Latinoamérica

LOS YANQUIS CON URIBE

"Conmoción Interior es justificable", dice John Walters, zar antigdrogas de Estados Unidos
El funcionario del Gobierno estadounidense, sin embargo, instó al gobierno del presidente Álvaro Uribe a ejercerla con "legitimidad y prudencia".
"Es una guerra y hay circunstancias que tiene que ser asumidas. Las acciones de las Farc son un ejemplo brutal de la ley del terror. Nosotros estamos en guerra también y tomamos medias en este sentido: interceptamos comunicaciones, ejercemos restricciones a la prensa cuando se trata de asuntos de seguridad, entre otras cosas", afirmó Walters.
El zar antidrogas de Esados Unidos estuvo presente en Bogotá en la posesión del nuevo Presidente colombiano cuando las Farc atacaron con morteros el Palacio de Nariño.
Lo importante, según Walters, es que al tratar de proporcionar seguridad a los ciudadanos se fortalezcan y preserven también los derechos humanos y las libertades civiles.
"De mis conversaciones con los miembros del gobierno de Uribe concluyo que ellos entienden esto y están comprometidos en ese sentido", dijo Walters.

Gobierno estudia control e interceptación de teléfonos celulares, al amparo de la Conmoción Interior fuente: El Tiempo

Así se lo notificó ayer a Bellsouth y Comcel, las principales compañías de telefonía celular del país. El Ejecutivo también busca acceso a las bases de datos sobre usuarios.
Estas medidas le permitirán establecer provisionalmente un mayor control toda vez que se harían sin orden judicial.
La noticia se conoció pocas horas después de declarar el estado de Conmoción Interior. Ayer el Gobierno inició la redacción de nuevas disposiciones, amparadas bajo este estado de excepción, que eran estudiadas anoche por el Consejo de Ministros.
Antes de esa reunión y con el fin de definir una mayor vigilancia al funcionamiento de los celulares, los ministros del Interior y de Justicia (e), Fernando Londoño, y de Defensa, Marta Lucía Ramírez; y la viceministra de Comunicaciones, María Duque Samper, iniciaron la búsqueda de fórmulas jurídicas para lograr la colaboración de las empresas que operan estos sistemas.
Estos funcionarios se reunieron ayer con el fiscal general, Luis Camilo Osorio; el comandante de la Dijín, general Alberto Ruiz, y con los presidentes de las empresas Bellsouth, Larry Smith, y de Comcel, Adrián Hernández, en la sede de la Fiscalía General de la Nación.
Durante la conversación se discutieron mecanismos para que los operadores de celulares y de otros sistemas de comunicación entreguen ágilmente información a los organismos de seguridad sobre los usuarios y la localización de sus llamadas, sin pasar por los trámites ordinarios.
Además, se analizó cómo realizar estos procedimientos sin lesionar el derecho a la intimidad de los usuarios
Precisamente, sobre la interceptación de las llamadas telefónicas, Osorio explicó: "La interceptación debe tener un debido proceso, una fundamentación que soporte la medida, tampoco podemos en cada caso irnos por los formalismos, mientras la criminalidad no le pide permiso a nadie para delinquir. Aquí se está delinquiendo a través de los celulares".
Por otra parte, también se están estudiando mecanismos que permitan ejercer un control más severo sobre la compra y venta de celulares y de las tarjetas de prepago. Levantar la reserva
Al mismo tiempo, la administración del presidente Álvaro Uribe empezó a estudiar la expedición de otros decretos para bloquear cuentas bancarias de grupos al margen de la ley y para realizar una efectiva extinción de dominio de los bienes ilegítimos.
En los últimos dos años, el Estado debió devolver más de 800 propiedades a los narcotraficantes y sus familias y tuvo que pagarles 5.000 millones de pesos por concepto de arrendamiento.
Para buscar soluciones a esta situación, el ministro Londoño encabezó otra reunión con la embajadora de Estados Unidos, Anne Patterson, y funcionarios de la Unidad de Lavados de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía.
Dentro de las medidas analizadas se encontraban la cooperación internacional para atacar las finanzas de la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes, mediante mecanismos como el levantamiento de la reserva bancaria.
Otras herramientas jurídicas que se emitirán en los próximos días buscarán extender "la responsabilidad penal de los miembros de las organizaciones terroristas hacia sus cabecillas y dirigentes", señala el decreto 1837 de 2002, que decretó la Conmoción.
También se dictarán normas para "restringir la libre circulación de personas y vehículos" durante determinadas horas y en ciertos lugares del territorio nacional.
Así mismo, habrá nuevas disposiciones legales para facilitar los allanamientos y la aprehensión de personas eventualmente implicadas en actos ilegales.
Ayer, el ministro Londoño dijo que "los ciudadanos no deben tener miedo de que se puedan presentar excesos, ya que este Gobierno es obsesivo en el tema de la prevalencia, en todo caso y circunstancia, de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario".
Añadió que el Gobierno garantiza absolutamente "a adversarios y contradictorios políticos que aquí no habrá persecución", porque se trata exclusivamente de combatir la delincuencia. También dijo que no habrá censura a la prensa.
Ayer, el presidente Álvaro Uribe Vélez envió el texto del decreto que declaró el estado de Conmoción Interior al presidente de la Corte Constitucional, Marco Gerardo Monroy, para cumplir con lo dispuesto en la Constitución.