1- Suspendieron el juicio al Escuadrón 2- Causa Carla 3- Condenas a policías 4- Proyecto de ley contra la criminalización de la protesta 5 - Represión en Plaza de Mayo 6- Chubut reprime 7- Más presos políticos 8- Kirchner con Blumberg 9- Próximas actividades
SUSPENDIERON EL JUICIO AL ESCUADRON
Mientras la CORREPI, junto a una quincena de familiares de víctimas del
gatillo facil, exponía frente al Ministerio de Seguridad Bonaerese las
fotografías tomadas por el escuadrón de la muerte, en los tribunales de San
Isidro se anunciaba la suspensión del juicio y una nueva fecha.
En La Plata se mostraba en plena calle el "álbum de malvivientes" del Sargento
Hugo "Beto" Cáceres, líder del Escuadrón de la Muerte que funcionaba en el
partido de Tigre. El sargento Cáceres hacía tareas de inteligencia sacando fotos
a los jóvenes del barrio y haciendo prontuarios privados con sus datos. En su
archivo personal, que el policía guardaba en su propia casa, las imágenes los
muestran golpeados o incluso muertos.
Allí aparece la foto del "Nuni" Ríos, una de las víctimas del Escuadrón. Por su
fusilamiento, Cáceres y su lugarteniente, el cabo 1º Puyó, iban a ser juzgados
el lunes 25 de Octubre. Pero mientras se realizaba la actividad en La Plata, se
conoció que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Isidro ha suspendido el
juicio hasta el 8 de noviembre a las 10:00.
La suspensión del juicio se debe a que uno de los jueces del Tribunal (el juez
García Mañon) ha solicitado licencia para la semana próxima. Pese a que se
encontraban otros jueces designados para su reemplazo, ninguno de ellos aceptó,
excusándose en faltas de tiempo y cúmulo de tareas.
Teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de un juicio de estas
características -en el que por primera vez desde que se descubrió su accionar,
se juzgará a miembros de un Escuadrón de la Muerte- resulta vergonzoso que se
tenga que suspender por la licencia de uno de los jueces (independientemente de
los motivos que lo hayan llevado a pedirla), y la falta de compromiso de otros
jueces que evidentemente demuestran no querer involucrarse en esta causa.
El Escuadrón de la Muerte estaba liderado por Hugo "Beto" Cáceres, que era dueño
junto a Marcelo Anselmo Puyó, de la Agencia de Seguridad Tres Ases. Desde su
agencia -que empleaba policías de la Comisaria 3ª y del Comando Patrullas de
Tigre- cobraba protección mafiosa a fábricas y vecinos de la zona y se dedicaba
a hacer inteligencia sobre los barrios, señalar jóvenes y fusilarlos cuando
tenían la oportunidad. La mayoría de las víctimas son adolescentes de entre 14 y
17 años, muchos de los cuales ya habían denunciado a la policía por el
hostigamiento y las frecuentes torturas.
Para la CORREPI, la actividad en La Plata, además de protestar por la falta de
respuesta al reclamo que familiares le llevaron a Arslanián hace dos meses,
apuntaba a demostrar que las muertes del escuadrón no son casos aislados, ni
excepcionales ni producto de un grupo de locos, sino un adelanto de una
estrategia de seguridad que muchos sectores quieren instalar en el país.
La intención de mostrar a las víctimas no tuvo como sólo objetivo preguntarse
por su suerte: es también advertir cuáles pueden ser las consecuencias del
discurso de "mano dura" que impera en varios sectores de la sociedad.
La suspensión del juicio, además de demostrar la predisposición del Poder
Judicial para la impunidad, pretende echar un paréntesis en la movilización
social y popular que CORREPI desplegó en torno al juicio. Es de destacar que hay
medio centenar de veedores de diferentes organizaciones sociales, políticas,
estudiantiles, gremiales y de derechos humanos que se inscribieron para
presenciar las sesiones, y estaba prevista una concentración popular en los
alrededores de los tribunales de San Isidro.
