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Latinoamérica

9 de mayo del 2002

Posibilidad de que acreedores cobren la deuda con tierras estratégicas como Patagonia

Denuncian en Argentina impunidad de banqueros y la comparan con la de militares represores

Stella Calloni, La Jornada
La revelación del subsecretario del Tesoro estadunidense, Peter Fisher, de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elabora un plan económico para Argentina, que insiste en que la profundización del libre mercado es la única solución a los problemas locales, recalentó aquí el ambiente político y social.
Especialmente después de escuchar las declaraciones del secretario de Estado estadunidense, Colin Powell, según las cuales Washington intenta ayudar a Argentina, pero advirtiendo al mismo tiempo que no alcanzará sólo con aplicar una reforma económica si ese país no trabaja sobre "la corrupción", precisamente cuando el propio FMI exige ahora la impunidad para los banqueros y otros responsables de diversos delitos, denunciados incluso por el Banco Central.
Ante esta situación, varios organismos humantarios, entre ellos Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, compararon la impunidad de la que gozan los militares culpables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina, con el pedido del FMI para garantizar la impunidad, "esta vez de los responsables del genocidio económico".
Llamaron entonces a los legisladores a que no avalen la "vergonzosa actitud de sumisión al FMI para obtener un préstamo que sólo servirá para pagar los intereses" de la deuda, y que en cambio cumplan con la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Una de las principales exigencias del FMI para desbloquear una partida de ayuda es la de eliminar la ley de subversión económica, en la cual se puede juzgar a los banqueros responsables de la partida de miles de millones de dólares, defraudando a los ahorristas.
La mayoría de los legisladores de todos los partidos están renuentes a derogar al menos totalmente esta ley, que permitiría dejar sin castigo a personajes como el banquero Carlos Rohm, vinculado con el ex presidente argentino Carlos Menem, o al ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Al parecer, los bloques mayoritarios del Congreso pretenden introducir reformas en las leyes exigidas por el FMI.
En este contexto, el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR, la mayor fuerza de oposición) de la provincia de Santa Fe, advirtió que no existe antecedente en el derecho internacional de que la ley de subversión económica sea fuente de "inseguridad jurídica" que aleje a los capitales y a los inversores, como señala el FMI.
Lo mismo señalan diversos analistas en el país, al mencionar "la doble moral" de pedir poner fin a la corrupción -como lo hace Powell- y a la vez impedir el castigo a los corruptos que hundieron al país y "buscan su desintegración".
Los analistas recuerdan que tanto el gobierno estadunidense como el propio FMI nunca hicieron nada ante la enorme corrupción durante los dos mandatos de su aliado Menem (1991-1999), a pesar de conocerse los escándalos de mafias y sobornos, como el caso de los contratos de la transnacional IBM con el argentino Banco Nación o los casos que involucraron al Citibank con las redes de lavado de dinero locales.
Por lo pronto, el presidente Eduardo Duhalde dijo este martes que las leyes se votarán "entre esta semana y la próxima", aunque consideró "inexplicable" que el estadunidense Fisher haya anunciado que Krueger elabora un plan económico para Argentina que tiene el apoyo del G-7, que agrupa a los países más desarrollados.
En el mismo contexto de ofensiva sobre Argentina, se ubica la encuesta que se denunció previamente en este periódico, hecha en el sur del país, en la cual se pregunta la opinión sobre la posibilidad de canjear deuda por territorios, entre ellos la Antártida y zonas de la extensa Patagonia. Al respecto, un ex dirigente peronista denunció hoy ante la justicia esa posibilidad de que algunos acreedores como Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial cobren la deuda con estratégicas y ricas regiones argentinas. La querella recordaría que con ese método es que Estados Unidos logró quitarle el territorio a México en el siglo XIX.
También como parte de esta ofensiva está la afirmación del vicepresidente estadunidense, Dick Cheney, sobre actividades "terroristas en Latinoamérica, en particular en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay". Durante una conferencia del Consejo de las Américas sobre "Nuevas realidades en el Hemisferio" que se divulgó aquí, Cheney mencionó "la necesitad" de la cooperación en temas como la "recolección de inteligencia, intercambio de datos, operaciones militares conjuntas y acciones para hacer cumplir la ley", en lo que marca el camino de retorno a las políticas de "seguridad" más oscuras de la región.
Curiosamente, el vicepresidente atribuyó los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la mutual judía AMIA (1994) a las organizaciones palestina Hamas y la libanesa Hezbollah, pese a que la investigación y el proceso aún continúan.
La Triple Frontera es ya un semillero de servicios de inteligencia, en una medida que para muchos especialistas busca "sembrar la idea del terrorismo" para justificar la presencia de tropas extranjeras.
En este contexto, el gobierno de Duhalde realizó una curiosa presentación en el juicio oral por los cruentos atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, al sostener que si Estados Unidos "esclarece los atentados de las Torres Gemelas", también se aclararán aquéllos, pues según su punto de vista están relacionados.
En tanto, aquí no cesan las protestas de ahorristas y aumenta el enojo de los argentinos cuando una reciente encuesta de Graciela Rommer y Asociados indicó que más de 75 por ciento de la población quiere un programa económico propio para el desarrollo nacional, aunque no siga los lineamientos del FMI. Y en el ámbito sindical, tanto la línea disidente de la Confederacion General del Trabajo (CGT) como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se aprestan a lanzar un paro general contra el gobierno y los 14 puntos aprobados para "agradar" al FMI, que para los trabajadores significan el final de Argentina como nación.