Ajuste y después

El país en bicicleta
Marcelo Pereira /BRECHA URUGUAY

El ajuste fiscal aprobado por el Senado en la madrugada del jueves 23, que pasa a la consideración de la Cámara de Representantes, modifica el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo pero mantiene su principal característica: se trata de aumentar impuestos para reducir el déficit del Estado, y así acceder a nuevos préstamos que tiren la pelota hacia adelante. Y el que venga atrás, que arree.
Ese resultado se logró con varios costos políticos importantes. No se produjo antes la apertura de un diálogo entre los partidos con representación parlamentaria, y eso significa que los principales dirigentes políticos no fueron capaces, ni siquiera en estos momentos terribles, de construir un mínimo común denominador para amortiguar impactos de la crisis. La modificación de varios aspectos del proyecto original del Poder Ejecutivo debilitó la credibilidad del equipo económico, ya que cuando se plantea que es inevitable adoptar medidas muy perjudiciales para la población de menores ingresos y luego se las deja de lado, muchos pueden pensar que hubo ausencia de idoneidad técnica, de sensibilidad social o de ambas cosas. Al apoyo parlamentario del Partido Nacional no le sobró ni un voto, y se consolidó la impresión de que resulta cada vez más difícil asegurarlo, lo cual ensombrece las perspectivas de gobernabilidad. No se percibió que el oficialismo estuviera interesado en lograr algún mínimo nivel de entendimiento a corto plazo con el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), y eso contribuye a la creciente polarización del país. Es cierto que Batlle encomendó a su asesor Carlos Ramela, notorio por integrar la Comisión para la Paz, tareas de articulación entre organismos del Estado, partidos y fuerzas sociales para buscar salidas a la crisis, pero esa difícil tarea apunta a la rendición de cuentas.
Así se pagó lo que quizá sea sólo un alivio transitorio. El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, dijo en la noche del miércoles al semanario Búsqueda que la suma de los préstamos ya logrados y los que se negocian permitiría cubrir "holgadamente" el pago de deudas contraídas antes que vencerán "este año y parte del que viene". Supongamos que después se verá.
por un pelito. La "cumbre de líderes" que no fue había sido propuesta hace semanas por Liber Seregni, y Luis Alberto Lacalle trató de que se concretara para emitir un mensaje de confianza en el sistema financiero y asegurar la voluntad uruguaya de pagar deudas. El presidente del EP-FA, Tabaré Vázquez, se había inclinado en principio por un ámbito de negociación en la Cámara de Representantes, para evitar un exceso de expectativas que resultara contraproducente, pero el viernes 17 aceptó la propuesta de Lacalle, y éste trató de que subiera a bordo Julio María Sanguinetti. Hay versiones contradictorias sobre lo que ocurrió después (según aseguró Lacalle el martes 21, recibió respuestas negativas tanto de Batlle como de Sanguinetti y de Vázquez), pero el lunes había desacuerdos insalvables. Sanguinetti había insistido en que el apoyo a la estabilidad financiera exigía antes que nada respaldar el ajuste, y era obvio que eso resultaba inaceptable para Vázquez, quien tampoco estaba dispuesto a asumir que, como había dicho el presidente Jorge Batlle al regresar de Madrid, la situación actual es responsabilidad "de todos", porque sostiene con cierta razón que son más responsables los que gobiernan que los opositores. Puede discutirse cuál fue la intención del líder forista: ¿no quiso que su archirrival apareciera entre los garantes del futuro del país, o no quiso comprometer su propia imagen con el apoyo a un sistema que puede desmoronarse en cualquier momento?
El trámite del apoyo blanco a la llamada ley de estabilidad fiscal fue tormentoso. Los cuatro votos herreristas en el Senado, insuficientes para formar mayoría con los once colorados, se redujeron a tres por el tajante rechazo al proyecto de Carlos Garat, y Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) enfatizó que el nuevo ajuste sería tan perjudicial como inútil, porque no permitiría resolver los actuales problemas del país. Se logró el respaldo de Carlos Julio Pereyra y Francisco Gallinal, pero eso no habría alcanzado si hubiera mantenido su oposición al proyecto nada menos que la senadora Julia Pou de Lacalle, quien había hecho frente común con Garat el lunes 20 en el Directorio. Sin embargo, parece que a último momento se convenció de que las modificaciones aceptadas por el Ejecutivo y la gravedad de la crisis justificaban que cambiara de posición.
También votó en contra el Nuevo Espacio. Los senadores del EP-FA se retiraron de sala después de que la mayoría rechazara su pedido de pasar a cuarto intermedio para analizar la nueva redacción del proyecto que habían negociado los colorados y la mayoría blanca.