Llamamos a movilizar en San Isidro el lunes 8 de noviembre, día de inicio del
juicio, desde las 10:00, y recordamos a los veedores que presenciarán el debate
que deben presentarse en la Mesa de Entradas del Tribunal a las 9:00.
CAUSA CARLA LACORTE (agradecemos la información al CePRODH)
Patrocinado por los compañeros del Centro de Profesionales por los Derechos
Humanos (CePRODH), se inició ante el Tribunal Oral Nº 3 de Quilmes el juicio que
se sigue al policía bonaerense Salmo, ridículamente imputado por "lesiones
culposas", y obviamente en libertad.
En la segunda jornada declaró Carla Lacorte, la víctima de este gatillo fácil
que quedó hemipléjica por el disparo por la espalda del "guardián del orden".
Carla exigió que se amplíe la acusación y se juzgue al policía por el delito de
"tentativa de homicidio en concurso ideal con lesiones gravísimas". Ello
respondió al desvergonzado pronunciamiento del día del propio tribunal de no
aceptar un cambio de calificación y mantener la imputación por lesiones
culposas.
Ante ello, los abogados de Carla Lacorte decidieron, con justicia, recusar al
tribunal por prejuzgamiento. La resolución que deberá ser tomada por la Cámara
de Apelaciones y Garantías provocó la suspensión del debate hasta el 28 de
octubre. CONDENAS A POLICÍAS
Esta semana hubo dos condenas a policías en la ciudad de Buenos Aires. La
primera la dictó el Juez Omar Facciuto contra el agente Mariano Domínguez de la
Policía Federal. Lo condenó a un año de prisión y dos de inhabilitación para
usar armas de fuego, encontrándolo culpable por las lesiones culposas sufridas
por José Toledo.
El hecho ocurrió en enero del 2001 cuando el automóvil Fiat Regatta donde
viajaba Toledo junto a otros cinco ocupantes fue interceptado por tres
motociclistas de la Federal. Mientras dos se ocupaban del conductor y de los
pasajeros, Domínguez hacía acostar boca abajo a Toledo. El policía le pisó la
espalda y le disparó en el muslo.
De acuerdo al magistrado, por impericia, imprudencia y por no haber obrado
conforme las reglas de su profesión, Domínguez accionó su pistola y provocó una
herida que afortunadamente fue leve ya que por milímetros esquivó los gruesos
vasos sanguíneos de la ingle cuya lesión hubiera ocasionado la muerte por
desangramiento en minutos. Hasta el día de la sentencia, por lo menos, Domínguez
prestaba servicios en la comisaría 21ª, de Charcas y Julián Alvarez.
La segunda fue del Tribunal Oral en lo Criminal nº 8, que impuso la pena de
reclusión perpetua para el oficial subinspector Gastón Somohano, hijo del ex
jefe de la policía bonaerense Osvaldo Somohano, prisión perpetua para el oficial
inspector Gabriel Barrionuevo y el suboficial Alfredo Fornasari, cinco años de
cárcel para los suboficiales Luis Funes y Luis Gutiérrez y tres años para los
suboficiales Sandro Granados, Maximiliano Pata y José Martínez y el agente Luis
Solís, por haber obligado al adolescente Ezequiel Demonty, después de golpearlo,
a saltar al Riachuelo, donde murió ahogado.
Aunque el abogado de la familia Demonty aseguró es la primera vez que hay una
condena por "tortura seguida de muerte" desde que volvió la democracia en 1983,
se trata en realidad de la octava condena en todo el país desde esa fecha. Las
ocho anteriores recayeron en los casos Durán (Morón, dos juicios), Sargiotti
(Córdoba), Bru (La Plata), Campos (Mar del Plata), Pazos (Río Negro), Bouchón
(San Nicolás) y Figueredo (Santa Fe).
