Lo señalan como responsable de la matanza ocurrida el Jueves de Corpus
Denuncian Raúl Alvarez Garín, Pablo Gómez y Jesús Martín del Campo a Luis Echeverría
El exterminio constituyó una secuela de los hechos ocurridos el 2 de octubre, dicen

JESUS ARANDA, VICTOR BALLINAS Y SUSANA GONZALEZ G.

La represión del 10 de junio de 1971 -en la que se ha documentado la muerte de al menos 35 personas- constituye una "parte indisoluble del genocidio que inició el 2 de octubre de 1968, y que significó la guerra sucia emprendida en contra de un sector de la población, el cual fue aplastado con la fuerza y recursos del Estado", afirmó Raúl Alvarez Garín.
Ayer, este último y los perredistas Jesús Martín del Campo y Pablo Gómez presentaron sendas demandas ante la Fiscalía Especial para Desaparecidos y Movimientos Sociales del Pasado, de la PGR, y en ellas se identifica al ex presidente Luis Echeverría -secretario de Gobernación en 1968- como el principal responsable de esa masacre.
"Fue él quien planeó la existencia y organización del grupo de Halcones, el cual actuó a mansalva aquel Jueves de Corpus."
Alvarez Garín sostuvo en su denuncia que los actos represivos posteriores al 2 de octubre de 1968 "no son otra cosa que una secuela de los hechos de Tlatelolco; una cadena de crímenes de Estado dotados de una misma característica e identidad ideológica", que derivaron en hechos de exterminio como los del 10 de junio y que están tipificadas como un "delito de genocidio de naturaleza continuada" en el Código Penal Federal, lo que impide la prescripción del delito.
Añadió que, precisamente, la existencia del grupo de Halcones no podía ser desconocida por las más altas autoridades políticas del país, puesto que ya había actuado en otras acciones represivas en contra de contingentes estudiantiles, como el ocurrido el 4 de noviembre de 1970 en las cercanías del Casco de Santo Tomás del IPN.
Como también hay evidencias de la participación del Ejército el Jueves de Corpus en puntos como Ciudad Universitaria, el Zócalo capitalino y la estación Buenavista.
Es decir, existen numerosos elementos que confirman que funcionarios del más alto nivel planearon y ejecutaron acciones represivas ilegales y, posteriormente, para evadir la acción de la justicia, realizaron una "mascarada grotesca de falsa investigación por parte de la Procuraduría General de la República y, posteriormente, "cerraron el caso sin ofrecer ninguna explicación pública de lo sucedido".
En razón de lo anterior, además de solicitar se ejerza acción penal en contra de Echeverría Alvarez, la denuncia enumera a otros 24 ex funcionarios públicos para que también sean investigados y en su caso, procesados. Entre éstos figuran Alfonso Martínez Domínguez, ex jefe del Departamento del Distrito Federal; Mario Moya Palencia, entonces secretario de Gobernación; capitán Luis de la Barreda Moreno, director de la Dirección Federal de Seguridad; Hermenegildo Cuenca Díaz, titular de la Defensa Nacional.
Por otra parte, en conferencia de prensa, Alvarez Garín presentó un organigrama de los funcionarios que tenían responsabilidades en octubre de 1968 y en 1971, como es el caso de Luis Echeverría, quien de Gobernación pasó a la Presidencia de la República; Alfonso Martínez Domínguez, quien de dirigente nacional del PRI se convirtió en jefe de gobierno del Distrito Federal, y el extinto Fernando Gutiérrez Barrios pasó de la Dirección Federal de Seguridad a la subsecretaría de Gobernación, entre otros.
En la misma conferencia de prensa, Jesús Martín del Campo, ex diputado federal perredista, dio a conocer que interpondría una denuncia por los mismos hechos, y demostró que tiene interés jurídico para hacerlo en razón de que ese día, uno de los jóvenes asesinados fue precisamente su hermano Edmundo.
"Lo hago también para evitar que los responsables de la masacre secuestren la memoria, ocultando o distorsionando los hechos y condenando el asunto al olvido..."
Por su parte Pablo Gómez Alvarez presentó ayer una denuncia por los delitos de homicidio y genocido contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y Alfonso Martínez Domínguez, quien fue jefe del Departamento del Distrito Federal hace tres décadas, por la represión contra estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971.
El actual representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE) presentó la denuncia ante Gladys Marbella Pérez Nah, titular de la fiscalía desconcentrada que la Procuraduría capitalina (PGJDF) tiene en la delegación Cuauhtémoc.
A 31 años de que estudiantes fueran agredidos con garrotes, macanas y chacos pero también con rifles, pistolas automáticas y revólveres de distinto calibres, cuando iniciaban una manifestación sobre avenida del Maestro y calzada México Tacuba, Pablo Gómez dijo que es la primera vez que se presenta una demanda al respecto.
"No es una denuncia más. Es la única que va a ver, porque estos hechos nunca fueron denunciados; el Ministerio Público tomó conocimiento de ellos porque el homicidio se persigue de oficio pero nadie presentó denuncia ante ninguna agencia."

