¿Cómo es posible que uno de los países
más ricos del mundo esté al borde de la quiebra ?

Laura Ramos . Observatori del Deute en la Globalització, www.debtwatch.org, 03/01/02
Contexto de origen

El proceso de endeudamiento dependencia argentino se inició en el marco de la crisis económica occidental de la década del '70, período que se caracterizó por una acelerada inflación acompañada de una profunda recesión. El estancamiento generaba una enorme masa de excedente de capital disponible que no encontraba salida en la inversión productiva. La situación se agudizó con el alza desorbitada del petróleo (1973). El fenómeno acentuó la recesión de los países industrializados al tiempo que generaba mayor disponibilidad de recursos (petrodólares) con necesidad de reciclaje.

El afán irresponsable del sistema financiero internacional de colocar los recursos disponibles sin medir los riesgos o transfiriéndolos por completo a sus deudores, encontró destino en Latinoamérica: entre 1970 y 1975 la deuda en la región creció un 181%, mientras que en los cinco años siguientes el salto fue de 467%. Por su lado, los países del sur se encontraron frente a una oportunidad financiera sin precedentes: préstamos voluminososa bajo precio, a largo plazo y sin condiciones de destino ni garantías de oportunidad o solvencia.
Origen ilegítimo, ilícito y fraudulento
En ese marco, el 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado en Argentina puso al frente del país el gobierno militar encabezado por el general Videla. La dictadura clausuró el Congreso y puso en marcha el Proceso de Reorganización Nacional concretando un verdadero genocidio (30.000 desaparecidos, robo de menores, campos de concentración, torturas y exilio).
El 2 de abril de ese mismo año asumió el Ministro de Economía Martínez de Hoz responsable principal del endeudamiento dependiente argentino, de dinamizar procesos y actitudes proclives a la especulación, de alentar el proceso de destrucción del aparato productivo nacional y de la consecuente pérdida de soberanía (transferencia de poder público nacional a los acreedores extranjeros). El Estado de Terror permitió que todas las operaciones generadas durante la dictadura se cerraran en absoluto secreto. Sin embargo contaban con la aprobación y fomento del Fondo Monetario Internacional y de la administración norteamericana.
La medida inicial y clave fue la desregulación del mercado financiero interno, borrando cualquier restricción al libre flujo de capitales.
Durante los 7 años de dictadura, la deuda externa argentina creció en un 350%, fue forzada, no existen registros contables que la acrediten y se desconoce el destino de los fondos. Su crecimiento (de 9.700 millones de dólares a 45.000 millones), aparte de excesivo, fue perjudicial y carece de justificación económica, financiera y administrativa. En la gestión de la deuda, el actuar de los funcionarios fue negligente e imprudente cuando no corrupto o malicioso. La banca extranjera y el FMI actuaron con impericia en el manejo del endeudamiento, no se interesaron por el destino de los fondos ni por la capacidad de reembolso de las economías deudoras.
En cuanto a la deuda pública:
· Las empresas del Estado fueron forzadas a tomar préstamos en el exterior y aún cuando no lo necesitaban .
· Los préstamos recibidos de los bancos norteamericanos eran inmediatamente colocados en las mismas instituciones bancarias prestatarias, a una tasa de interés inferior a las tasas de interés cobradas por la deuda contraída.
· En 1982, el Estado asumió la deuda privada, en su mayor parte producto de actos ilícitos.
En cuanto a la deuda privada:
· Las empresas privadas argentinas y las filiales de empresas extranjeras en Argentina fueron incentivadas a tomar créditos en el exterior en forma irresponsable. El clima financiero y la corrupción permitida por la dictadura desestimaron los peligros que podría ocasionar a futuro la toma de préstamos a tasa de interés variable. Además dichas empresas, con el dinero tomado en las bancas extranjeras, se prestaron a realizar negocios ilícitos y meras especulaciones con el aval de los bancos oficiales o la Tesorería del Estado. Entre ellos: Autopréstamos. Endeudamientos producidos por proyectos de inversión no implementados. Préstamos figurados: aportes de capital de las casa matrices a las filiales en el país registrados como préstamos financieros. Préstamos nunca ingresados al país.
Flujos y reflujos financieros
El panorama financiero internacional cambió de dirección durante la década de los '80. Fundamentalmente, se pasó de un período de gran liquidez y necesidad de colocar excedentes de capital internacional, a una situación de profunda iliquidez (El endeudamiento externo latinoamericano decreció su marcha ascendente en más de un 80% durante este período). El hecho generó el aumento estrepitoso de la tasa de interés (del 6% al 22%) y el precio de dinero se disparó a tal punto que las empresas que habían tomados préstamos en la década anterior no pudieron hacer frente a sus obligaciones internacionales.
En Argentina, en 1982, aún bajo la dictadura, Domingo Cavallo, entonces presidente del Banco Central, asumió su compromiso con la oligarquía empresarial y estatizó sus deudas. Se estima que de los 45.100 millones de deuda acumulada a fines de la dictadura, 5.000 millones (más de un 10%) son el producto de ese proceso de estatización.
