Latinoamérica

Iván Valdés/EL SIGLO CHILE

Nuevamente los pingüinos calientan motores para arremeter contra el vapuleado sistema de la tarifa escolar en el transporte público. A pesar que para el gobierno el problema está resuelto porque el pasaje se mantendrá en 100 pesos por este mes, los estudiantes insisten en la necesidad de reestructurar las licitaciones.

Con su tradicional sonrisa de "yo no entiendo nada", la ministra Aylwin entregó la gran solución para desactivar las inflamables movilizaciones de los secundarios y sus aliados los universitarios y apoderados en protesta por el alza del pasaje escolar en $10: la tarifa escolar, por lo menos hasta septiembre, se mantendrá en los $100 tradicionales.
Haciendo un poco de historia, por acuerdo entre los microbuseros y el gobierno las tarifas de los pasajes se determinan según una serie de variables, como el precio del dólar o del petróleo, en tanto que el pasaje escolar corresponde al 35% de la tarifa adulta. En este marco, la tarifa adulta subió a 300 pesos, lo que se tradujo en un alza de 10 pesos para los estudiantes.
El caso es que, para ser exactos, según la licitación el pasaje escolar subía a $105, y los autobuseros decidieron unilateralmente "aproximar" la cifra a $110. Hasta ese momento existía un vacío legal, ya que en caso de que la ecuación para determinar el pasaje escolar arrojara un resultado en fracción, no estaba establecido si para redondear la cifra se debía bajar o subir la tarifa. La solución del gobierno fue especificar que se debía redondear "para abajo", por lo que el pasaje seguirá por ahora en su precio normal.
Sucede que los estudiantes, muy por el contrario de lo que esperaba la señora Mariana, no parecieron satisfechos con la solución y como ya es una majadera costumbre en ellos exigen una solución de fondo.
Para el dirigente del Frente Amplio de Estudiantes Secundarios por la Defensa de la Educación Pública, Leonardo Candia, "ahora lo que estamos pidiendo es que se congele la tarifa en $100 hasta la próxima licitación en dos años más. En ese momento, la idea es que tengamos injerencia en la normativa y en la licitación de las micros". Candia puntualizó que "la idea es que se integren factores socioeconómicos en el cálculo de las tarifas", ya que la crisis por la que atraviesa el país, "no admite más alzas".
Candia criticó que el alza de tarifas se registrara mientras la mayoría de los estudiantes se encontraba en vacaciones, lo que califica como "una movida estratégica de los empresarios", y enfatiza la necesidad de la movilización ya que "está históricamente demostrado que el gobierno sólo entiende con la gente protestando en las calles", concluyendo que La Moneda "debe asumir su responsabilidad de asegurar el derecho humano a la educación".
Este frente de estudiantes secundarios está integrado, entre otros establecimientos, por el Instituto Nacional, el Liceo José Victorino Lastarria, el Liceo 7 y el Carmela Carvajal.
Por su parte, el presidente de la FECH, Rodrigo Bustos, aclaró que "no aceptamos la tesis del gobierno de que esto se trata de un problema entre privados", ya que a su juicio lo que sucede con la tarifa escolar "es un problema de políticas públicas", en función de garantizar el derecho a la educación.
Bustos concordó en la necesidad que sean incorporados criterios socieconómicos en el cálculo de la tarifa, ya que "el transporte público no es una actividad económica más: cumple una función social" por lo que "el Estado debe ofrecer ciertas garantías".
Finalmente, rechazó las declaraciones de la ministra que "pretende asentar la idea que con un resquicio legal que deja momentáneamente el pasaje en $100 pesos el problema está solucionado", y enfatizó que "los estudiantes no estamos peleando por $10, estamos peleando porque haya una solución de fondo al problema de la tarifa escolar".