El legislador encuentrista relató, durante la última reunión del grupo tripartito de trabajo que se conformó con el objetivo de analizar la situación del sistema carcelario en nuestro país, su visita al establecimiento La Tablada.
En tal sentido indicó --según consta en la versión taquigráfica a la cual accedió LA REPUBLICA-- que la situación en el establecimiento: "Es una realidad igual o peor a la que hemos denunciado en otras oportunidades y que el propio ministro del Interior, Guillermo Stirling, ha planteado a esta comisión".
"Cuando se produjeron los sucesos en el Penal de Libertad existió un compromiso que a mi juicio asumieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Gervasio Guillot, y Stirling", recordó el legislador.
Agregó que a raíz de una gestión de los familiares se solicitó por parte de los reclusos que los legisladores de la comisión tripartita estuviesen presentes cuando se hacía la requisa.
En tal sentido relató que presenció algunas "cosas que no eran de lo más correctas". Por ejemplo: "Estábamos en medio de aguas servidas y cuando se requisaba a alguien, se le sacaba la campera, se la tiraba en el agua y luego se la volvía a poner así como estaba".
Chifflet expresó en su momento que existía un compromiso de Guillot y de Stirling en el sentido de que "no iba a existir violencia física individual ni colectiva contra los reclusos, ya que en otras oportunidades había pasado", y que sintió la necesidad de reiterarlo "para superar posibles problemas".
"Me consta que ellos, con la mejor buena voluntad, dieron palabra de que se iba a tener determinada actitud respecto a los reclusos y esto no se ha cumplido", subrayó.
El parlamentario encuentrista señaló que después de los análisis puede afirmar en forma categórica que "no se cumplió lo que tácitamente se prometía ni ha quedado registrada como cumplida la palabra del presidente de la SCJ ni la del ministro del Interior, pero esto no es responsabilidad de ellos".
"Gritos de terror"
Chifflet visitó La Tablada el pasado miércoles y al día siguiente sintetizó, ante la comisión, la impresión de sus principales jerarcas.
"Hay celdas sin baños, se autoriza a los numerosos reclusos a salir una vez por la mañana y otra por la tarde hacia algún baño más o menos alejado. Pero la situación es muy difícil", señaló.
Incluso, "a raíz de la comida la mayor parte de los reclusos tiene diarrea. Entonces, el director del establecimiento no ha tenido más remedio que aportar baldes e incluso hay reclusos que hacen sus necesidades fisiológicas en la celda".
El legislador sostuvo que además los directores del establecimiento señalan "la falta de seguridad del establecimiento, ya que La Tablada no está hecho para una cárcel de alta seguridad. Han ido al lugar reclusos que tiene varios años de pena y son la gente con más aptitud para fugarse".
"La guardia exterior o perimetral, según los jerarcas, puede no resultar suficiente. Es decir que consideran que la situación es de alto riesgo, incluso en cuanto a la evasión", expresó Chifflet.
En cuanto a la alimentación, señaló que "se cocina en una especie de medio tanque, a la intemperie".
Por otro lado requirió, debido a la situación de salud del Penal, la presencia de un médico.
Consideró que es "imprescindible solicitar al Ministerio de Salud Pública un par de médicos para que en dos o tres días revisen a los presos que están más enfermos".
En tal sentido detalló que al ingresar al establecimiento pudo ver a un "señor que estaba esposado y tendido sobre un colchón precario y tenía una herida en la frente que, según él era anterior y a causa de una caída".
Unos metros más adelante, "había una persona que tenía un brazo vendado, quien también dijo que eso había sido a causa de un accidente".
"Incluso pude hablar telefónicamente con un recluso que me dijo que en el trayecto del Penal de Libertad al Comcar los habían golpeado y les habían sustraído elementos", añadió el parlamentario.
Asimismo, Chifflet citó palabras de otro recluso: "Nosotros hemos sido golpeados, sabemos lo que son las patadas, los palos y las palizas que uno recibe, pero los gritos que escuchamos eran de picana eléctrica o de alguna otra cosa, porque eran de terror".
