Una comedia dramática en tres actos (por ahora). O cómo las corporaciones
continúan imponiendo sus pretensiones para aumentar sus ganancias con la
complicidad de los gobiernos
GRAIN
Acto uno: tiempo de contaminar
1996- Argentina aprueba el cultivo comercial de la soja RR y, a partir de allí,
la multiplicación de la semilla por parte de los agricultores crece al mismo
ritmo geométrico que crece el cultivo de la soja RR. La expansión del cultivo de
soja RR de una superficie de menos de 1.000.000 Ha en el año 1996 a más de
9.000.000 Ha en el 2001 tiene mucho que ver con la multiplicación y venta
"ilegal" de la semilla a través de la llamada "Bolsa Blanca". Por esta misma vía
se expande el cultivo de la soja RR a Brasil, Paraguay y Bolivia donde los
transgénicos están prohibidos.
La ley de semillas de la Argentina (1) sólo permite que los agricultores guarden
semillas para uso propio y no autoriza su comercialización (que es lo que se
hace con la "bolsa blanca"). Sin embargo, Monsanto permanece en silencio frente
a todo este proceso observando cómo su tecnología (soja resistente al glifosato
y el mismo glifosato) se expande por todo el Cono Sur de la mano de las ventajas
que el modelo de agricultura industrializada de la siembra directa les ofrece a
los grandes terratenientes de la región pampena y sus zonas limítrofes.
Ningún reclamo se escuchó en esos años de parte de la empresa confirmando lo que
muchos sospechábamos: la expansión de los cultivos transgénicos a través de la
contaminación y la violación de las leyes de cada país fue una estrategia
conciente e intencional de las grandes corporaciones y se repitió con diversas
variantes en diferentes regiones del mundo.
Acto dos: tiempo de amenazar
2001- Con el cultivo de soja transgénica impuesto en Argentina y en plena
expansión en toda la región, Monsanto comienza a amenazar a los productores
agrícolas sobre el uso "ilegal" de su semilla y a exigirle al gobierno argentino
que haga cumplir la ley. En ese momento se realizaron varios operativos
policiales pero la práctica de comercializar la semilla de producción propia
continuó. Y, de la misma manera, continuó la expansión del cultivo de soja en la
región avanzando la frontera agrícola sobre los últimos bosques existentes en la
región chaqueña y otros ecosistemas frágiles de Argentina, Paraguay y Brasil. Ya
para ese entonces la soja "Maradona" (nombre que se le daba a la semilla
traficada ilegalmente desde Argentina) era famosa en Brasil.
Al mismo tiempo Monsanto ya aplica a través de los licenciatarios de sus
semillas (Nidera por ejemplo) desde 1999 el cobro de "regalías extendidas":
cobra a los agricultores un monto de U$S 2 más IVA e impuestos por cada bolsa de
50 kilos de semillas que se guarden para uso propio (2). Esta cláusula de los
contratos de venta de la semilla va contra la misma ley de semillas que, como
antes decíamos, permite el uso propio sin condicionamientos de ningún tipo.
Ninguna voz se escuchó desde el gobierno argentino sobre la ilegalidad de este
tipo de exigencias.
La "regalía extendida" tiene como objetivo, según la empresa, "el recupero de la
inversión realizada en investigación y desarrollo genético, con un menor valor y
una base más amplia y justa de cobro, que se suma a la regalía pagada en la
semilla certificada". Pero Monsanto iba por más.
Acto tres: tiempo de cobrar
2004- Monsanto comienza el año con un despliegue espectacular e informa en
febrero de 2004 que "nos salimos del mercado de soja en la Argentina porque para
nosotros no es rentable" y señala que la principal razón de la retirada es la
alta difusión entre los agricultores de las semillas "ilegales", conocidas como
"bolsa blanca" (3). En ese momento, promete dedicarse al negocio del maíz y el
sorgo y niega rotundamente que se trate de "presiones al gobierno".
Pocos días después, el Secretario de Agricultura de la Nación, Miguel Campos
"casualmente" da a conocer que el gobierno está estudiando la creación de una
Ley de "regalías globales" por el que se crearía un Fondo de Compensación
Tecnológica. Este fondo sería manejado por la misma Secretaría y consistiría en
una alícuota que los agricultores pagarían con la venta (a acopiadores y
exportadores) de soja (entre el 0,35 a 0,95 por ciento del precio de venta) que
se destinaría a las empresas semilleras (4).
De esta manera, se comienza a instrumentar el cobro de un impuesto desde el
gobierno destinado a financiar a Monsanto. Casi como los "derechos de los
agricultores", pero aplicados a la inversa. El Proyecto obtuvo un rechazo
bastante masivo por parte de las organizaciones de agricultores y no avanzó
durante los últimos meses en su tránsito por el Parlamento. De hecho, nunca fue
ingresado formalmente al Congreso sino que fue apenas presentado por las
autoridades a las Comisiones.
Esta situación es la que ha llevado al nuevo "acto" de Monsanto durante la
última semana cuando declara que para cobrar las regalías por el gen RR
introducido en la soja (y para el cual no tiene patente en Argentina) procederá
a cobrar las mismas en los puertos de destino de la soja argentina donde la
patente está vigente (5). La ofensiva incluyó una solicitada en los principales
diarios el día 19 de agosto declarando "que sólo el 18 por ciento de los 14
millones de hectáreas que se cultivaron con soja en Argentina durante el ciclo
2003/04 fue sembrado con semillas certificadas y vendidas en el mercado legal".
Esta vez el show incluyó fuertes declaraciones del Secretario de Agricultura
diciendo que el mecanismo exigido por la firma para cobrar regalías por la soja
transgénica es "extorsivo e inaceptable" porque "en un país serio el pago de los
derechos debe encauzarse por las vías institucionales" (6).
El día 22 de agosto se realiza una reunión entre las autoridades, Monsanto y las
organizaciones semilleras en las que se dejó de lado todo el histrionismo puesto
en escena días atrás para llegar a un acuerdo: la creación de un "Fondo de
Compensación Tecnológica" en el curso de los próximos 45 días, el cual se
estaría instrumentando antes de fin de año a través de una Ley o una resolución
del Ministerio (7). Una vez más, Monsanto se sale con la suya.
El final de este drama tiene final abierto; pero seguramente no serán los
pequeños agricultores quienes salgan ganando y será la sociedad argentina la que
terminará pagando estas regalías.