Sólo ocho condenas aplicando la figura de la aplicación de tormentos seguidos de
muerte en todo el territorio nacional a lo largo de estos 21 años demuestra
claramente de qué "democracia" hablamos: la que tolera la tortura, porque la
necesita. Por eso los jueces se las arreglan siempre que pueden para condenar
por algo más liviano, como apremios o vejaciones. PROYECTO DE LEY CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL
Los diputados Ariel Basteiro del Partido Socialista y Patricia Walsh de
Izquierda Unida presentaron un Proyecto de Ley de Extinción de la Pena y la
Acción Penal para luchadores sociales. Sobre la base del proyecto de Ley de
Amnistía que CORREPI y alrededor de 40 organizaciones populares presentaran en
julio del año pasado a la Secretaría de DDHH de la Nación, los diputados,
apoyados por otros representantes del ARI, Autodeterminación y Libertad y otras
bancadas, exigieron a las autoridades de la Cámara baja una sesión especial para
el 9 de noviembre.
El objetivo del proyecto es terminar con la acción penal y la pena respecto de
los hechos realizados con motivo o finalidad de reivindicación social,
económica, política, gremial, cultural, estudiantil, por la vigencia de derechos
humanos o en reclamo de condiciones de los pueblos originarios, u otras
invocaciones conexas, a partir del 1 de febrero de 1991 hasta la sanción de la
ley.
CORREPI asistió a la presentación del proyecto que se hizo en el Anexo del
parlamento. En dicha ocasión el compañero Stragá saludó la iniciativa,
calificando al proyecto como oportuno sobre todo en estos momentos en que el
gobierno viene desarrollando la segunda fase de un plan represivo que ya
orquestó tiempo atrás, primero deslegitimando la protesta, procurando consenso
en sectores medios para luego desplegar la criminalización y el encarcelamiento
de tantos luchadores, al punto que hay medio centenar de presos políticos en el
país.
Ante el optimismo de varios legisladores, Stragá recomendó redoblar esfuerzos ya
que no había que olvidarse que el Congreso sacó como "por un tubo" todas las
leyes que acentúan la punibilidad, que incrementan penas y que restringen las
libertades democráticas, y no se conocen antecedentes recientes de leyes en
sentido inverso.
Las distintas organizaciones que adhieren al proyecto decidieron que la futura
sesión debe ser acompañada por una fuerte movilización que haga sentir al
gobierno que la sociedad argentina no está dispuesta a vivir con presos
políticos. REPRESION EN PLAZA DE MAYO
Bajo una censura pocas veces vista, ya que ningún medio ni televisivo, radial ni
gráfico se hizo eco de lo ocurrido, el lunes 18 alrededor de 300 obreros del
frigorifico Yaguané fueron reprimidos por la Guardia de Infantería de la Federal
mientras manifestaban frente a la Casa Rosada.
Reclamaban por igualdad de trato en la funcionalidad exportadora de carne y la
devolución de la cuota Hilton que pertenecía a la fábrica recuperada y que el
gobierno K había adjudicado a otros pulpos exportadores.
Hubo 7 heridos. Cuatro debieron ser hospitalizados gracias a los garrotazos de
la Federal. Uno de los que llevaron la peor parte fue el presidente de la
cooperadora Marcos Godoy, al que le debieron aplicar cinco puntos de sutura en
su cabeza, en tanto que a otro le fisuraron un brazo. La acción policial se
produjo bajo el argumento de que los trabajadores impedían el tránsito sobre
Rivadavia, y que en ese lugar no se puede manifestar.
Uno de los testigos de la represión, a la par que se confesaba consternado y
comparaba la virulencia de la represión con la del 19 y 20 de diciembre,
culpabilizaba a Anibal Fernández de lo ocurrido.