En otro orden el legislador socialista opinó que la decisión de los reclusos de iniciar una huelga de hambre le pareció una cosa "absolutamente ilógica, porque puede sucede que se extienda una epidemia, que va a ser en cualquier momento".
Acotó que los enfermos de sida "están junto a otros reclusos en celdas muy reducidas y tampoco reciben medicación".
Planteó que organizando visitas por pequeños grupos de familiares permitiría tranquilizar y por sobre todo comenzar a abrir las vías para impedir el ingreso de comida y alguna ropa que "con gran sacrificio envían los familiares".
Eventualidad de una epidemia
Por su parte, la psicóloga Gabriela Fulco, integrante del grupo tripartito en representación del Ministerio del Interior, indicó que el número de portadores de VIH es de 84 personas de las cuales, 65 se encuentran en el Comcar, y 19 entre La Tablada y Cárcel de Mujeres".
En ese sentido señaló que quienes padecen ese mal "reciben complemento Ensure, fruta y verdura que muchas veces comercializan".
Fulco explicó que considera los efectos de instrumentar un plan de relevamiento desde el punto de vista sanitario y psicológico para el cual sería necesario disponer de cuatro médicos voluntarios por día, que se sumen al contingente de médicos del hospital por un período de tres o cuatro meses.
La facultativa expresó: "El director del hospital nos alertó sobre la situación sanitaria de La Tablada y sobre la posibilidad de una epidemia y sobre el dengue por el tema de las aguas y sobre el estado sanitario de los alimentos ya que en día de calor se descomponen".
Excarcelación
Por otro lado, Fulco planteó, ante el grupo tripartito, la posibilidad de pensar en un mecanismo de "pronta excarcelación de enfermos crónicos"
"Creo que son situaciones por las que se podría recurrir al Pacto de San José de Costa Rica o algún otro instrumento de derechos humanos para dar la excarcelación con medidas cautelares", indicó.
Propuso que el Poder Judicial "podría aconsejar la posibilidad de la pronta excarcelación por razones humanitarias de enfermos crónicos. Extendiéndolo también a la situación de los enfermos con sida, porque el costo del tratamiento de un enfermo ambulatorio con sida es de 1.500 dólares mensuales".
Ante dicha propuesta la doctora María Sehabiaga --representante de la SCJ-- señaló que "deberá determinarlo la propia corporación".
Sin embargo, a título personal adelantó que dependerá de "la situación procesal y judicial del interno".
Bomba de tiempo
"La realidad nos muestra que las cárceles del Interior están superpobladas, que La Tablada es un lugar inadecuado y, por tanto, se está transformado en otra bomba de tiempo desde el punto de vista sanitario y de la tensión interna de los reclusos", enfatizó Fulco, representante del Ministerio del Interior ante la comisión.
Las posibilidades edilicias de La Tablada para instaurar servicios asistenciales desde el punto de vista "médico, psiquiátrico, psicológico y jurídico no existen", sostuvo.
"Me imagino que si un psiquiatra o un psicólogo va a realizar su trabajo, tendrá que hacerlo en el pasto, en un corredor o parado en una esquina", sentenció Fulco.
Propuso la posibilidad de descomprimir "de otra forma el problema habitacional"; e indicó que es imprescindible "la actualización de las causas por parte del Poder Judicial que tiene un sistema de accionar pesado".
Añadió que la corporación "tiene atrasos, sobre todo en la parte de los delitos menores, donde puede haber excarcelaciones provisionales que se agilicen, y de esa manera descomprimir la situación a través del otorgamiento de la libertad".
En ese sentido, se refirió a la posibilidad de otorgar libertad a "los enfermos crónicos, con sida o con enfermedades terminales, por razones humanitarias e instaurar medidas cautelares"; y planteó la posibilidad de "otorgar libertades provisionales a toda la gama de delitos menores para los que pudiera instrumentarse afuera otro modo de control social".
Para la representante del Ministerio del Interior, la secretaría de Estado está "atrapada" en la realidad acuciante que es la falta de espacio locativo para ubicar a los reclusos.