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Marcha en recuerdo de reprimidos el 10 de junio
Anuncian movimiento nacional si no castigan a responsables de la guerra sucia

KARINA AVILES

Jóvenes estudiantes, maestros, ex dirigentes del movimiento del 68 y campesinos de San Salvador Atenco marcharon al Zócalo capitalino para protestar por la matanza de estudiantes ocurrida el 10 de junio de hace 31 años y manifestaron que desde el movimiento de los ferrocarrileros hasta la fecha existe una "política continua de genocidio". Advirtieron que si antes del próximo 2 de octubre no están en la cárcel los responsables de la matanza de Tlatelolco harán una protesta multitudinaria en el país.
Los manifestantes, encabezados por miembros del Comité 68-98, hicieron un recuento de las matanzas que no se olvidan: el 2 de octubre del 68, el 10 de junio de 1971, los años de la guerra sucia, El Charco, El Bosque, Aguas Blancas... Masacres que, aseguraron, forman parte de un misma política que no acaba por irse en este México.
El gobierno del presidente Vicente Fox fue blanco de una buena parte de los reclamos de esta tarde de 10 de junio. "¡El cambio de este gobierno no es el que queremos!", dijeron una y otra vez. Leopoldo Ayala, miembro del movimiento del 68 y de la Coordinadora Florencio López Osuna, se dirigió al primer mandatario para decirle que "no ha hecho nada" por esclarecer dichas matanzas. Y dijo que todos los presidentes de México, a excepción de Lázaro Cárdenas, "han reprimido" al pueblo.
Ericka Zamora, quien recién salió de la cárcel y fue considerada presa de conciencia, destacó que el gobierno de Fox -al que llamó "fascista"- se habla mucho en los discursos de los derechos humanos, pero en los hechos no los cumplen. Bajo el argumento del respeto a las garantías individuales condenó a Cuba; sin embargo, el "buen juez empieza por su casa", y en este país las cárceles están llenas de presos políticos.
Una vez más, la joven luchadora pidió la libertad de todos los presos políticos, la promulgación de una ley de amnistía y exigió castigo para todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Durante el mitin realizado a espaldas del Palacio Nacional, el ex líder estudiantil del 68, Raúl Alvarez Garín, informó a los manifestantes sobre ampliación de la denuncia que horas antes presentó ante la Procuraduría General de la República para pedir que en la investigación del 68 se incluya la matanza del 10 de junio de 1971.
Alvarez Garín destacó que ayer fue inaugurado un movimiento por la justicia. Recordó que el fiscal especial para los desaparecidos deberá presentar su informe en 15 días. "¡Antes del 2 de octubre queremos ver a los funcionarios responsables en la cárcel!. ¡Y si no es así, levantaremos una reclamación popular muy fuerte!"
Con un grito intenso que no se cansaba de decir "el 10 de junio no se olvida", los manifestantes partieron de la calzada México Tacuba -donde hace 31 años los estudiantes fueron reprimidos- rumbo al Zócalo capitalino. Aunque no fue una marcha con una participación numerosa, el coraje y la protesta se hizo sentir en las calles por donde pasaron.
La cabeza de la manifestación estuvo conformada por miembros del movimiento del 68, Fausto Trejo, Leopoldo Ayala, Víctor Guerra, Francisco Martínez Marcué y Myrthokleia González Gallardo, esta última, maestra de ceremonias del mitin del 2 de octubre, entre otros. Luego, fueron seguidos por la Coordinadora Florencio López Osuna, que tomó el nombre de aquel miembro del 68 que hace unos meses apareció en unas fotos que revelaron la tortura a la que fueron sometidos los estudiantes y semanas después murió de manera misteriosa.
Atrás de ellos, marchó un contingente numeroso de campesinos de Atenco, quienes a su paso, iban cortando el aire con sus machetes empuñados. Los ejidatarios fueron seguidos por los contingentes estudiantiles, principalmente de la UNAM y del IPN, los maestros del Poli y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y algunas organizaciones sociales como el Frente Popular Francisco Villa.
Los representantes del IPN establecieron un paralelismo entre el año de 1971, en que ocurrió la masacre del 10 de junio y los tiempos actuales. Recordaron que hace 31 años, en Nuevo León, los estudiantes emprendieron una lucha en contra de la reforma privatizadora y, actualmente, existe un embate del Estado para poner la educación en manos de los empresarios.