Parece ser que esta es la versión que algunos están asumiendo. Que Anibal
Fernández desde el Ministerio del Interior ha cambiado la política del ejecutivo
frente al conflicto social. Que se trata de una nueva política y que, quizás por
su pasado duhaldista, Aníbal es el responsable de que el gobierno K esté
metiendo presos y reprimiendo a los que luchan.
CORREPI sostiene que se trata de la misma política, en una segunda etapa; que el
que implementa esa politica se llama Néstor Kirchner y que Aníbal Fernández es
un simple ejecutor. CHUBUT REPRIME (Agradecemos el aporte a Cristian Hendrickse,
abogado de la familia de Gumersindo Vergara)
El bloque UCR de la Legislatura de la Pcia. del Chubut, con las firmas de los
legisladores radicales Fernando Rúa, Carlos Relly, Adriana Fara, Carlos Lorenzo,
Omar Morelli, Alejandra Nasif, Alejandro Papaiani, Olga Machado y José Gaspar,
han emitido un documento mediante el cual han manifestado "...ratificamos
que la Policía de la provincia del Chubut no es corrupta, por el contrario, es
una institución prestigiada, con hombres de excelencia en sus filas. Policía que
este gobierno pretende desprestigiar, generalizando hechos aislados que pudieran
ocurrir...."
Ante la barbaridad de tales expresiones en el Estado Terrorista de la Pcia. del
Chubut, cabe recordarle a estos devenidos cómplices y encubridores de las
violaciones de los DDHH en la Pcia. que los hechos de violaciones a los derechos
humanos, perpetrados por la Policía de la Pcia. del Chubut, no son aislados. Al
solo título ilustrativo, cabe recordar algunos de los casos más resonantes de la
Gestapo chubutense durante el largo régimen radical:
1) Asesinato del periodista Gangeme. Impune porque el proyectil con que se lo
asesinó, bajo custodia de la Policia del Chubut, fue sustituido por un proyectil
distinto con el que se había matado a un animal.
2) Secuestro y posterior desaparición del joven Ivan Torres en la Comisaría 1ª
de Comodoro Rivadavia.
3) Asesinato de la familia Czeh de Epuyen. Impune por groseras fallas en la
investigación policial.
4) Asesinato (para quitarles las tierras) de Dzikowicki en El Hoyo. El
expediente con la investigacion de la muerte "se perdió" en el juzgado de Esquel.
5) Asesinato (para quitarles las tierras) de los mapuches Corina Hermosilla y
Alfredo Cárdenas en Lago Puelo, impune por la impericia en la investigación
policial.
6) Asesinato (por haberse burlado de la policia) de "Pinturita" en El Hoyo.
Conforme testimonial recogida por el fiscal Luchelli, el Oficial Villagrán (aun
en actividad en la Comisaría local) instigó el crimen y plantó pruebas para
encubrir el asesinato.
7) Apremios ilegales a los hijos de Gumersindo Vergara (antecedente de su
posterior asesinato). Se encuentran imputados dos policias de El Hoyo.
8) Asesinato de Gumersindo Vergara bajo custodia policial en la Comisaría de El
Hoyo. Se probó que la goma con que según la policía se cometió el suicidio no
soportaba más de 30 kilos y que esas gomas jamás habían formado una misma pieza.
Se probaron torturas en la piel de Vergara producidas en las ultimas 24 horas de
vida. Cuando el fiscal Luchelli solicitó el traslado de los policías, una
manifestación de sus familiares encabezada por el Intendente Cárdenas (UCR)
impidió que un nuevo comisario se hiciera cargo y se revocaron los traslados.
Dada esa insurreción instigada por la UCR local, la dotación policial jamás fue
sustituída y sigue en sus cargos hasta el dia de hoy (co-responsabilidad del
Gobernador Das Neves, PJ). El Comisario López fue ascendido. El fiscal Zachino (UCR
y encubridor del crimen) fue ascendido. En la última marcha frente a la
comisaría (aniversario del asesinato) la Institucion policial exteriorizó su
apoyo a los torturadores y asesinos al mandar al jefe de la URE, Comisario
Nahuelhual, a acompañar al Comisario López (imputado de torturas seguida de
muerte).
