REVELADOR INFORME DE JOVEN FISCAL DEL PODER JUDICIAL
Chubut: la justicia descubrió su ausencia

Por primera vez, un fiscal de Chubut investigó el accionar de sus pares y comprobó la violación de los derechos humanos y la discriminación explícita por parte de la policía y parte del sistema judicial sobre los pequeños propietarios y los pobladores originarios. "El accionar (del Poder Judicial y la Policía) refuerza la creencia de que la Justicia es sólo para los ricos y poderosos, y que para los demás sólo existe la injusticia", denuncia la investigación encabezada por el fiscal Rafael Lucchelli. A pesar de las pruebas recolectadas en el trabajo, casi la totalidad de las personas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, tanto del sistema judicial como de la policía provincial, continúan aún hoy en funciones. El trabajo nació con una denuncia de la organización social Regional Humanista Latinoamericana y fue tomada por el Procurador General de Chubut, Eduardo Samamé, el jefe de los fiscales de toda la provincia y quien ordenó el trabajo. Los abogados de las víctimas afirman que Samamé cajoneó el informe y lo acusan de no avanzar sobre los funcionarios cuestionados.
Hombres que se enfrentan al poder local y aparecen ahorcados en comisarías, pequeños propietarios de codiciadas tierras que son desaparecidos para que sus pocas hectáreas queden en manos de grandes terratenientes y violentos desalojos a familias mapuche ordenados por particulares con mano de obra policial. Son algunos de los casos investigados por el fiscal de Puerto Madryn Rafael Lucchelli y sus colaboradores Miguel Santos y Rodrigo Freire Méndez. Las conclusiones, según todos los abogados que trabajan con pueblos originarios, son tan duras como inusuales. Por eso, explican, su nula difusión en Chubut.
"Se ha utilizado el aparato punitivo del Estado en su concepción más retrógrada e irracional, en contra de un sector social que por razones históricas se encuentra en la actualidad en un particular estado de vulnerabilidad", afirma el escrito que la Procuración General de Chubut posee desde diciembre del año pasado.
El fiscal Lucchelli explicó que su trabajo "probó que el Estado argentino, a través de diversas instituciones, convalidó y/o ejecutó la violación de los derechos humanos. En el caso de los indígenas, las violaciones son aún más notorias". En un breve dialogo, aseguró desconocer la situación actual de las causas y se excusó de evaluar el trabajo post investigación, que le corresponde a su jefe Samamé, quien no aceptó hablar del tema.
La investigación comenzó a mediados de 2003 con una denuncia de la organización Regional Humanista Latinoamericana sobre el asesinato o desaparición de una decena de personas y el desalojo violento de familias mapuche con posesión ancestral de sus tierras. En todos los casos se cuestionaba el accionar de la policía provincial y de miembros del sistema judicial del Noroeste de Chubut. Al mismo tiempo, abogados de pobladores originarios iban acumulando presentaciones judiciales que denunciaban la inacción o parcialidad manifiesta de los fiscales y jueces.
La secretaria general de la Regional Humanista, Lía Méndez, prefirió no dar nombres, pero aseguró que la inacción se debe a que "el poder político provincial apaña a los delincuentes, esa es la clave de por qué el informe está parado y nadie se hizo cargo de las denuncias. El único destituido fue el juez José Colabelli, pero por otras causas. En el medio de toda la impunidad: la gente sin recursos que está totalmente indefensa y con mucho miedo".
En octubre de 2003, el procurador general hizo lugar al pedido de investigar al sistema judicial y policial del Noroeste de Chubut. Nombró al frente de la investigación a un fiscal del otro extremo provincial -Puerto Madryn- con sólo tres años de experiencia. "Eligieron a un fiscal joven y trataron de acotarle las condiciones, pero Lucchelli les dio vuelta la situación: viajó a Esquel con colaboradores de estrecha confianza, entrevistó a muchas personas y permaneció en la zona más de dos meses. Un excelente trabajo, pero que duerme en el Poder Judicial", explicó el abogado de Esquel y autor del libro de derecho aborigen "Sin despojos", Eduardo Hualpa. Una alta fuente de tribunales de Chubut apuntó en el mismo sentido: "Lo mandaron pensando que no iba a hacer nada, que iba a cubrir a sus pares, que iba a jugar para corporación judicial. Pero el fiscal de Madryn rompió esa costumbre, trabajó en serio y por eso el informe nunca vio la luz. Además, le valió ser mal visto por muchos de sus pares".
Lucchelli seleccionó veintitrés causas que implicaron el análisis de más de cinco mil fojas, realizó más de cincuenta entrevistas y, expedientes en mano, remarcó detalladamente cada falla, cada violación a los derechos humanos. En la gran mayoría de los casos llegó a la misma conclusión: había irregularidades en la instrucción de la causa, siempre en perjuicio de un sector social. "Son llamativos los diferentes tiempos que maneja el juzgado de instrucción de Esquel para tramitar las causas según los imputados sean policías o sean personas que forman parte de alguna minoría desaventajada: pobres, excluidos sociales o indígenas", objeta el Informe.
El trabajo, de 130 páginas, tiene un apartado de "recomendaciones", en el que pide la investigación de miembros del sistema judicial y policías. "Se deben tomar urgentes medidas disciplinarias o judiciales", remarca Lucchelli. "Todos siguen en funciones", denunció el abogado Cristian Hendrickse, que lleva la causa del "asesinato" de Gumersindo Vergara en la comisaría de El Hoyo y que también remarcó el "cojoneo" del informe. El abogado señaló como responsables de las violaciones a los fiscales de Esquel Eduardo Falco y Martín Zacchino, pero también hizo una radiografía del lugar: "El Noroeste de Chubut es una zona feudal mafiosa de convivencia corrupta entre políticos, jueces, fiscales y abogados que actúan de acuerdo a sus propios intereses y siempre violando los derechos más básicos de la paisanada pobre".
Uno de los casos testigos es el de la comunidad mapuche Vuelta del Río, donde -sin siquiera orden de allanamiento- la policía destruyó la vivienda de los pobladores originarios mientras los insultaban y amenazaban reprimirlos. El abogado que intervino en varios de los casos investigados, Gustavo Macayo, aseguró que en Chubut "no se respetan las leyes ambientales ni indígenas. El Estado parece haber regresado a la época de (Julio Argentino) Roca". "¿El informe? Aunque no tiene estado público, logró que paren un poco los atropellos y, por otro lado, deja todo servido para avanzar sobre los responsables. Sólo hay que ver si hay voluntad política".
El apartado especial de la investigación "Derechos Indígenas", que sorprendió por su contundencia a los propios involucrados, asegura: "Del estudio de las causas en las que se encuentran involucradas miembros de las comunidades aborígenes, surge de modo indubitable la violación sistemática a los derechos humanos de estos pueblos. La demolición por parte de la policía de la humilde vivienda de la familia mapuche Fermín se llevó a cabo de una forma brutal, innecesaria y humillante para sus moradores, y reveló un profundo desprecio por la dignidad del ser humano. El daño causado a cada ser humano afecta a la propia comunidad como un todo, y es por ello un imperativo ético e insoslayable del Estado el poner fin a este dolor individual y colectivo".
Por Darío Aranda
darioaranda@yahoo.com.ar