Latinoamérica

Brasil: Visto bueno presidencial a la impunidad

La dimisión del ministro de Justicia, Miguel Reale Junior, refleja el grado de frustración y desencanto de quienes hoy día luchan por los derechos humanos en Brasil. Esta dimisión se ha producido después de que el procurador general federal, Geraldo Brindeiro, anunciara que no apoyaría las recomendaciones de una intervención federal en el estado de Espírito Santo.
Amnistía Internacional ha declarado hoy: «Una vez más, las autoridades del país han permitido que una importante oportunidad de combatir la arraigada situación de abusos contra los derechos humanos, delincuencia organizada, corrupción e impunidad se vea anulada por los intereses políticos».
El doctor Brindeiro había manifestado públicamente su apoyo a la recomendación respecto a la intervención formulada por el Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos (Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), perteneciente al Ministerio de Justicia, un día después de asistir a las vistas celebradas por el Consejo en Vitória, capital de Espírito Santo.
Este nuevo suceso suscita especial preocupación en Amnistía Internacional, que teme que la decisión del procurador general haya estado directamente influenciada por factores políticos y electorales, tras una reunión celebrada ayer entre el presidente Fernando Henrique Cardoso y el doctor Brindeiro, especialmente porque hasta el momento no se ha hecho público ningún motivo judicial aparente para justificar dicha decisión.
Amnistía Internacional ha declarado: «Una recomendación aplaudida como histórica hace tres días es ahora anulada. Esto subraya la creencia, mantenida desde hace tiempo, de que ocho años de promesas de derechos humanos se han visto socavados por tratos políticos clandestinos».
A la organización de derechos humanos le preocupa que la promesa de sustituir la intervención por una fuerza especial conjunta federal y estatal encargada de investigar los numerosos casos documentados de ejecución y homicidio pueda peligrar a causa de la participación de las autoridades estatales, que podrían ser el objeto mismo de la investigación.
Sin duda, algunos interpretarán la decisión del procurador general de no seguir la recomendación del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos como un mensaje de apoyo a los responsables de la retahíla de abusos y homicidios impunes de los que han sido víctimas tantas personas en el estado.
Amnistía Internacional pide a la comunidad nacional e internacional de derechos humanos que no permita que esta decisión se vea como una victoria de aquellos que llevan tanto tiempo gozando de una impunidad aprobada por el Estado.
La organización ha declarado: «En este momento, más que nunca, debe mostrarse el apoyo a los defensores de los derechos humanos que han luchado por la justicia en Espírito Santo frente a los abrumadores ataques, amenazas de muerte e intimidaciones».
«El gobierno federal es responsable de la seguridad de estos defensores. Los responsables de los numerosos homicidios y ejecuciones cometidos en el estado deben ser llevados por fin ante la justicia.»
En 1997, el Congreso brasileño creó una Comisión Parlamentaria Federal de Investigación sobre el narcotráfico. Al menos una cuarta parte del informe final de esta Comisión estaba dedicada a la situación en Espírito Santo, con acusaciones por diversos delitos, desde el homicidio hasta la evasión de impuestos, contra personas que ocupaban cargos de poder, como el presidente de la Asamblea Legislativa, altos cargos de la judicatura y miembros poderosos de la policía. Tres años después de la publicación, en 1999, de estas conclusiones, no se ha iniciado en el estado ninguna investigación policial ni judicial sobre esta información.
Información general
El Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, se reunió en Espírito Santo tras el reciente asesinato del abogado local Marcelo Denadai. Algunos de sus miembros, entre los que se encuentran juristas respetados, defensores de los derechos humanos y miembros del gobierno, escucharon cómo han quedado impunes años de homicidios, violencia y corrupción atribuidos a la organización policial Scuderie Detetive le Cocq y a poderosos grupos económicos y políticos del estado.
La recomendación del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos subrayó los fallos fundamentales de las autoridades estatales a la hora de investigar los abusos sistemáticos contra los derechos humanos que han tenido lugar en Espírito Santo a lo largo de tantos años y los elevados niveles de corrupción que impregnan a los poderes ejecutivo y legislativo del estado.