Garat dijo el miércoles 22 a Radio El Espectador que no compartía "ninguno" de los aumentos de impuestos contenidos en el proyecto del Ejecutivo, y que en todo caso estaba dispuesto a considerar otros, "que afecten a aquellos que tienen grandes ingresos", después de que Batlle hiciera efectiva "toda la rebaja posible del gasto público", difundió con entusiasmo una declaración de sus bases de apoyo en Colonia que enunció el sábado 18 la misma tesis, y expresó su oposición al ajuste porque traerá "mayor pobreza, desocupación y recesión", al tiempo que expresaba "solidaridad con los gremios de la producción agropecuaria" en su reclamo de soluciones para el endeudamiento de ese sector, "planes realistas y efectivos de reactivación del agro y suspensión de las ejecuciones de productores rurales".
bicicleta política. Las propuestas alternativas del EP-FA, presentadas en el Palacio Legislativo por Vázquez después del comienzo de la discusión del ajuste en el Senado, pueden ser fácilmente cuestionadas con el argumento de que implican gastos estatales de un monto similar al que se quiere ahorrar mediante la ley de estabilidad fiscal. Discutible o no, la iniciativa no tiene por base ignorar la crisis y la necesidad de ajuste, sino que se sustenta en la convicción de que además es preciso lograr préstamos internacionales con destino a la reactivación productiva, al combate contra la exclusión social y a un mecanismo de garantía de depósitos cuyos costos compartan, a la larga, los propios bancos, porque de lo contrario esos créditos serán mendrugo para hoy y hambre para mañana.
Vázquez asumió que pedir aun más préstamos implica transferir problemas al próximo gobierno, y todos sabemos que no sólo desea asumir la Presidencia en 2005, sino que además tiene grandes probabilidades de lograrlo, de modo que lo suyo fue significativo en el terreno de las relaciones con organismos financieros internacionales. Otra cosa es que sea posible convencer a esos organismos de que nos presten dinero para que le demos el destino propuesto por el EP-FA, aun en el improbable caso de que este gobierno los pidiera.
El gesto encuentrista es, desde cierto punto de vista, una bicicleta política. Logra crédito político de una amplia base social, al sostener que es posible y conveniente acceder a sus demandas, y posterga la hora del pago hasta el ejercicio del gobierno nacional. Ahí se verá si los amplios créditos se renuevan o se refinancian.
vení mañana. La bicicleta de los créditos es una estrategia aplicada por cada vez más uruguayos en los últimos años. Se pide plata prestada y se va pagando luego con nuevos préstamos, por lo general con una o más tarjetas. Como es lógico, la acumulación de deudas e intereses tiene consecuencias muy peligrosas, pero muchos asumen ese riesgo para cubrir gastos necesarios o deseados.
Esa práctica también se ha hecho costumbre del Estado. Bicicleta es la emisión de bonos desde el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, con lanzamiento de nuevas series para pagar a quienes habían comprado las anteriores, y también la refinanciación de la deuda externa negociada durante el mandato de Luis Alberto Lacalle, con postergación de pagos y acceso a nuevos créditos internacionales. Pero lo de ahora cumple la tesis de que ciertos aumentos de cantidad determinan cambios de calidad.
En las actuales circunstancias del país, la intención de contar con un blindaje contra descalabros como el de Argentina, mediante la combinación de nuevos préstamos e impuestos, ambos en gran escala, nos acerca mucho a la posibilidad de que la cadena se suelte del piñón, y deje de ser posible pedalear. Con la tremebunda recesión de los últimos años, y dado que la presión fiscal ya es muy grande, resulta inevitable que aumentarla agudice los problemas.
No está de más señalar que el recurso a este nuevo y enorme modelo de bicicleta se debe a que el anterior (el de los bonos) ya no anda. La última experiencia de emisión mostró que en esta coyuntura esa forma de conseguir fondos frescos es enormemente cara, porque se desconfía de que el Estado pague, y se exigen intereses ruinosos.
Ahora, la perspectiva "menos peor" es que el próximo gobierno afronte compromisos que no podrá cumplir sin nuevas y costosas bicicletas, con las consiguientes imposiciones en materia de política económica. La "más peor" es que el blindaje falle y, como en Argentina, tengamos un agravamiento de la crisis con costos muy aumentados.
La difícil búsqueda de salidas se complica cuando la cuestión se plantea como una opción excluyente entre el ajuste y la reactivación, o entre la concesión de ayudas a los bancos o al muy mayoritario conjunto de los desocupados, trabajadores, jubilados, productores y comerciantes.
