Argentina: La lucha continúa
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Panorama Económico
De títeres y titiriteros
No es responsabilidad del periodista Julio Nudler que esta columna censurada se reproduzca en nuestra página. Es el resultado de una cada vez más sólida, anónima y solidaria cadena dispuesta a custodiar y fortalecer la libertad de expresión. Aquí reproducimos, entonces, el verdadero quid de la cuestión. Y su apellido no Nudler, sino Moroni. El funcionario que quiso ocultar su trayectoria. Y no logró.
Por Julio Nudler
Para la congoja causada por la reciente muerte del salteño Roberto Guzmán hay
ahora un triste consuelo: al menos no alcanzó a enterarse del nombramiento de
Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación, un hecho quizá
más escandaloso aun que la designación de Martín Pérez Redrado al frente del
Banco Central y de Miguel Pesce en la vicepresidencia. Guzmán, autor del
memorable libro "Saqueo asegurado", fue entre 1994 y 1996 liquidador del
Instituto Nacional de Reaseguros, enfrentándose desde ese cargo con uno de los
sectores más corruptos de la Argentina: el del seguro. Pero Guzmán -nombrado por
Domingo Cavallo, que gradualmente pasó a arrepentirse de haber elegido a una
persona tan decente e insobornable- no debió lidiar sólo contra los aseguradores
privados, que pretendían tener acreencias contra el iNdER por unos 2000 millones
de pesos/dólares, sino también contra el tándem que conducía la Superintendencia
de Seguros de la Nación: Alberto Fernández y su incondicional y apolítico
Moroni. Ellos presionaban para que el IndER "reconociera" una deuda de casi 1200
millones con el sector, cuando Guzmán (que denominaba a ese delirio "un cut off
a la criolla") demostró fehacientemente que el pasivo a lo sumo llegaba a 500
millones. Frustró así uno de los mayores robos contra el Estado. Persona bien
educada al fin, cuando debió dejar su cargo en diciembre de 1995, el actual Jefe
de Gabinete del presidente Kirchner se cruzó hasta el Instituto a presentar sus
saludos, declarando en ese momento que, luego de haber conducido la SSN desde la
asunción de Carlos Menem, pensaba dedicarse a la política.
En ese cometido lo ayudó Alberto Iribarne, patrón del Justicialismo porteño. En
1999 Fernández, gracias a su estrecha vinculación con las aseguradoras, la mitad
de las cuales pertenecían a bancos, pudo ocuparse de la financiación de la
campaña del hincha del Taladro. Iribarne fue, precisamente, quien cumplió, desde
la llegada de Eduardo Duhalde a la Presidencia, la encomendada tarea de
inutilizar la Sigen, peculiar misión en la que luego le sería de gran provecho
la designación como Síndica General Adjunta de Alessandra Minnicelli, esposa de
Julio De Vido y persona que, según opinión generalizada en el organismo de
contralor, ni siquiera conoce lo mínimo como para serle útil a su marido el
ministro. Pocas semanas atrás,Página/12 constató que en la página de Internet de
la Sindicatura el currículum de la señora seguía "en preparación", luego de
meses y meses. ¿Pero es que ni siquiera había presentado su CV para ser
designada?
Tras la nota de este diario, alguien se apresuró a subir al sitio los magros
antecedentes de la dama. Aunque estos despropósitos, absolutamente impropios de
una república, en la que se supone que los servidores públicos deben rendir
cuentas, provoquen melancólicas sonrisas, en realidad involucran hechos
gravísimos. El bochornoso caso de la cónyuge de De Vido no es la excepción. A
ella le asignaron como responsabilidad de síndica el Pami. La consecuencia de su
intervención, junto con la escasa solvencia técnica de Graciela Ocaña -porque en
estas cuestiones la honestidad es condición necesaria pero no suficiente-, han
conducido a que debiera anularse la licitación para la compra de medicamentos
para los jubilados. Los experimentados técnicos de la Sigen, hoy completamente
desmoralizados al ver que todo sigue igual o peor, les advirtieron, ya ocho
meses atrás, que la licitación era un método absolutamente inapropiado para esa
finalidad, pero las señoras no les hicieron caso.
Los resultados están a la vista.
La cuestión es obvia: fuera del conjunto de la industria, representada por las
cámaras que la agrupan, no existe quien pueda garantizar la provisión en un día,
en cualquier rincón de la Argentina, de un medicamento a determinar, que a un
médico se le ocurra prescribirle de pronto a un anciano, el Enalapril para la
presión, por ejemplo, y que difícilmente el afiliado acepte ver sustituido por
otra marca.
Consiguientemente, en medicamentos de uso general se presentó una sola oferta:
la del conjunto de las cámaras. En oncológicos ocurrió lo propio, aunque con una
segunda oferta de la droguería San Javier, pero que no garantizada el
abastecimiento en 24 horas. Por tanto, la licitación se cayó, perdiéndose así la
oportunidad de conseguir que los afiliados paguen menos por sus medicinas, ya
que ellos abonan en promedio el 50 por ciento. En una palabra: la irresponsable
designación de Minnicelli, inepta para el cargo, terminan pagándola los
jubilados.
