgo en los llamados a las radios porteñas. Después de todo, no fueron esas voces las que nos acompañaron en los momentos críticos. Hay todo un espacio ideológicamente "progresista", en cambio, que se auto-justifica a la hora de tomar distancia (e incluso asumir posturas abiertamente críticas) ante quienes seguimos manteniendo las mismas banderas de lucha que tomaron notoriedad a partir de diciembre de 2001. Y los argumentos que encuentran, muchas veces pasan por repetir las consignas que emanan del gobierno y las corporaciones mediáticas, brazo comunicacional del poder económico. "Castells se lo estaba buscando", repiten, y entonces ya no es tan importante ir a las marchas por la libertad de los presos políticos. Flaca memoria la de quienes, como la CTA, repitieron en su momento: "nuestro límite es la represión y el encarcelamiento de los luchadores sociales", y tomaron como bandera la campaña por la libertad de Emilio Alí, pero hoy se muestran ausentes cuando el gobierno transgrede el límite que ellos mismos fijaron, y olvidan que son exactamente los mismos cargos que pesaron sobre Alí los que hoy pesan sobre muchos detenidos por luchar.
Si de cada suceso en la lucha popular, aún los traspiés, debemos extraer enseñanzas, la detención de los compañeros campesinos seguramente también nos brinde alguna.
El MOCASE es una organización social con 14 años de existencia, que agrupa a más de 9000 familias campesinas organizadas en toda la provincia de Santiago del Estero. Junto al Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil y otras 17 organizaciones campesinas de toda América Latina, integra la Vía Campesina Internacional. Difícilmente se pueda dudar de la legitimidad su lucha. Sin embargo, la detención de los compañeros es el correlato de las detenciones anteriores a otros militantes populares y la poca reacción social; es su lógica consecuencia. Empezaron deteniendo a militantes de Quebracho, y pocos reaccionaron porque "Quebracho genera desconfianza". Siguieron por Castells, los presos de la Legislatura, y los trabajadores de Caleta Olivia en la provincia del presidente… Pero el objetivo de la estrategia represiva y judicializadora nunca se limita a atacar a tal o cual expresión "minoritaria" o "extrema". Empiezan por allí, pero necesariamente avanzan sobre todo aquel que se arraigue en la defensa de los intereses populares y no esté dispuesto a "transar" con un gobierno que no satisface sus demandas.
Hoy son los presos del MOCASE, mañana quién sabe.