El reflujo del sistema financiero internacional respondía a la necesidad que tenían los países del norte de contar ellos mismos con créditos que viabilizaran la tecnologización de sus estructuras productivas y financieras, y fueron exigentes con el pago de la deuda. Ante la imposibilidad de los países del sur de hacer frente a sus obligaciones, y específicamente a partir de la crisis mexicana de 1982, el FMI diseñó y acordó con los países deudores Programas de Ajuste Estructural (PAE), políticas económicas de "ajuste recesivo" generadoras de recursos suficientes (divisas provenientes del superávit de la balanza comercial) que garantizaran el pago de la deuda. El paquete de medidas incluía 1) drástica reducción del gasto público (educación, salud, seguro social), 2) contracción de la actividad económica y de las importaciones y reactivación de la actividad exportadora y 3) privatización masiva de empresas y servicios públicos. La banca norteamericana, para ganar tiempo y no anotar definitivamente como pérdidas las deudas que por el momento eran incobrables (y teniendo en cuenta que los Estados no pueden caer en quiebra), aplicó la política del nuevo dinero: nuevos créditos para hacer frente a los impagos mientras la deuda crece y con ella la necesidad de nuevo dinero.
En la década de los 90, la necesidad de EEUU de recuperar su economía daría un nuevo vuelco en el panorama financiero internacional. Repentinamente (consecuencia de los ahorros provenientes de las altas tasas de interés cobradas en la década anterior) volvió a haber liquidez internacional y los créditos volvieron a ser abundantes y baratos. En este período la deuda creció más de un 60%. En 1999, el sector privado no financiero argentino estaba endeudado por un monto equivalente a la tercera parte de su deuda externa (40.000 millones).
A pesar de todo, la liquidez no paró el proceso de endeudamiento dependencia de los países emergentes. Una década de sequía y ajuste había profundizando la relación de asimetría norte-sur y el deterioro, tanto de las economías dependientes como de sus organizaciones de base, volvería a sentar a la corrupción en sus dirigencias, que si en la época de la dictadura se había amparado en el Estado del Terror, en la Argentina menemista y la de sus sucesores, el Estado de Impunidad constituiría su nuevo refugio. En el marco de una nueva connivencia entre la clase política y empresarial de los paíseslatinoamericanos con la banca internacional, los gobiernos del sur se lanzaron a una competencia desorganizada, cerrada e individual para atraer los nuevos recursos financieros creando condiciones favorables a los intereses trasnacionales y cumpliendo las condiciones impuestas por los planes de renegociación de la deuda externa acordados con el FMI.
Período Menem-Cavallo
En 1989, Carlos Menem fue electo presidente de Argentina. La esperanza en el nuevo gobierno estuvo centrada en su capacidad de poner freno a la alta y persistente inflación que había venido afectando la economía argentina a lo largo de toda la década y que había alcanzado picos hiperinflacionarios en 1989 y 1990.
En 1991, la apuesta de su Ministro de Economía, Domingo Cavallo fue establecer una paridad cambiaria fija de 1 peso por 1 dólar: el régimen de convertibilidad. La medida logró una inmediata estabilización del nivel general de los precios. Pero, con el tiempo y una vez cumplida su función, ¿a qué respondió la permanencia del anclaje cambiario? La identidad de quienes se benefician con la paridad cambiaria explica la decisión tomada: las empresas y bancos extranjeros que remiten sus beneficios en dólares al exterior sin correr riesgo cambiario alguno (aún facturando en pesos) y los importadores. El anclaje cambiario, sumado al paquete económico de mayor apertura, desregulación y liberalización de la estructura nacional asumida con los programas de ajuste estructural (y las ventajas que ofrecían los planes de privatización), fueron los atractivos fuertes que presentaba el gobierno menemista a los capitales extranjeros -los que en esta etapa se caracterizaron por realizarse a través de inversiones directas. De hecho, el proyecto facilitó el ingreso de las empresas transnacionales al país y la transferencia a manos extranjeras de la propiedad de las empresas públicas.
¿Quiénes salieron perjudicados? Las empresas nacionales que perdían capacidad para competir tanto en el mercado interno como en el externo. Y, en especial, los sectores más desprotegidos de la sociedad, víctimas directas del incremento acelerado de la tasa de desempleo, la pobreza y la marginalidad.
La política de las privatizaciones
Una mirada en detalle del modo en que se concretó el plan de privatización de las empresas públicas en la Argentina, explica en parte porqué los montos ingresados al país con la venta de los activos públicos durante la década de los '90 no lograron aliviar el peso de la deuda externa, que, lejos de mermar, en este período creció en más de un 125%. Además explica el proceso de vaciamiento y descapitalización nacional que ello significó:
1) En todos los casos las empresas públicas se transfirieron subvaluadas y libres de pasivos, con pasivos mínimos o renegociados, los que fueron asumidos por el Estado.
