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Argentina: La lucha continúa
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Carta a las organizaciones: necesitamos su participacion
Correpi
Compañeros:
Durante los años 2000 y 2001, y a partir de siete casos de pibes fusilados por
policías de Don Torcuato, CORREPI encaró una investigación que permitió probar
la existencia y funcionamiento de un Escuadrón de la Muerte en esa zona del
conurbano norte.
Si bien teníamos desde mucho tiempo antes fuertes indicios de ejecuciones
policiales que por sus características señalaban la típica operatoria de estos
grupos dedicados a la "limpieza social" de zonas urbanas, este fue el primer
caso en el que pudimos reunir evidencia contundente que obligara al periodismo a
no guardar silencio, y al poder judicial a profundizar algunos de los
expedientes en trámite. La Procuración General de San Isidro y la Suprema Corte
provincial debieron pronunciarse sobre el tema, haciendo públicos un informe y
una acordada denunciando al escuadrón.
La investigación permitió probar que media docena de policías pertenecientes a
la comisaría 3ª de San Fernando (alias "La Crítica") y del Comando Patrullas de
Tigre, junto a algunos civiles, habían montado una agencia de seguridad privada
irregular, que por una parte vendía "protección" al mejor estilo mafioso a los
comerciantes y vecinos más prósperos, y por el otro, gerenciaba los negocios de
la droga, el robo y los desarmaderos de la zona. Paralelamente, y como parte de
su "publicidad empresarial", el escuadrón ejecutaba a los pibes chorros que no
"arreglaban con la gorra" o que violaban la consigna de no incursionar en la
cuadrícula "protegida" por el Escuadrón.
El jefe del Escuadrón era el sargento Hugo Alberto Cáceres, más conocido en Don
Torcuato como "el Hugo Beto", en cuya casa funcionaba una verdadera "comisaría
paralela". El Escuadrón estaba tan institucionalizado que ni la comisaría de Don
Torcuato ni el Comando Patrullas ingresaban con sus móviles a su "zona", donde
sólo circulaban los móviles de la agencia, que significativamente se llamaba
"Tres Ases".
De las siete causas iniciales, sólo dos, sin embargo, avanzaron hasta llegar a
la instancia del juicio oral. Una, que tendrá debate el año que viene en San
Martín, es la que investiga el asesinato de dos menores, "Piti" Burgos y
"Monito" Galván, de 16 y 14 años, cuyos cadáveres, con 16 balas en total, fueron
arrojados cerca de un puente en José C. Paz, con las manos atadas a la espalda y
una bolsita de polietileno en la cabeza.
La segunda es la que investiga el homicidio de José Guillermo "Nuni" Ríos, un
pibito de 16 años que fue fusilado por Hugo Beto y su lugarteniente, el sargento
primero Marcelo Anselmo Puyó. El próximo lunes 25 de octubre comenzará el juicio
oral y público contra jefe y subjefe del Escuadrón en San Isidro, y ese es el
motivo de esta nota.
CORREPI caracteriza la represión policial como política de estado y herramienta
imprescindible del sistema para controlar y disciplinar a la clase trabajadora,
que existirá bajo cualquier variante del régimen; pero no por eso dejamos de
hacer todo lo posible para bregar por la condena penal de los autores materiales
de cada caso. Creemos el reclamo democrático de juicio y castigo a los
responsables sólo puede realizarse desde el campo popular, y con una profunda
convicción anticapitalista.
Siempre tratamos de rodear cada caso con toda la movilización posible,
convencidos como estamos de que sin organización y lucha popular no es posible
siquiera arrancar una merecida condena formal a los asesinos de uniforme. En
este caso, sin embargo, la pelea es mucho más significativa. Estamos a punto de
exhibir desde los propios estrados del poder judicial del sistema la mecánica
más aberrante en materia de represión del estado, la de un Escuadrón de la
Muerte, el primer grupo de tareas de la democracia burguesa que obligamos a
sentarse en el banquillo. Los dueños de los intereses que Hugo Beto defendió
durante años no le van a soltar la mano tan fácilmente.
Por otra parte, no es posible soslayar el escenario político en que se
desenvolverá este juicio, en plena ofensiva del gobierno, sus jueces y sus
fiscales contra el campo popular. Un año y medio de campaña mediática contra las
organizaciones, y la vigencia en amplios sectores medios del discurso Blumberg
han permitido al gobierno avanzar en la aplicación de sus políticas represivas,
sorprendiendo sólo a quienes en mayor o menor medida abrigaron alguna
expectativa en contrario.
Necesitamos que la familia Ríos y los militantes antirrepresivos que los
acompañarán no estén solos ni dentro ni fuera del edificio de los tribunales de
San Isidro durante el juicio.
Necesitamos que los jueces del tribunal criminal nº 1 (de larga historia de
complicidad con la policía bonaerense y autores de absoluciones escandalosas)
sientan el aliento del pueblo en la nuca, y que los "vecinos decentes" de Don
Torcuato, que han hecho marchas reclamando la libertad de sus proveedores de
"seguridad", no sean los únicos espectadores del juicio.
Necesitamos, compañeros,
· que se movilicen los días 25, 26 y 27 de octubre a partir de las 10:00 frente
a los tribunales de San isidro (Ituzaingó 340, esquina Acassusso, a cuatro
cuadras de la estación);
· que la organización presente al Tribunal Criminal nº 1 una nota designando uno
o dos compañeros para participar de la audiencia como veedor popular
vano
