La dictadura, los civiles, ¿y la memoria?

Por Marie Claire Millan /SURMEDIA

Hace tiempo que un tema me ronda en la cabeza.
Aparece, desaparece y otra vez está allí.
La última vez fue hace unos cuantos días, cuando vi en un informativo de la televisión al Dr. Eduardo Esteva, muy doctamente, explicarnos que el plebiscito de Antel era inconstitucional.
Mi mente retrocedió unos cuantos años, a cuando era estudiante de abogacía, y asistía a las clases de Derecho Constitucional del mencionado.
Debo decir en mi descargo que no estaba en mis manos elegir profesor, ya que, si no me acuerdo mal, otro de los "docentes" era el Presidente del Supremo Tribunal Militar, el Coronel Silva Ledesma, (venía brava la mano!!!)
Aquél recitaba de memoria los artículos constitucionales, los actos institucionales y por supuesto, concordaba con el famoso texto de l980.
Hoy continúa siendo docente de una universidad privada de nuestro departamento y acá no ha pasado nada.
Como no ha pasado nada con los cientos de civiles que fueron el sostén de la dictadura militar ocupando los cargos de gobiernos durante todos esos años.
Ese es el tema que me ronda.
Y es un tema del que en el Uruguay no se habla (o casi), como de tantos otros que corresponden a esos terribles años.
Integrantes del Consejo de Estado fueron y son legisladores electos, intendentes interventores fueron elegidos nuevamente para ese cargo en democracia (y no solamente en Maldonado, también en San José y en algún otro departamento).
El reciclaje funcionó a la perfección.
El pasado quedó (¿?) sepultado para la mejor concordia y pacificación nacional.
¿Concordia? ¿Pacificación nacional? ¿Estado del alma? ¿Así?
Difícil para sagitario. ¿Pasan por ese camino esas aspiraciones?
¿Que quiere que le diga? Me parece que no.
Los años de la dictadura fueron muchos: doce. Mucha gente ocupó aquellos cargos. Fueron civiles los ministros de economía, los integrantes del Consejo de Estado (que reemplazó al Parlamento disuelto) y de las Juntas de Vecinos (que hicieron lo propio con las Juntas Departamentales también disueltas) y los ministros de relaciones exteriores que defendían la dictadura en el exterior, y los ministros de cultura y de salud pública, etc, etc.
¿Qué pasó con ellos?
Nada.
¿Es justo eso? ¿Qué responsabilidad nos cabe como ciudadanos? ¿Y a los partidos políticos? ¿Y a los medios de comunicación?
La ley de impunidad (técnicamente: de caducidad de la pretensión punitiva del Estado) libró del juicio y el castigo a quienes violaron los derechos humanos: los militares. Así lo quiso más de la mitad de la ciudadanía que votó amarillo en abril de l989.
Pero con todos aquellos que no eran militares, que no estaban sometidos a ninguna cadena de mando, los que estuvieron allí porque quisieron estar, porque estaban de acuerdo con lo que se vivía en el país, ¿es correcto que también sean impunes por sus responsabilidades pasadas? ¿Está bien que no se recuerde su accionar?
Cómo país, ¿no deberíamos ejercitar nuestra memoria?
A las generaciones más jóvenes, ¿no deberíamos decirles quién es quién?, ¿qué hicieron muchos de los ciudadanos de este país, durante esos doce años?
Porque tiene relación con esa pretensión de esconder el pasado, le contaré lo que me sucedió el pasado l9 de marzo, en la celebración de los 3l años del Frente Amplio. Durante el acto se habló varias veces del reencuentro de Sara Méndez con su hijo Simón. Al finalizar, se me acerca un adolescente (no más de l6 años) y me dice: "yo no sé, ¿quienes son Sara y Simón? Brevemente le explico y se va, luego de darme las gracias.
Al volver a mi casa, se lo comento a mi hija, que también tiene l6 años y me dice, con naturalidad: "mis amigas tampoco sabían, yo les dije"
Ay, ay! Tiemblo.
¿Qué país estamos construyendo?
¿Qué ejemplo reciben los y las jóvenes? ¿Del todo vale? ¿De la irresponsabilidad por las acciones que realizamos? ¿Qué autoridad moral tenemos para reclamarles luego?
Todas estas preguntas me hago.
¿Y usted