¿El presidente Kirchner seguirá ignorando el clamor por su destitución y la
necesidad de elegir a los funcionarios por su solvencia y no por razones
espurias? Los hechos protagonizados por Moroni en la SSN en sus dos gestiones
como titular (la inicial sucediendo a Fernández, antes de ser a su vez
desplazado en febrero de 1998 por Daniel Di Nucci, hombre del Grupo Juncal,
perteneciente a la Banca
Nazionale del Lavoro, con rol protagónico del sindicalista combativo Armando
Cavalieri; la segunda, por obra y gracia de Duhalde, con obvia influencia entre
bambalinas de Fernández) son de una gravedad poco usual. El diseñó, por ejemplo,
un sistema que desamparó totalmente a los pasajeros de medios de transporte. Es,
por citar sólo un caso, el fraude que sufrieron los deudos de los nueve
estudiantes muertos el 27 de diciembre de 1996 cuando el micro en que viajaban a
Bariloche chocó con un camión en el partido de Laprida. Hubo también muchos
heridos, algunos graves, que tampoco vieron un peso. Ello pese a que El Rápido
Argentino tenía contratado el seguro de rigor con La Uruguaya Argentina, LUA.
Pero falta un detalle: mientras Moroni no tuvo cargo en la SSN, entre febrero de
1998 y marzo de 2002, fue sucesivamente asesor y directivo ¡de LUA,
precisamente!
Esa compañía, que en realidad eran dos y ninguna, como corresponde a la engañosa
arquitectura de un timo, fue utilizada por los hermanos Mario y Sergio
Cirigliano, que a comienzos de los '90 sólo eran dueños de las líneas 61 y 62,
para construir su imperio, abarcando en él Metrovías, TBA, Transporte Automotor
Plaza, las líneas 36, 141 y 64, además, entre otras tenencias, del subte de Río
de Janeiro. Moroni y Armando Canosa, ex secretario de Transporte, operaron desde
el Estado para el progreso empresario de los Cirigliano.
¿Se mencionó antes a Daniel Di Nucci? Pues bien: su hermano Luis fue director
comercial de LUA Seguros La Porteña. En verdad, a La Uruguaya Argentina la
habían fundido, pero utilizaban la sigla LUA para confundir, haciendo creer que
era la misma. Cuando el superintendente Juan Pablo Chevallier-Boutell decidió
prohibir que LUA La Porteña siguiera emitiendo pólizas a pesar de su
insolvencia, Duhalde (es decir, Fernández) lo echó para poner en su lugar a
Moroni, que obviamente no halló nada malo en que se continuara estafando a los
asegurados. Moroni fue quien convirtió al seguro obligatorio en un arma letal
contra los transportistas chicos. A fines de 1997 implantó un régimen por el
cual las pólizas que estaban forzados a contratar tendrían una franquicia de
40.000 pesos/dólares. En la práctica, esto implicaba que los colectiveros debían
afrontar la gran mayoría de los siniestros, a pesar de estar asegurados.
Incapaces de soportar el pago de las indemnizaciones, recibían préstamos de un
sistema de mutuales armado por Moroni. Por ese medio les generaban deudas
impagables, que desembocaban en su expropiación.
Fernández se encargó en su larga gestión al frente de la SSN de amparar el
ocultamiento que muchas compañías hacían en sus balances de los juicios que
tenían entablados en su contra por siniestros, ello para no tener que constituir
las reservas de rigor. Protagonistas extremas de estas maniobras fueron las
cooperativas Belgrano y Bernardino Rivadavia, que acaparaban el 70 por ciento de
los seguros del transporte público de pasajeros. El hundimiento de la primera
dejó colgados del pincel 20 mil juicios y otras tantas víctimas. Como los
transportistas -que se creían asegurados- debieron hacer frente a las
indemnizaciones, no pocos prefirieron quebrar. Pero los recursos de Moroni eran
inagotables: en marzo de 1997 hizo que Menem, con algún argumento poderoso,
firmase un inconcebible DNyU suspendiendo por 36 meses todas las ejecuciones de
sentencias contra transportistas y aseguradoras, independientemente de su
situación patrimonial. La mayoría automática de la Corte Suprema garantizaba
estas aberraciones.
Ahora Moroni es el hombre que Kirchner y Fernández presentan a la sociedad como
garantía de que la lucha contra la corrupción en el Gobierno es una alta
prioridad. ¿Qué suponen acerca de la inteligencia de los argentinos? ¿Creen que
este pueblo sigue aceptando el "roban pero hacen"? No: aunque hagan, si roban
deben ir presos, hoy, mañana, cuando se los pueda condenar. ¿El títere
controlará al titiritero? La Argentina sigue siendo un cambalache.