9) Práctica sistemática de desnudar y golpear a jóvenes detenidos en la
Comisaría de El Hoyo comprobadas por investigacion del Fiscal Luchelli.
10) Desalojos con inusitada violencia de familias mapuches (Flia. Fermin, Vuelta
del Rio).
11) Demás practicas policiales sistematicas descriptas en informe del Fiscal
Luchelli y su equipo (fiscales Freire y Santos).
Los diputados radicales, no podían ni debían desconocer estos hechos antes de
emitir su vergonzante documento. MAS PRESOS POLITICOS
A la par que Raúl Castells recuperaba la libertad, esta semana en Santiago del
Estero se detuvo a cinco integrantes del MOCASE. Por orden del juez Raúl Romero
se privó de la libertad a los campesinos bajo la acusación de instigación a
cometer delitos, robo, daño intencional, usurpación y lesiones gravísimas.
Increíblemente la disputa se origina por un campo ubicado a 50 km. de Quimilí.
Los acusados que pertenecen a una comunidad que vive en ellos hace 50 años ahora
fueron judicialmente imputados de usurpar aquella propiedad.
También de manera increíble el ministro de justicia de la intervención federal a
esa provincia, Luis Alem, admitió que la detención de los compañeros responde a
"una decisión del entramado del poder juarista". Alem, dicho sea de paso, es el
mismo funcionario que en julio del año pasado fue designado por el Ministro de
Justicia Eduardo Luis Duhalde para coordinar la comisión que debía pronunciarse
sobre la herramienta a utilizar para terminar con los miles de causas judiciales
contra militantes populares.
La pregunta es ¿Para qué está Lanusse en Santiago del Estero? ¿Para perpetuar el
oprobio y la injusticia? ¿O desde el gobierno nacional no se quieren hacer algo
para terminar con el "poder" de los Juárez? KIRCHNER CON BLUMBERG
Nuevamente se reunieron Kirchner y Blumberg. No hubo pelea alguna entre ellos.
Por el contrario, el presidente considerado "zurdo" por la extrema derecha y el
autodenominado "centroizquierdista" ingeniero, que mantienen fluidos contactos,
coincidieron de cabo a rabo (desde el mismo ángulo, se puede afirmar que Videla
es "centro" y Camps de "centroderecha").
Como consecuencia de esa reunión, Kirchner anunció que "se pone a la cabeza de
la lucha contra el delito" y los medios informaron que el presidente ofreció a
la Fundación Axel (es decir, al ex subsecretario de "in"justicia de Videla
Roberto Durrieu y sus amigos) el monitorieo de las políticas de sgeuridad del
gobierno.
¿Cómo se concilia la persecución a los autores materiales del genocidio con el
acercamiento a sus compañeros civiles? PROXIMAS ACTIVIDADES
Viernes 29 de octubre, a partir de las 21:00 en Libres del Sur (Pavón al 1600),
actividad de difusión de la situación y en solidaridad con los presos políticos,
con charla debate y posteriormente una actividad artístico-cultural.
Viernes 29 de octubre, 19:00, en La Plata, presentación d ela revista LIMANDO
BARROTES, de la Coord. por la Libertad de los Presos Políticos. Lunes 8 de noviembre, 10:00, comienza el Juicio al Escuadrón en los
tribunales de San Isidro. Recordamos que los pedidos de acreditación de Veedores
y las cartas de adhesión deben presentarse antes del inicio del debate. Más
información en www.escuadron.lahaine.org
CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
CORREPI en Radio Monte Hermoso 93.1 mhz, los domingos de 12:30 a 14:30.
CORREPI en el hall de la Facultad de Derecho, los jueves de 18:30 a 20:30.
CORREPI
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
correpi@fibertel.com.ar