La disyuntiva real no está planteada en esos términos, por la sencilla razón de que el déficit fiscal y la delicada situación del sistema financiero son problemas ineludibles, cuya permanencia no sólo amenaza al conjunto de la sociedad (por ejemplo, a todos los que dependen de desembolsos del Estado, de pagos con intermediación de los bancos o de los préstamos que éstos les concedan), sino que también complica en grado sumo cualquier programa de reactivación o de combate a la pobreza, que exigiría por supuesto inversión estatal.
En un escenario dinámico de problemas crecientes (según los datos disponibles, y mucho más si fueran ciertos por lo menos parte de los rumores que circulan), los estímulos y asistencias imaginables hoy pueden volverse inviables mañana. Hablamos de un país, el nuestro, en el cual el cierre de la fábrica de un solo gran contribuyente puede precipitar la catástrofe.
¿Y mañana? Puede aceptarse que la base de la crisis está en el sistema productivo, pero es insoslayable que su expresión financiera ha pasado a primer plano. Se acusa casi de traición a la patria a quienes mencionen que hay cada vez más retiros de depósitos bancarios, pero ya no son alarmistas de izquierda los que hablan de trote, por no decir corrida, sino que las propias y sacrosantas calificadoras internacionales de riesgo para las inversiones nos bajan la nota porque ese animal existe.
Si el ajuste es inevitable, las verdaderas preguntas parecen ser cómo repartir sus costos; si es posible crear en forma inmediata nuevas condiciones fiscales y de redistribución, que permitan paliar costos sociales de la crisis y destinar fondos a la tan mentada "reactivación productiva"; y cuál sería el modo más eficaz de aplicar, para eso, recursos muy escasos.
El presidente Jorge Batlle parece convencido de que las preguntas segunda y tercera no son pertinentes en este momento: una de las tesis fuertes de su discurso del domingo 12, con el cual anunció el nuevo ajuste, es que las prioridades son tapar el actual "agujero fiscal" y fortalecer al sistema financiero. Otra, reiterada con mucho énfasis en los días siguientes, es que los préstamos a los cuales podemos acceder si hacemos bien los deberes garantizan el fin de los problemas. De eso puede deducirse que lo demás vendría por añadidura, o sea que, como ha sostenido antes y muchas veces el gobierno, el orden de las cuentas públicas crearía condiciones suficientes para que la producción se reactive, o en todo caso que luego podría venir algún estímulo.
Que los nuevos créditos vayan a eliminar la zozobra es por lo menos muy discutible, no sólo por la ley de la bicicleta, sino también porque el temido ejemplo argentino mostró que no hay blindajes a prueba de crisis. Tanto da que el presidente se engañe o pretenda engañar a alguien con sus tajantes afirmaciones: el hecho es que la tan reclamada confianza no puede construirse sólo con el optimismo de la voluntad, y harían falta decisiones políticas ajenas muy firmes para asegurar que Uruguay se mantendrá a salvo, aparte de una firmeza interna que estamos muy lejos de ostentar.  

 
Clang, clang
Siempre es difícil calcular la magnitud de un caceroleo, pero observadores en muchos puntos de Montevideo coinciden en que el realizado desde las 20 horas del domingo 19 fue muy grande. La convocatoria a protestar de ese modo había partido del PIT-CNT, pero se puede sospechar que muchos la acompañaron sin que eso haya implicado conocer y aceptar la propuesta de la central sindical, que también había pedido apagar las luces, porque el estruendo fue bastante mayor que la oscuridad.
Las connotaciones de la medida han incomodado a unos cuantos ciudadanos que comprenden la voluntad de protestar. Unos asocian el método con la resistencia uruguaya a la dictadura, y alegan que no corresponde emplearlo contra un gobierno elegido en forma democrática. Otros piensan que así se acentúa una indeseable semejanza con el proceso argentino.
De hecho, las cacerolas son polisémicas. Las usó primero la derecha para protestar contra Allende, en alusión a que estaban vacías, y años después tomaron otros significados, sin dejar de constituir, en cualquier circunstancia, una de las formas más pacíficas de expresar descontento, sin duda menos costosa para el país que un paro.
En todo caso, el PIT-CNT se declaró en estado de alerta tras la aprobación en el Senado de la ley de estabilidad fiscal, y convocó a un nuevo caceroleo para hoy, viernes, a las 20 horas, a unos cincuenta metros de la residencia presidencial de Suárez. Esa medida será precedida de un paro general entre las 11 y la medianoche, con marcha hacia el Palacio Legislativo