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Realizará el partido un censo para conocer el número de presos de conciencia
Exige el PRD castigar a culpables de la matanza del 71; insiste en que se investigue a Echeverría
Reitera Robles propuesta para que se limiten recursos privados en campañas electorales

MATILDE PEREZ U.

La directiva nacional del PRD exigió a la Procuraduría General de la República investigar y castigar a los responsables de la matanza del 10 de junio de 1971, incluyendo al ex titular del Ejecutivo Luis Echeverría. "Los ex presidentes no pueden seguir intocables", dijo la presidenta del partido, Rosario Robles Berlanga.
Las declaraciones del presidente Vicente Fox durante la firma de la ley de transparencia y acceso a la información, abundaron los perredistas, "parecieron de borrón y cuenta nueva. La nación no quiere un punto final, está esperando que se haga justicia", puntualizó en conferencia de prensa.
Antes, el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Hidalgo, se refirió a la denuncia que ayer interpuso Pablo Gómez, representante del PRD en el IFE, ante la agente del MP en la delegación Cuauhtémoc, Gladis Marbella, en torno a la masacre del 10 de junio de 1971."La PGR debe investigar y castigar a los culpables de esos actos porque a la fecha no hay presos ni culpables. Al parecer las víboras prietas y las tepocatas se quedaron en la campaña foxista".
Por su parte, el secretario de Alianzas y Relaciones Políticas, Ramón Sosamontes, se refirió a la ley de amnistía que solicitó la directiva nacional del PRD al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, la cual, mencionó, forma parte de la reforma del Estado. Ante las cifras inciertas de los presos de conciencia, el PRD realizará un censo de esos detenidos, para ello se efectuarán reuniones con organizaciones no gubernamentales, entre ellas la que encabeza Rosario Ibarra de Piedra; las comisiones estatales de derechos humanos y en poblaciones campesinas e indígenas donde han sido detenidos sus habitantes acusados de guerrilleros.
Otro aspecto de la reforma del Estado, abundó Robles, es la entrega de los recursos a los partidos políticos para sus campañas políticas y la modificación al sistema de acceso de éstos a los medios de comunicación masiva, particularmente los electrónicos. El PRD no acepta que se entreguen 5 mil millones de pesos para las campañas políticas de 2003, "es irónico que mientras faltan recursos para resolver necesidades de la población, a los partidos se entregue cantidades que no corresponden a una nación pobre, con carencias".
Si el IFE hace valer su facultad legal de señalar los horarios de las emisiones de los partidos políticos en los medios de comunicación masiva (horarios AA y AAA) ya no sería necesario pagar los anuncios en televisión, los cuales resultan muy caros; además, habría un elemento de equidad entre los partidos. "El sistema de tiempo gratuito se usa en muchos países de Europa y Latinoamérica, México debería entrar a ese sistema y abandonar el otro, de origen estadunidense, mediante el cual el dinero es decisivo en el resultado electoral", mencionó.
Insistió en que la Cámara de Diputados debería introducir una partida en el presupuesto federal para el financiamiento de los partidos en los estados, en temporada de elecciones locales, y el criterio de asignación debería plasmarse en una ley federal para que los institutos reciban los recursos de acuerdo con reglas uniformes.
Robles Berlanga reiteró su propuesta de que en las campañas electorales predomine el financiamiento público sobre el privado, que exista una relación de dos tercios a un tercio respectivamente. "Es necesario disminuir la dimensión relativa de las aportaciones privadas, pues éstas son vías de compra de voluntades y alineamientos de políticos a favor de los grandes dueños del dinero. Hay que evitar repetir situaciones como las de Amigos de Fox."