Estas denuncias se han realizado a nivel local, provincial, nacional e internacional antes, mucho antes y durante la intervención de la provincia de Santiago del Estero y no se tienen respuestas positivas de parte de los organismos e instituciones correspondientes.

La Justicia para los campesinos que luchamos, resistimos en nuestros territorios NO EXISTE. Los jueces solo dicen "hay que aguantar", mandan ordenes de desalojos, de allanamiento, detenciones, secuestros y escuadrones de muerte armados hasta los dientes que proceden violentamente, sin importarles que delante de ellos estén mas de 20 niños.

En la provincia siguen sueltos los personajes siniestros que destruyeron y quemaron ranchos, pozos de agua, cercos, sembrados, alambrados, que han y siguen amedrentando a familias campesinas, y que en plena vía publica intentaron asesinar a miembros del MOCASE.

Uno de estos personajes Miguel Ángel Zurita, delincuente prófugo de la ley por intento de homicidio desde hace meses, éste martes 19 de octubre de 2004, acompañaba y ordenaba al oficial de Justicia Julio Ordóñez, como a los policías de la cómplice Comisaría 29 de Quimilí en el desalojo de la familia Roldan de la comunidad de Pampa Pozo.

Concluido el procedimiento de desalojo, quedan en el rancho de la Flia. Roldán, más de 10 paramilitares armados al mando de Zurita, todos ellos contratados por el "Turco" Orlando Jorge, quien desde hace tiempo pretende adueñarse de las tierras de la comunidad de Pampa Pozo.

El juez Raúl Oscar Romero del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación ordena al Interventor de la Policía a proceder al allanamiento en el domicilio del compañero Ángel Strappazzón, en el local de "Cenepp" y en la comunidad de Pampa Pozo Lote 110. La actuación se debe a la denuncia formulada por Orlando Jorge en contra de personas a establecer, desobediencia judicial, instigación a cometer delito, robo, daño intencional, usurpación de propiedad, lesiones gravísimas"; además de la inmediata detención para Ángel Strappazzón, Miguel Sequeira, Roldan, Rengo Pereyra y de todos quienes estén presentes en el Lote 110.

Disponiendo secuestro de armas de fuego de uso civil, de guerra, municiones, "tumberas", tractor, camioneta doble cabina de color rojo, blanco y/o otro color y todo otro elemento. En ninguno de los allanamientos encontraron armas.

Por otro lado, estaban en viaje varios compañeros del Mocase, Rosendo, Adolfo, Hernán, las chicas Contreras y Ángel hacia la Capital de Santiago, para entrevistarse con el Ministro de Justicia y Diputados Nacionales, a efectos de denunciar y solicitar acciones urgentes para frenar las violaciones a los derechos humanos sufridos por las familias campesinas. Al llegar el vehículo a la ciudad de Suncho Corral, es detenido Ángel Strappazzón e incomunicado, para ser llevado hasta la Capital de Santiago.

En el campo Lote 110, propiedad de las familias de Pampa Pozo lo detienen, incomunican y trasladan a Santiago al compañero Gustavo Carrizo, quien andaba manejando la camioneta de la Cooperativa, la cual ha quedado secuestrada a disposición del juez.

Cabe aclarar que ambos compañeros: Ángel Strappazzón y Gustavo Carrizo detenidos e incomunicados, no se encontraban en Pampa Pozo cuando ocurrieron los hechos por los cuales se los detiene. Por lo cual, queda en evidencia la intención de involucrarlos, para demorarlos y amedrentarlos. Así, la persecución política e ideológica a los miembros del MOCASE, se muestra como herramienta para atemorizar a las familias campesinas.

La trama de complicidades y corrupción en Santiago del Estero, sigue actuando y cometiendo delitos. El objetivo es deslegitimar al MOCASE, desarticularlo y meter miedo. Y como no lo logran, van cometiendo cada vez delitos más graves.

Nosotros nos preguntamos ¿hasta cuándo tenemos que seguir "esperando", hasta cuando nuestra paciencia? ¿qué tiene que suceder para que los funcionarios actúen y hagan cumplir la ley? Ellos son los que tienen las herramientas democráticas para ejecutarlas.

El silencio de muchos responsables será juzgado por sus conciencias, sus familias y los pueblos, del cual son parte. No nos queda otra alternativa, que pensar que esta falta de actuación por parte de los funcionarios, se debe a que son parte de estas tramas de corrupción o son muestra de una inoperancia absoluta, por lo cual, serán responsables de cualquier hecho de gravedad que se produzca en relación a la pacífica lucha que venimos llevando las mas de 9.000 familias campesinas pertenecientes al MOCASE.

Para llamar al Juzgado de Primera Nominación,

al Juez Raúl Oscar Romero: 0385-4218289

al Superior tribunal de Justicia: Mabel Yinas 0385-4507500 (conmutador)

Para mas información llamar a la secretaria de comunicación del MOCASE

03843-421195