Latinoamérica

Provocó daños a la economía nacional en su componente humano, aducen abogados
STELLA CALLONI CORESPONSAL

Buenos Aires, 17 de mayo. Anoop Singh, delegado del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue imputado en la causa que se sigue contra Pedro Pou, ex presidente del Banco Central, entre otros, por subversión económica y delitos conexos, en la que aparece la figura del genocidio, que la pobreza en el país está provocando.
La querella fue presentada por personajes como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, de las Madres Fundadoras de Plaza de Mayo, y el pastor José de Luca; es patrocinada por un grupo de abogados que encabezan Alberto Pedroncini y David Baigún, quienes también llevan el juicio contra los responsables de la Operación Cóndor en el Cono Sur. Los defensores hablaron a La Jornada sobre esta nueva iniciativa.
Se imputa a Singh por hechos cometidos en territorio argentino "como partícipe necesario de los delitos objeto de la presente investigación, y como autor del delito de coacción agravada en concurso con aquéllos". En esta causa se planteó el delito de genocidio bajo dos de las formas previstas en la ley como "graves daños físicos o mentales a miembros del grupo, y deliberada sujeción del grupo a condiciones de vida que puedan acarrear su destrucción total o parcial".
El delito de tortura fue planteado según el artículo primero de la convención respectiva a "Daños infligidos con un propósito de discriminación (en este caso, reducción sistemática a pobreza de miles de personas)".
Los abogados relacionan esto también con los capítulos relativos "al daño social, a tratos inhumanos y degradantes, y al delito de genocidio". Establecen que existe "concurso ideal entre los diversos delitos denunciados" y el de subversión económica, con pruebas sobre el daño provocado a la economía nacional en su componente humano.
La causa reseña además las ilegalidades de la deuda externa argentina, sosteniendo que "este proceso ha colocado al FMI, a los grandes bancos, y a las calificadoras de riesgo en condiciones de imponer ilícitamente sus decisiones, violentando la soberanía del Estado argentino y del derecho de libre determinación de su pueblo".
La querella muestra como ejemplo de "imposición ilícita" una presentación pública de Singh, el pasado 10 de abril, en la que comunicó al Estado argentino las bases de política fiscal, económico-financiera y legislativa que debe cumplir para obtener la asistencia del FMI.
"Se exige así al Estado nacional que modifique partes vitales de su legislación penal y comercial", expresa.
"Anoop Singh (...) actuó casi como un jefe de gabinete, manteniendo reuniones con actores políticos argentinos para inducirlos a apoyar sus recetas ultraortodoxas y conservadoras", señalan los abogados querellantes, cuya investigación reúne meticulosamente declaraciones de funcionarios del FMI y de Washington, instalando una severa presión sobre un país acorralado, para así establecer su responsabilidad en la situación de la nación.
La causa está en manos del juez Jorge Ballesteros, quien determinó en un juicio histórico que la deuda externa argentina había sido contraída en un contexto de graves irregularidades, y por lo tanto era "ilegal e inmoral".