Parece que el revuelto Gramajo está más revuelto que nunca. El miércoles 29,
junto con los ñoquis que, supuestamente, traen buena suerte, según una vieja
leyenda italiana, los diarios informaron que dos senadores justicialistas,
ligados al llamado grupo de los intendentes, presentarían un proyecto
intermedio, mediante el cual revuelven el revuelto, mezclándolo con el proyecto
original del gobernador, votado por 48 a 0 en la Cámara de Diputados, con
ligeras modificaciones.
Se trata de Armando Traferri, representante del Departamento San Lorenzo y
Héctor Ocampo, de General Obligado.
La original propuesta nos divide a los santafesinos en ciudadanos de primera y
ciudadanos de segunda, aunque no nos queda muy claro en cual de las dos
categorías ubicarnos, según las consecuencias que traiga el mencionado proyecto,
en caso de aprobarse, lo cual está en realidad bastante verde.
Por un lado, los habitantes de Rosario y Santa Fe tendríamos internas abiertas,
simultáneas y obligatorias, como proponía el proyecto original del Gobernador.
Salvo que, dentro del plazo de 180 días, nuestros Concejos y Departamentos
Ejecutivos, establezcan su propio régimen electoral, como cualquier ciudad
autónoma, dice el proyecto.
Como se ve el revuelto va cada vez más revuelto. No se entiende de que manera
podrían las autoridades comunales de Santa Fe y Rosario, dictarse su propio
régimen electoral "como cualquier ciudad autónoma", si nuestras ciudades no son
autónomas. Precisamente la autonomía municipal es uno de los temas que el
gobernador ha propuesto y la oposición reclamado, para una eventual reforma
constitucional.
Reforma que estaría a cargo de convencionales que serían electos junto con
diputados nacionales y autoridades comunales que se renuevan en las próximas
elecciones.
Digamos, que se nos faculta a montar a caballo, cuando el caballo todavía está
encerrado en el haras.
Por su parte, el resto de las ciudades y comunas, seguirían disfrutando de los
beneficios de la Ley de Lemas, aunque no aclaran los autores, si con el festival
de boletas acostumbrado o con las limitaciones establecidas por el revuelto
Gramajo.
Decimos más arriba presentarían, así en potencial simple, porque, al menos hasta
ese día 29, los mencionados senadores no habían ingresado oficialmente el
proyecto por la Mesa de Entradas de la Cámara, sino que se proponen consensuarlo
con sus compañeros de bancada.
Lo cual no resultaría sencillo, a juzgar por las declaraciones de los
gramajistas, que están dispuestos a morir con las botas puestas. Inspirados
quizás por la doctrina del filósofo Pedro González, que correlaciona la
derogación de la Ley de Lemas con la ida a prisión de todos los justicialistas
que nos han gobernado, desde aquella nefasta noche del 30 de octubre de 1983,
cuando tan oportunamente se cayó el sistema y después aparecieron ganando los
que iban perdiendo.
Más o menos lo mismo que con la Ley de Lemas.
Así, lo que podría suceder, el jueves 7, en caso de que los senadores
justicialistas cumplan con su siempre retorcida palabra de tratar la derogación,
o no, de la Ley de Lemas, es que el bloque se parta. O que, para no romperlo,
algunas se abstengan o falten a la sesión.
En cuyo caso el proyecto volvería a Diputados, que no tendría más remedio que
insistir con los dos tercios, salvo que tengan la cara de piedra de rectificar
la anterior votación por 48 a 0. En fin, a cosas peores nos tiene acostumbrados
el partido eternamente gobernante en Santa Fe.
Se suma a tanto revuelto, la integración del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, que deben votar ambas Cámaras reunidas en Asamblea, cosa que podría
no suceder, según se comenta en los pasillos legislativos. Parece que varios
legisladores oficialistas no están dispuestos a pagar el costo de seguir
avalando nombramientos escandalosos, impulsados por los índices de Reutemann y
Obeid.
El que causa más escozor es el caso de Silvio Zucchiatti, actual Contador
General de la Provincia, designado originalmente por el último Gobernador del
proceso y que, en veintiún años de democracia, nunca fue refrendado por la
Legislatura, como marca el artículo 147 de la Ley de Contabilidad.
En la Comisión de Acuerdos el diputado Aldo Strada le preguntó si no resultaría
poco ético que en el futuro, en su función de vocal del Tribunal de Cuentas,
tuviera que revisar sus propios actos.
A lo cual el cuestionado contador respondió que no, porque él no firma nada y
nunca se enteró que necesitaba tal acuerdo.
Lo que fue desmentido por la radical Alicia Tate, que el 16 de abril de 2002
presentó un pedido de informes sobre la irregular situación del Contador
General, pedido que los amigos de Reutemann cajonearon en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, hasta que perdió estado parlamentario, el 5 de mayo
pasado.
Mientras tanto, esta semana las integrantes de AMMAR estuvieron nuevamente en
Tribunales, reclamando por enésima vez, que la causa del asesinato de Sandra
Cabrera se tome de una ver por todas en serio, estableciendo las conexiones
entre policías federales, provinciales, trata de blancas, tráfico de drogas y
otras atrocidades de las cuales el crimen no es más que la punta del témpano.
Ni hablar de la causa de los asesinatos de diciembre de 2001, que sigue sin
avanzar, a pesar de los denodados esfuerzos de la Comisión Investigadora no
Gubernamental, que integra, entre otros, nuestro flamante Ciudadano Ilustre,
Rubén Naranjo.
Una sola buena tenemos en materia de acciones de gobierno en la provincia y vale
la pena festejarla. Impulsado por Diego de la Torre, titular del Juzgado de
Instrucción 7º de la ciudad de Santa Fe, concluyó el proceso de elección de
peritos imparciales, que analizarán las causas de la inundación que asoló la
ciudad el 29 de abril, para determinar eventuales responsabilidades humanas,
particularmente de los gobernantes de la provincia y la ciudad.
Entre cuatro que quedaron en pie después de un proceso de impugnaciones, fueron
elegidos por sorteo los tres que llevarán adelante la tarea: Jorge Daniel
Bachiega, Juan Carlos Bertoni y Adolfo Massa.
El doctor de la Torre reconoció que ésta sería la primer pericia imparcial, ya
que las dos anteriores fueron encargadas por el gobierno de Reutemann. Por otra
parte el Equipo Jurídico de Derechos Humanos tuvo oportunidad de participar en
todo el proceso.
Esperemos entonces que esta vez las cosas se hagan en serio.
Como el Senador romano Catón que, sesión tras sesión, pedía la destrucción de
sus enemigos cartagineses, mediante la expresión "delenda est Cartago",
nosotros, cada vez que viene tratamos temas provinciales, decimos que el ex
Gobernador Carlos Reutemann, debe ir preso, con Ley de Lemas o sin Ley de Lemas;
ya que por acción o por omisión, es responsable de los muertos de diciembre de
2001 y de la inundación de Santa Fe.
Aunque pida, por favor y por escrito, la reasignación de partidas del año 2003,
mediante decretos antedatados, incluso alguno firmado por un Ministro de
Gobierno que en aquella fecha era diputado.
*Nota: "A contrapelo", columna de opinión emitida el sábado 2 de octubre de
2004, en el programa "Hipótesis", LT8 Radio Rosario, Argentina.