2) Sistema de ampalancamiento: los inversionistas extranjeros adquirían las empresas con créditos tomados en el exterior y con la garantía de los activos de la propia empresa a adquirir. Ello generó un considerable aumento de las obligaciones externas de las empresas privatizadas y acrecentó las remisiones al exterior en concepto de pago de intereses, los que se suman a los giros por utilidades y dividendos a sus casas matrices . Entre 1991 y 1999, las obligaciones externas de las empresas privatizadas ascendieron de 984 a 17.555 millones de dólares. A lo largo de la década, Argentina recibió 15.410 millones de dólares en concepto de "ingreso de capitales extranjeros", al tiempo que remitió al exterior casi 15 mil, en su mayor parte en concepto de intereses de deudas.
3) Beneficios fiscales: cuando los intereses generados por préstamos (en este caso tomados en el exterior, cuyos intereses se remiten al exterior) sobrepasan un monto predeterminado se los premia con exenciones impositivas. Ello implica la asunción indirecta de deuda privada por parte del Estado y el beneficio directo de las empresas extranjeras.
El proceso de trasnacionalización de la economía argentina fue acompañada de un proceso de profundización de la internacionalización de su sistema financiero, en especial por medio del proceso de expansión de los bancos extranjeros. A fines de 1994, los bancos extranjeros controlaban el 18% de los activos argentinos y alcanzaron casi el 50% a fines de 1999.
Este proceso de mayor apertura financiera al mismo tiempo flexibilizó aún más los controles sobre las remisiones de capitales al exterior. Se estima que en la actualidad el monto de activos argentinos en el exterior asciende a 90.000 millones de dólares, algo así como las dos terceras partes del total de su deuda pública.
Un camino sin retorno
Veinticinco años de expolio, vaciamiento, descapitalización y desgaste de la economía argentina, llevaron al país a una crisis económica y social sin precedentes. Cuando De La Rúa subió al gobierno (1999) las cartas ya estaban echadas. Una obstinación desmedida en cumplir los mandatos del FMI y en continuar el modelo perverso iniciado en 1976, terminaron por sumir a gran parte de la población en la marginalidad, la exclusión social y la miseria. El estallido social no se hizo esperar cuando las restricciones bancarias ordenadas por el Ministro Cavallo tocaron el estómago de los agentes de la economía sumergida y el bolsillo de una clase media casi extinta. Y el pueblo los obligó a dimitir.
Las empresas españolas en la economía argentina
Ante los últimos acontecimientos argentinos, la prensa internacional intenta identificar al "culpable". También intenta que ese culpable no señale a nadie en casa. Sin embargo, el colapso argentino contó y cuenta con una red de cómplices que involucra a varios actores: los gobiernos nacionales genocidas y corruptos (que se enriquecen con negocios turbios y comisiones), la banca internacional y el FMI (que presentan planes de "salvataje" que consideran sólo a una de las partes, los acreedores), los gobiernos de los países industrializados (que votan - o vetan- las decisiones del FMI velando sólo por sus propios intereses) y las trasnacionales (que se aprovechan del actual peso específico de los grupos económicos que las gobiernan y del desguase de los países emergentes, para condicionar "inversiones" que sólo benefician a sus asociados y ello sin que les inquieten los efectos sociales y ecológicos negativos que generan en el país donde operan).
Las empresas españolas y el gobierno español han tenido una importante participación en el proceso de trasnacionalización económica y financiera argentina. Entre 1994 y 2000 España ha invertido en Argentina 30 mil millones de euros (5 billones de pesetas) especialmente en Bancos y Seguros, Telecomunicaciones, Gas y Petróleo y Energía Eléctrica. Las principales empresas españolas con intereses en Argentina son: Repsol, Telefónica, BBVA, BSCH, Endesa, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Dragados, OHL, Acesa y NH Hoteles.
En cuanto al reparto de responsabilidades del colapso final argentino, basta recordar el caso Aerolíneas Argentinas. El gobierno español estuvo involucrado -con la participación de la SEPI junto a Iberia- en la compra (1989), a precio de saldo y libre de deudas, de la empresa nacional -que entonces generaba superávit- para llevarla a la quiebra 10 años más tarde con la consecuente pérdida de casi diez mil puestos de trabajo. Basta recordar que en 1999, Repsol (entonces con una participación del 32,5% del gobierno español) adquirió a precio de saldo y con dinero prestado en el exterior, el control accionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales: la empresa petrolífera nacional privatizada en 1993. YPF actualmente contribuye con el 53% de las ganancias totales de Repsol y cuenta bajo su órbita con el yacimiento petrolífero más importante de Argentina (La Loma de la Lata). Los trabajos en el mencionado yacimiento han degradado y contaminado el medio ambiente al punto de estar afectando seriamente la salud de la población, sin que la empresa acuse recibo de la responsabilidad que se le imputa. Además inexplicablemente el precio del combustible es mayor en Argentina, país fuente del recurso, que en España. Y ello sin detenernos en las maniobras de vaciamiento que estaría implementando Repsol en Argentina, detectadas por la Dirección General Impositiva y cuyas bases de presunción estarían reposando en el cajón de algún funcionario sin cargo, o del escritorio asignado a un cargo aún sin funcionario, mientras las distintas ramas políticas nacionales debaten el sin destino de un país que entregó su rumbo en 1976 y ya no lo pudo cambiar.